Alrededor de 200 familias aseguraron haber comprado lotes a ECA Bienes y Raíces, pero ahora enfrentan un conflicto por la propiedad de los predios y restricciones para ingresar a ellos.
Alrededor de 200 familias se manifestaron frente al Palacio Municipal este jueves 12 de noviembre para denunciar presuntos intentos de despojo de sus terrenos y amenazas de hombres armados para desalojarlos de predios que han pagado en la colonia La Encantada, Tijuana.
Los residentes señalaron que adquirieron decenas de lotes en 2023 a través de la inmobiliaria ECA Bienes y Raíces, cuyo representante, Efraín Casarrubias Arreguín, fue detenido en octubre por la Fiscalía General del Estado (FGE), señalado por el delito de despojo.
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Los predios se encuentran actualmente bajo aseguramiento de la autoridad estatal, en medio de un conflicto con Jorge Agustín Sandoval Guzmán, quien reclamó la propiedad de los terrenos, derivado de un litigio por prescripción.
María Aldana, una de las afectadas, explicó que lleva tres años pagando el terreno que adquirió de buena fe mediante un contrato con la empresa, aunque todavía no cuenta con un título de propiedad, como ocurre con la mayoría de los compradores que no han terminado de cubrir el costo de sus terrenos, valuados en 350 mil pesos.
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“Llevo alrededor de 200 mil pesos abonados; la mayoría casi ya termina de pagar los predios. con mensualidades de 8 mil pesos desde hace tres años, por medio de un contrato de buena fe”, explicó Aldana.
Otro de los denunciantes, Edson Paredes, relató que, en su caso, intentó colocar una cerca perimetral para impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad, lo que provocó que, al comenzar los trabajos, llegaran hombres armados, presuntamente pertenecientes a una empresa de seguridad privada contratada por Sandoval Guzmán, quienes los intimidaron para impedir que continuaran con las labores.
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Paredes aseguró que los sujetos no portaban identificaciones y que la situación requirió la intervención de la Policía Municipal, cuyos agentes aseguraron a uno de ellos para cuestionarlo sobre la portación de un arma de fuego.
El vecino agregó que, tras la llegada de Sandoval Guzmán, fueron colocadas cercas y letreros de “asegurado”, con sellos de la Fiscalía, además de que se restringió el acceso de los habitantes a sus terrenos. También señaló que se estableció un control en la entrada del fraccionamiento, donde se toman fotografías a los residentes y se condiciona el acceso a la entrega de datos personales y documentos de compraventa.
Ante la llegada del nuevo propietario, los residentes cuestionaron los pagos de los terrenos, pues señalaron que representantes del supuesto nuevo propietario les solicitaron información personal y documentación de sus contratos, además de exigirles que comenzaran a cubrir las mensualidades a través de su empresa.
Los afectados también cuestionaron que Sandoval Guzmán denunciara ante la autoridad que los terrenos habían sido despojados hacía seis meses, pues aseguraron que algunas familias llevan entre cuatro y cinco años viviendo en el lugar y han construido sus viviendas durante ese tiempo, por lo que consideraron contradictorio que los predios hayan sido reportados como baldíos.
A las dudas se suma que, según Paredes, cuando comenzaron a adquirir los terrenos consultaron la legalidad de la posesión de los lotes en el Registro Público de la Propiedad, donde presuntamente Casarrubias Arreguín aparecía como propietario original.
“Al momento en que nosotros quisimos presentar esto ante la Fiscalía, la Fiscalía no estaba tomando ninguna información ni ningún dato. Lo único que nos permitían era firmar para una demanda en contra del señor Efraín Casarrubias Arreguín, pero no estaban atendiendo nuestras demandas de despojo”, comentó sobre las presuntas irregularidades en la atención de sus denuncias.
Actualmente, decenas de los predios adquiridos por los manifestantes permanecen asegurados por la autoridad estatal, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía, así como de los gobiernos estatal y municipal, para esclarecer la situación jurídica de los terrenos y evitar que las familias sean desalojadas.
