Los Centros de Reinserción Social (CERESOs) de Baja California Sur son los peor evaluado del país, con una calificación de apenas 4.37 sobre 10, según datos revelados por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), colocando a la entidad en el último lugar de los 32 sistemas penitenciarios en las entidades federativas.
Sudcalifornia se encuentra en el Grupo “A”, centros que cuentan con una población de una a dos mil personas privadas de la libertad; se evaluaron los cuatro CERESOs (La Paz, San José del Cabo en Los Cabos, Ciudad Constitución en Comondú y Santa Rosalía en Mulegé) y se registró una población total de 1,346 internos.
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El peor calificado de las prisiones del estado, es el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo, el cual alcanza apenas una calificación de 3.92 de 10; le sigue Ciudad Constitución con 4.16; y un empate entre La Paz y Santa Rosalía con 4.69 puntos. Ninguno pasó la evaluación, por lo que se encuentran en estatus de semáforo rojo.
Los cuatro centros penitenciarios del estado sufrieron un revés histórico y reprobaron de forma unánime, exhibiendo una grave crisis estructural en materia de gobernabilidad, derechos humanos, condiciones de internamiento y la preocupante presencia de actividades ingobernabilidad o control ajeno a la autoridad.
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La evaluación y el diagnóstico desarrollado por la CNDH mide cinco aspectos importantes: garantía de Integración de las personas privadas de la libertad, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas; en todas reprobó Baja California Sur y la tendencia es que sigan en decadencia.
Los CERESOs de Comondú (Ciudad Constitución) y Mulegé (Santa Rosalía) están casi al 100 por ciento de su capacidad; el primero cuenta con una población de 151 hombres y 0 mujeres de una ocupación máxima de 153, es decir, está a 98.7 por ciento de su capacidad; Santa Rosalía cuenta con 124 internos de 149, está al 83.2% de su ocupación.
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La Paz cuenta con un aforo máximo de 658 hombres y 56 mujeres; actualmente hay 561 hombres y 42 mujeres privadas de su libertad, lo que define que tiene un 84.45 por ciento de espacios ocupados. En cambio en San José del Cabo, la capacidad es aún holgada: de una población máxima de 842, hay sólo 421 lugares ocupados, es decir, el 50 por ciento está disponible.
Pese a la evaluación de la CNDH, y que las deficientes condiciones sanitarias y de falta de atención, la autoridad estatal defendió el que cuentan con buena atención médica.
“En los CERESOs tenemos los medicamentos suficientes, tenemos a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, siempre nos apoya con los medicamentos, se da el tratamiento conducente”, adelantó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Alfredo Cancino Vicente.
En cuanto a los hallazgos en cada uno de los penales estatales, se pudo definir que hay una falla generalizada en los siguientes aspectos:
* Deficiencias materiales y de espacios: Insuficiencia y deficiente mantenimiento en las instalaciones destinadas al alojamiento de las personas privadas de la libertad, lo que impacta directamente en las condiciones de higiene y habitabilidad.
* Seguridad y gobernabilidad comprometida: Señala recurrentemente áreas de oportunidad críticas vinculadas a la falta de personal de seguridad y custodia suficiente, así como la presencia de condiciones que propician el autogobierno y cobros indebidos (extorsiones o privilegios).
* Ausencia de programas efectivos para la reinserción: Falta de vinculación real entre las actividades laborales, educativas, de capacitación y el deporte con un plan integral que evite la reincidencia delictiva.
* Atención médica y farmacológica limitada: Carencias en los servicios de salud al interior de los centros, escasez de medicamentos básicos y deficiente atención especializada para grupos con requerimientos específicos.
“Hace cuatro años empezábamos con un tema de saturación; se construyeron literas, se han hecho otras celdas y afortunadamente no tenemos ningún tema de saturación. El CERESO que más tiene es el de Constitución, que tiene el 89 por ciento, y de ahí para abajo”, aseguró el secretario de Seguridad recientemente.
El sistema carcelario fue calificado como deficiente en integridad física/moral y condiciones de estancia (higiene e instalaciones), insuficiente en reinserción social y desatendido en la atención a grupos vulnerables. Además, la gobernabilidad se encuentra en nivel “crítico y urge presencia” debido a la falta de control de la autoridad, además del registro de extorsiones y autogobierno.
Al menos en los centros penitenciarios de La Paz, Los Cabos y Mulegé, se tiene conocimiento de la presencia de actividades ilícitas, y esto se debe a la deficiente presencia de elementos de custodia (falta de personal). Ante ello, el secretario de Seguridad Pública Estatal dijo que se ha buscado la profesionalización de más elementos y mejoras salariales.
“La creación de la unidad de seguridad social para la Policía Estatal Preventiva y la Policía Penitenciaria, la existencia de una comisaría en cada uno de los municipios de nuestro estado. El incremento del parque vehicular, la consolidación del servicio profesional de carrera policial en la Policía Estatal y Penitenciaria, la otorgación de bonos de riesgo al 100 por ciento de los policías de acuerdo a las funciones asignadas. Aumento del salario anual y que al término de la administración estará homologado al estudio socioeconómico del sistema nacional de seguridad pública”, sostuvo Cancino.
Y es que actualmente, según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, hay 290 elementos de Prevención y Reinserción Social; de ellos, sólo el 76 por ciento cuenta con una evaluación de control y confianza vigente, mientras el tres por ciento ya está reprobado de entrada y debe sacarse de los centros penitenciarios, lo que quiere decir que hay por lo menos nueve elementos trabajando y que no son confiables, y esto lo sabe el Gobierno de Baja California Sur.
DETERIORO, DESCUIDO Y NEGLIGENCIA GUBERNAMENTAL
El panorama actual de los Centros de Reinserción Social de la entidad contrasta drásticamente con los indicadores registrados en años anteriores. Por ejemplo, en el diagnóstico correspondiente a 2023, Baja California Sur presumía una calificación estatal de 7.28 puntos, ubicándose en posiciones competitivas a nivel nacional.
Lo que muestra un deterioro del 40 por ciento, siendo una pérdida de 2.91 puntos en la en la evaluación general del sistema penitenciario estatal frente al estándar que ostentaba la entidad en 2023.
“Yo tengo a uno de mis hijos internado, sin sentencia, y sí hemos visto un deterioro en su persona; él está por un supuesto fraude que no han podido definir quién es el responsable, de ser contador ahora está junto a delincuentes, criminales que son capaces de arrancar una vida sin remordimiento. Ahora sí que si una persona no es un criminal de cuidado ahí lo transforman; él me dice que debe aparentar para no ser golpeado en el interior, de no pasar abusos. Es muy lamentable lo que ocurre ahí dentro, todo está bajo control de ciertos internos, no hay autoridad adentro”, aseguró Luz María “N”, madre de un joven privado de la libertad.
Su hijo de más de 30 años se encuentra recluido en La Paz, privado de la libertad por un fraude inmobiliario en el que —según la madre— su hijo prestó una firma, pero debe convivir con extorsionadores, ladrones violentos, narcomenudistas y hasta homicidas, lo que muestra una descomposición de la población penitenciaria.
En 2023 los penales mantenían calificaciones superiores (Santa Rosalía 7.65, Constitución 7.31, La Paz 7.28 y San José del Cabo 6.87). No obstante, el DNSP 2025 evidenció un profundo deterioro en las condiciones de las personas privadas de la libertad, debido a la falta de custodios, deficiencias médicas, escasez de programas contra adicciones y un grave debilitamiento del control institucional.
Las prisiones de la entidad registran un abandono generalizado. La evaluación estatal cayó por segundo año consecutivo, al descender 2.24 puntos en comparación con 2024 (cuando se obtuvo 6.61 puntos), reflejando una decadencia constante de 2023 a 2025.
QUEJAS EN CÁRCELES
Durante el 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió 29 recomendaciones por la violación a las garantías individuales en diferentes rubros, seis de las cuales son especialmente maltratos registrados en los centros de reinserción, dos al ubicado en La Paz y cuatro al CERESO de San José del Cabo.
Incomunicación en las celdas de aislamiento, el abuso de autoridad, las pésimas condiciones de las celdas y falta de insumos médicos, son algunas de las quejas, incluso abuso y acoso sexual.
Según la Recomendación 06-2025, la hija de un recluso de 67 años de la cárcel de La Paz, evidenció el día 25 de mayo del 2022, que a mediodía del 23 de mayo de ese año (dos días antes), su familiar le realizó una llamada y expuso la violencia por la que atravesaba por parte de un custodio del CERESO de La Paz.
“Le realizó una llamada para informarle que un custodio lo había golpeado, exponiéndole que lo arrodilló en su estancia (celda) y lo pateó en diversas ocasiones en sus costillas, diciéndole que era familiar de ‘Bianchi’. Bajo esa misma línea de exposición, la víctima recibió amenazas hacia su persona e integridad, correspondientes a ‘Si dices algo te va a ir peor’, en razón de que el agresor es personal custodio en servicio en dicho Centro Penitenciario, y en ese momento se encontraba de guardia”, se lee en la recomendación.
Casos como éste, se repiten, también del trato inhumano por la falta de condiciones médicas para la atención de personas con algún padecimiento.
Una de las personas privadas de la libertad en el CERESO de San José del Cabo, exhibió la falta de adecuación de las prisiones en Baja California Sur; el denunciante (de acuerdo con la Recomendación 11-2025) dijo que cuenta con diagnóstico de pancreatitis crónica agudizada, motivo por el cual requiere medicamentos y tratamientos para atender dicha situación de salud.
Sin embargo, el penal carece de una alimentación requerida para seguimiento a su padecimiento, y al acudir ante la autoridad penitenciaria le fue negada.
“Ante la necesidad alimenticia y de atención médica que conlleva el diagnóstico, el afectado se dirigió con el Director del Centro Penitenciario de San José del Cabo, exponiéndole sobre su situación en dicho Centro, obteniendo como respuesta: ‘¡Pues ve y pídeselos a los de Derechos Humanos, ellos seguro te los van a dar!’”, refiere la CEDH.
Pero también hay casos de abuso y acoso sexual, el 18 de mayo del 2024 en Centro de Reinserción Social de San José del Cabo, una persona privada de su libertad, que se describe como “miembro de la comunidad gay”, evidenció a un custodio que lo hizo posar en ropa interior (de mujer), y por fortuna fue visto por otro compañero.
La Recomendación 12-2025 confirma la versión; al finalizar “una obra de teatro en el área de visita familiar por ser el día de las madres, donde la persona promovente participó en una obra de teatro vestido como ‘colegiala’. El custodio se encontraba efectuando revisiones”, explica la víctima.
Refiere que al ser su turno en la revisión, se retiró los tenis y el oficial le encontró un “brillo” y le señaló que “esto no está permitido”, procediendo a colocar el objeto en la reja de la celda. En el escrito dirigido a la Comisión de Derechos Humanos apunta que el custodio le pide quitarse su “mallón”, procediendo a quitárselo. Enseguida, refirió haberse quedado en “bóxers”, sin embargo, dicho oficial le indicaba que se quitara esa ropa interior, a lo que la víctima indicó que no podía porque traía “calzones de mujer”, no obstante, el oficial le pidió que bajara su ropa interior a media pierna.
“La persona promovente relata que, al cuestionarle por ocultar su parte íntima debido a la ropa que vestía, el oficial le exigió quitarse los bóxers, quedando expuesto únicamente con ropa interior femenina mientras cubría sus partes. Posteriormente, ante un nuevo cuestionamiento sobre qué ocultaba, el agente le pidió quitarse dicha prenda; y cuando se disponía a hacerlo, lo empujó hacia un rincón. En ese momento, sus compañeros ingresaron a repartir la cena y lo observaron, mientras el oficial le manifestó que eso le pasaba ‘por ser homosexual’ y le comentó a uno de los compañeros que pasaban a repartir: ‘Se paga por ver’”, finalizó.
