Una juez federal reanudó este sábado 18 de julio de 2026, a las 9:39 horas, la audiencia inicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas señaladas como presuntos integrantes de una red dedicada al llamado huachicol fiscal. La diligencia se retomó tras un receso de poco más de cuatro horas, luego de que la sesión previa se prolongara hasta las 5:00 horas del mismo sábado.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Ruffo Appel los delitos de delincuencia organizada, ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando. Los dos primeros delitos contemplan prisión preventiva oficiosa, según la acusación presentada por la representación social.
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La audiencia continuó en el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano, donde la defensa y el Ministerio Público siguieron desahogando los datos de prueba presentados por la FGR. Fuentes allegadas al caso informaron que el volumen de pruebas expuestas por la representación social, así como diversos recesos decretados por la juzgadora, explicaron la extensión de la diligencia durante toda la madrugada.
La audiencia se programó desde las 13:00 horas del viernes 17 de julio de 2026 y, tras varios recesos, comenzó de manera virtual alrededor de las 22:00 horas del mismo día, más de 30 horas después de la captura del exmandatario estatal en Ensenada, Baja California.
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Además de Ruffo Appel, comparecen en la misma causa Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, su dependiente Luis Antonio Barrientos Juárez, y Armando III Riestra Fernández, este último ya recluido en el Penal del Altiplano por otra investigación relacionada con presunto contrabando de combustibles.
Según la imputación de la FGR, Ruffo Appel habría sido uno de los presuntos líderes de una organización que, entre 2019 y 2026, importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales solo una fracción del combustible realmente ingresado al país, con lo que presuntamente evadió el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
