La comunidad de la costa del Pacífico en Baja California Sur se ha activado ante un nuevo proyecto turístico de lujo que busca instalarse en la zona de San Cristóbal, en el municipio de Los Cabos. Se trata de Punta Nayu, promovido por el Fideicomiso Empresarial y de Administración con Derecho de Reversión Número 7952/2024, que pretende la construcción de mil 500 viviendas y dos mil 900 cuartos de hotel en un complejo en distintos predios.
Esta iniciativa ha despertado las alarmas de una comunidad que ha luchado por el cuidado del medio ambiente de la zona, así como la liberación de accesos a la playa en San Cristóbal, un movimiento que ha tomado años, sin resultados en concreto aún.
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Tras presiones, autoridades de los tres niveles de gobierno procedieron con la realización de una Consulta Pública, en donde la ciudadanía logró verter sus expresiones, inquietudes e inconformidades.
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EL PROYECTO Y LA INVERSIÓN
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) interpuesta ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Desarrollo Turístico Integral Punta Nayu conlleva un complejo turístico-residencial y hotelero en un área de 558 hectáreas en los predios de San Cristóbal y Santa Margarita, ubicado en el kilómetro 111 de la carretera La Paz – Los Cabos.
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Con una inversión de 116 millones 700 mil dólares y una vida útil de 50 años, contemplan la construcción de dos campos de golf de clase mundial de 18 y 9 hoyos, parques y áreas verdes de uso recreativo y conservación; conjuntos residenciales con casas, villas y departamentos; infraestructura hotelera y turística, así como ambiental; una desaladora y su propia subestación eléctrica.
También buscan construir un jardín botánico, centros deportivos, culturales y de protección al medio ambiente; una unidad comercial, equipamiento recreativo y partes, todo en tres etapas a lo largo de 25 años.
“El desarrollo contempla la creación de una comunidad interconectada mediante infraestructura vial orientada preferentemente a la movilidad peatonal, ciclovías y transporte con vehículos eléctricos ligeros, fomentando un esquema de movilidad sostenible y contacto directo con la naturaleza”, expone el resumen ejecutivo.
El promovente detalla que la infraestructura para este proyecto abarcará 288 hectáreas de las disponibles; el resto, que equivale al 48.25 por ciento de los predios, se destinará, presuntamente, para conservación ambiental.
De igual manera, precisan que tendrá la conformación de una zona de playa organizada, con jerarquía de servicios comunitarios y un acceso público desde la entrada principal al predio.
Este acceso cumplirá con los lineamientos del Reglamento y Protocolo de Playas Limpias y con los criterios de certificación Blue Flag, garantizando instalaciones y servicios de calidad para los visitantes, como sanitarios y regaderas, estacionamiento, servicios de salud y vigilancia, espacios de educación ambiental enfocados en la protección de fauna silvestre.
El promovente de Punta Nayu insiste en que el proyecto se concibe como un desarrollo urbano-turístico de bajo impacto, “orientado al aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales y del paisaje, tanto del predio como de su entorno regional”.
En cuanto a otros aspectos, los predios donde buscan construir este proyecto no están dentro del área de cobertura del Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos 2040 (PDU2040), esto con base en la publicación de dicho instrumento en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Argumentan que el PDU2040 indica que los predios se ubican en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) T-18, la cual está clasificada como apta para el desarrollo urbano de turismo de baja intensidad, estableciendo una regla de 10 cuartos por hectárea.
Con respecto a las justificaciones, los promoventes sostienen que buscan consolidar la oferta de servicios turísticos de Baja California Sur, además de aportar la generación de más de mil 200 empleos directos e indirectos en las etapas de construcción.
Asimismo, la iniciativa menciona que aseguraran accesos, estacionamiento, sanitario, regaderas y vigilancia en playa San Cristóbal, sin costo para usuarios, incluyendo la operación y mantenimiento.
Con respecto a impactos negativos, reconocen que Punta Nayu provocará pérdida parcial de vegetación natural, alteración temporal del suelo y modificación de microhábitats, así como la generación de residuos sólidos y emisiones temporales por maquinaria.
RECONOCEN IMPACTOS
En la consulta pública, estuvieron presentes asesores responsables y representantes del promovente el proyecto: Pablo Ayala Delgado, por parte de Banca Mifel (que es inversionista en el fideicomiso), y los consultores Jaime Bernal, Aurelio Ahumada Rivera, Patricia Martínez Vázquez y Alejandro Heredia Saucedo.
Presentaron la información ambiental del proyecto Punta Nayu, en qué consiste, sus componentes, qué condiciones ambientales existen en los predios y qué impactos se han identificado en la MIA y qué medidas se proponen para mitigarlos.
En un inicio, Patricia Martínez Vázquez intervino en defensa y representación del promovente, para señalar que no se niega que habrá afectaciones ambientales si se lleva a cabo Punta Nayu, sino que también se proponen medidas para mitigarlas.
“El proyecto reconoce desde un inicio que se ubica en un sitio con valores ambientales relevantes, vegetación de zonas áridas, fauna silvestre, escurrimientos intermitentes, zona costera, playa y zona de anidación de tortugas marinas”, dijo.
Argumentó que la evaluación ambiental presentada ante Semarnat no parte de negar estos elementos, sino de identificarlos, analizarlos y proponer medidas para que, en caso de ser autorizado, el proyecto se ejecute bajo criterios técnicos ambientales y normativos verificables.
LOS CABOS YA NO RESISTE: COMUNIDAD
Posteriormente la ciudadanía tuvo derecho a intervenir con expresiones, en las que resaltó que el municipio de Los Cabos llegó a un punto de estrés en el que la población ya no resiste más proyectos inmobiliarios.
Recalcaron que, aunque se necesita desarrollo, debe haber alternativas por parte de las autoridades para lograrlos, ya que no se puede abastecer las demandas en servicios a la ciudadanía y, aun así, se siguen autorizando iniciativas privadas que cargan la mano a las capacidades de los gobiernos para responder.
Una de las ciudadanas, que se identificó como Michelle Aguirre, mencionó que un proyecto deja de ser sustentable cuando un municipio no tiene posibilidad de responder a la demanda de agua, energía, vialidades, drenaje, tratamiento de aguas residuales, servicios públicos y manejo de residuos, ya que crecen más rápido de lo que las autoridades pueden fortalecerlos.
“Se habla de un proyecto 100 por ciento sustentable, un concepto que todos deseamos ver reflejado en nuestro municipio, sin embargo, más allá de las características individuales de un desarrollo, vale la pena hacer una reflexión sobre el contexto en el que se pretende construir”, dijo.
“El principal reto ya no debería ser atraer más inversiones; también es indispensable cuidar, modernizar y reestructurar las infraestructuras existentes para garantizar una mejor calidad de vida a quienes vivimos aquí”, agregó.
Manifestó que en este momento la población enfrenta problemas evidentes en movilidad, disponibilidad de agua, suministros eléctricos, manejo de residuos y una creciente presión sobre el ecosistema. A ello se suma un clima cada vez más extremo, y el impacto acumulado que genera seguir autorizando nuevos hoteles, desarrollos habitacionales y campos de golf sin que la infraestructura crezca al mismo ritmo.
“¿Cómo se justifica seguir autorizando mega proyectos cuando la oferta actual ya enfrenta dificultades para sostener la ocupación? No se trata de estar en contra de la inversión o del crecimiento; se trata de que exista congruencia entre la realidad del destino, la capacidad de los recursos y las decisiones que se toman para futuro”, cuestionó.
Asimismo, subrayó que permitir más construcciones, cuando existen retos importantes en infraestructura y una oferta turística que ya enfrenta una menor demanda, merece un análisis profundo y responsable.
“¿Estamos evaluando estos proyectos pensando en el bienestar de la comunidad y la sustentabilidad del municipio o únicamente desde la perspectiva del beneficio económico de algunos sectores?”, insistió.
“El desarrollo es necesario, pero debe ser responsable. El verdadero progreso no se mide por la cantidad de construcciones que se autoricen, sino por la capacidad de presentar los recursos, fortalecer las infraestructuras y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un municipio funcional, resiliente y con calidad de vida, que hoy no existe”, añadió.
La comunidad recalcó que durante las últimas tres décadas se ha visto cómo se transforma Los Cabos sin protección verdadera, ni garantías para las personas que habitan este municipio.
Por su parte, la delegada de la Semarnat en Baja California Sur, Cristina González Rubio Sanvicente, expresó que la participación ciudadana es de suma importancia y que garantizar ejercicios de esta índole es fundamental antes de tomar cualquier decisión.
“Para el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales y de su biodiversidad, se requiere de la suma de todos los sectores, del sector académico de la iniciativa privada y de los tres niveles de gobierno, y que ninguna decisión debe ser tomada sin escuchar las voces de todos y de todas, en particular de las comunidades donde se pretende desarrollar los diversos proyectos”, explicó.
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, ha reiterado que su postura ante cualquier proyecto turístico que busque instalarse en Baja California Sur, deberá pasar por todos los procedimientos jurídicos y técnicos para garantizar su viabilidad y que, se debe escuchar a la ciudadanía primero que nada, para verificar si estos pueden o no traer afectaciones negativas para la vida de las personas.
