La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso de otro exfuncionario del XIV Ayuntamiento de Los Cabos por el delito de abuso de autoridad por simulación.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin ha quedado sujeto a proceso por el caso de la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal y que, a pesar de no haber hecho ningún trámite, se le autorizó un pago millonario.
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Este es el tercer ex servidor público del Ayuntamiento de Los Cabos que queda vinculado a proceso por este caso.
El exalcalde y el extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs Castro y Martín Talamantes, fueron los primeros dos en quedar a disposición del Juez de Control por el delito de abuso de autoridad por simulación, previsto y sancionado por el artículo 276 del Código Penal de Baja California Sur.
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Por este motivo, el juez de Control determinó tres medidas cautelares mientras dure el proceso de juicio:
* La firma periódica de Alan Sotelo de manera quincenal ante la Coordinación de Servicios Previos a Juicio en la ciudad de La Paz.
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* La prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos.
* La prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos y/o los denunciantes, sin afectar el ejercicio de su defensa.
ZETA solicitó réplica al ex oficial mayor, a lo que respondió que considerará dar sus declaraciones sobre los señalamientos a su “debido tiempo”.
ANTECEDENTES
Como ZETA lo dio a conocer en su momento, la Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs por haber celebrado y firmado un contrato con una empresa de gestión de trámites financieros.
Esta compañía tenía la responsabilidad de fungir como un intermediario financiero para conseguir un crédito bancario, previamente autorizado por el Cabildo de Los Cabos, por un monto de 300 millones de pesos.
Sin embargo, la gestión y contratación del crédito simple a corto plazo para el Ayuntamiento de Los Cabos, nunca se llevó a cabo.
La Fiscalía Anticorrupción acusa que, a pesar de esta omisión, el ex oficial mayor autorizó al ex tesorero municipal que se pagara la cantidad de 14 millones 170 mil 560 pesos a dicha empresa financiera.
LEGGS LEVANTA LA MANO POR LA GUBERNATURA
Hasta el momento, ninguno de los involucrados en el caso ha respondido a los señalamientos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción; únicamente el exalcalde de Los Cabos se ha mantenido activo en redes sociales, con críticas en contra de administraciones municipales como la de su sucesor, el presidente municipal, Christian Agúndez Gómez.
Brevemente, Leggs Castro ha sostenido que las denuncias en su contra son parte de una persecución política y que sus abogados se encargan defensa legal ante las autoridades correspondientes; de igual manera, defiende su inocencia.
No obstante, antes de finalizar el 2025, Christian Agúndez y el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, confirmaron que se habían interpuesto alrededor de 30 denuncias por diversos delitos en contra de la administración de Óscar Leggs.
A pesar de estar vinculado a proceso y de las nuevas denuncias que son investigadas por la Fiscalía, el exalcalde recientemente manifestó su intención de contender para las elecciones en la entidad, como candidato de Morena a la gubernatura.
No obstante, dijo que de no ser él quien sea designado como candidato, su apoyo estará a favor del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Cota Cárdenas, o de la senadora de Morena, Lucía Trasviña.
“Y que sepan que he levantado la mano para dirigir Baja California Sur a partir del 2027, por supuesto que desde el Movimiento de Regeneración Nacional; pero que quede claro nuevamente: si no soy yo, vamos a apoyar con todo a Manuel Cota”, expresó.
“Si es mujer, por supuesto que no hay otra que pueda representar a los sudcalifornianos que nuestra senadora Lucía Trasviña, y párale de contar. Vámonos con todo, tope donde tope”, agregó.
Cabe recordar que otros perfiles que buscan la candidatura son la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez.
En su momento se solicitó juicio, comúnmente como conocido como desafuero, en contra de una actual diputada del Congreso del Estado y un subsecretario de Gobierno, determinando los diputados del Congreso del Estado la no procedencia del desafuero, por lo cual no puede continuar la Fiscalía Anticorrupción el ejercicio de la acción penal en contra de estos dos últimos servidores públicos.
FUNCIONARIOS CON FUERO
Dentro de las investigaciones y señalamientos por este caso, autoridades de la Fiscalía Anticorrupción han fijado la mirada en dos funcionarios que no han podido ser vinculados a proceso debido a que gozan de fuero constitucional: la diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres García, y el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Ariel Castro.
La corporación expone que están implicados debido a que Alondra Torres fungió como síndica municipal y Ariel Castro como secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, cuando se firmó la autorización de pago a la empresa financiera.
Sin embargo, en contraste con Martín Talamantes, Óscar Leggs Castro y Alan Sotelo, estos dos servidores públicos no han sido presentados ante el juez de Control, por lo que su proceso no ha iniciado formalmente.
Sobre esto, Lenin Ortiz Amao, apoyado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur, iniciaron un proceso de juicio de desafuero en contra de Alondra Torres y Ariel Castro.
Presentaron la solicitud ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado y se conformó una comisión especial, sin embargo, para abril de 2025 la petición de desafuero fue desechada en una sesión secreta con votos ocultos.
La diputada del PT, que en ese momento era presidenta de la mesa directiva, Arlene Moreno Maciel, sostuvo que la sesión estuvo apegada a la legalidad, respeto y congruencia del Poder Legislativo.
Argumentó que la sesión privada está estipulada en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y que se contaba con el quórum legal con la presencia de 17 diputados, no permitiendo la asistencia de la legisladora Alondra Torres, para que el Pleno pudiera emitir sus observaciones y votaciones de manera libre.
Sin embargo, desde noviembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo 27/21 para establecer que los diputados de los congresos locales no podrán realizar votaciones por cédula secreta.
La SCJN recalcó que, cuando la actividad parlamentaria se realiza sin transparencia, el Poder Legislativo deja de cumplir con su obligación de representar, pues pierde la necesaria conexión que debe de existir entre el Estado y la sociedad.
En sentido, el fiscal Anticorrupción reconoció que, por el bloqueo que impuso el Congreso del Estado con su decisión, no hay forma de proceder en contra de Alondra Torres y Ariel Castro, y lo único que queda es esperar que termine su encargo y no obtengan un nuevo puesto que les brinde la protección constitucional.
CIENTOS DE FUNCIONARIOS CON FUERO
Aunque esperar suena como la estrategia judicial ideal para que pierdan el fuero, la realidad es que en Baja California Sur adquirir esta protección es sencillo, según explican integrantes del Sistema Anticorrupción de la entidad.
Y es que no es necesario ser gobernador o diputado para gozar de la inmunidad ante investigaciones judiciales, ya que el fuero se le brinda a más de 250 servidores públicos, según ha detallado Sergio Villarreal, integrante del CPC del Sistema Anticorrupción.
Desde el titular del Poder Ejecutivo, pasando por legisladores, magistrados, jueces, directores generales, coordinadores, secretarios, alcaldes, regidores, síndicos, procuradores, subprocuradores, fiscales, integrantes del Consejo de la Judicatura, directores de área y hasta delegados municipales tienen la inmunidad.
A pesar de que han insistido en la eliminación del fuero, la reforma para desaparecerlo (que fue presentada por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto) sigue estancada en el Congreso del Estado.
Ha habido resistencia por parte de las bancadas de Morena, PVEM, Nueva Alianza y PT, que son aliados políticos y que acapararon 19 de los 21 curules de la XVII Legislatura del Congreso local.
Al ser una mayoría absoluta, las aprobaciones del Poder Legislativo se limitan a las decisiones que tomen estos grupos políticos.
Sergio Villarreal enfatizó que lo ideal es que no hubiera fuero para nadie, sin embargo, existe la posibilidad de que los diputados pudieran, por lo menos, reducir la cantidad de funcionarios que tienen esta figura.
Recalcó que el derecho a vivir libre de actos de corrupción es lo que impulsa la lucha para eliminar el fuero, que con el paso del tiempo se ha convertido en una autoprotección para estancar las investigaciones y beneficiar la impunidad.
