El nuevo espacio, otorgado en comodato por el Ayuntamiento de Rosarito, permitirá ampliar los servicios de la organización con atención integral, acompañamiento y apoyo psicológico a personas trans, incluidas migrantes.
Vecinos del fraccionamiento Misión del Mar I en Playas de Rosarito denunciaron la presunta imposición de nuevos representantes del comité de agua de la sección, tras concretarse la implementación de una toma de agua comunal después de dos décadas sin servicio.
Según indicaron los colonos, tras el reciente nombramiento del nuevo comité vecinal de agua, la conformación de dicho comité se llevó a cabo sin la consulta ni aprobación de los vecinos.
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En ese sentido, Marta Pérez, vecina de la zona, comentó que, tras haberse gestionado y concluido el proyecto de la mano de Alberto Alatorre, designado “Guardián del Agua” en la administración de Jesús García Castro, apoyo que tardaron años en conseguir, con el cambio de administración en la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT) dichos cargos fueron removidos tras la conformación de un comité a puerta cerrada, avalado por la dependencia y el ayuntamiento.
“Se hacen llamar nuevo comité. No convocaron y después, a puerta cerrada, hicieron un nuevo comité de la comisión del agua. El señor Alberto Alatorre tenía el título de guardián del agua, pero estas personas se asumieron como nuevo comité”, comentó una de las vecinas.
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En ese sentido, señalaron a la actual titular de la dependencia, Mónica Vega, y al ayuntamiento de Rosarito por permitir y reconocer a dichas personas sin un proceso democrático, pues indicaron que al menos el 80% de los vecinos no está conforme.
“Ellos presentan una hoja, un acta supuestamente constitutiva, y para el 13 de marzo la CESPT les sella un documento diciéndoles que ellos son el nuevo comité. No hemos tenido respuesta ni comunicación directa”, señalaron.
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Asimismo, señalaron que durante reuniones y conflictos relacionados con el comité, algunos vecinos han sido víctimas de agresiones verbales e insultos por parte de integrantes del grupo actual.
Por ello, las vecinas llamaron a las autoridades, pues indicaron que no piensan permitir una “injusticia” y solicitaron que se realice una elección abierta para definir a los representantes del comité.
Residentes también denunciaron inconformidad por los cobros relacionados con el proyecto de agua, al señalar que desde el inicio se estableció una cuota de 480 pesos mensuales para financiar la obra; sin embargo, indicaron que tras la conclusión del proyecto y la contratación directa con la CESPT, se les informó que los pagos continuarían.
Asimismo, señalaron que el comité continúa ofreciendo contratos para nuevas tomas de agua por más de 30 mil pesos, presuntamente para ampliar el servicio a otras zonas del fraccionamiento, situación que, dijeron, genera dudas entre los residentes sobre el manejo de los recursos.
“Le cobran como 100 pesos, pero en realidad recibe 40 o 20; ellos están agarrando el 60% de lo que les cobran. Entonces sí está lucrando. Ahora llegan estas personas y ya no piden, exigen”, señalaron como ejemplo.
Ante la situación en el fraccionamiento, algunos vecinos señalaron considerar la posibilidad de dejar sus propiedades debido al presunto acoso y agresiones verbales cometidas en su contra, pues indicaron que una parte significativa de la zona está habitada por personas adultas mayores.
“Me da miedo. Es miembro de ellos y sabe que estoy sola, que estoy grande y que no me puedo defender. Yo mejor me voy”, expresó Virginia Antón, de 80 años.
