Habitantes de Playas de Tijuana advirtieron de afectaciones ambientales por el desarrollo de los condominios y señalaron que el proyecto continúa pese a un proceso legal
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Vecinos de Playas de Tijuana se manifestaron la mañana de este sábado a un costado del Cañón Azteca, tras señalar el inicio de trabajos de movimiento de tierra en la zona.
La protesta se da en el contexto de una lucha de casi ocho años para frenar la construcción de un complejo habitacional en un predio ubicado dentro del cañón. El desarrollo Civantia, de Grupo Ruba y Grupo Musa, contempla la edificación de nueve edificios de 11 niveles, lo que, de acuerdo con integrantes del colectivo Defendamos Playas de Tijuana, implicaría afectaciones ambientales en la zona.
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De acuerdo con los residentes, el predio privado impacta alrededor de 3 mil 783 metros de la Cañada Azteca, cuya superficie total es de 51 mil metros.
Adriana Álvarez Andrade, bióloga con doctorado en química ambiental y residente de la zona, explicó las posibles afectaciones ecológicas, al tratarse de una cañada costera que ha sido intervenida.
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“La importancia ecológica de las cañadas es que cuando llueve arrastran sedimentos y alimentan la playa de arena. Cuando se emboveda, el agua ya no lleva sedimentos y llega con mayor velocidad, lo que genera erosión. Aquí ya canalizaron el escurrimiento y, aunque todavía se ve la cañada, ya hay un sistema que lleva el agua desde arriba, lo que a la larga provocará que la playa pierda arena en esta sección”, explicó Álvarez.
Sobre el estatus del área, sostuvo que se trata de una zona de conservación de acuerdo con instrumentos de planeación urbana.
“Si se consulta la carta urbana del IMPLAN, la cañada y la franja costera aparecen marcadas en verde como zona de conservación”, indicó la especialista.
Asimismo, Álvarez consideró que existen omisiones en la protección del espacio, pues existen presuntos intereses.
“Cuando hay intereses de por medio, dicen que no hay impacto, pero el crecimiento sin planeación está generando colonias que no fueron diseñadas para la demanda de servicios ni de tráfico”, expresó.
Como antecedente, en octubre pasado el director del IMPLAN, Miguel Ángel Mascareño López, refirió que el proyecto ingresó un estudio para determinar que el predio no se encuentra en zona de riesgo, y advirtió que la autorización no procedería si no se respeta el polígono original de la Cañada Azteca, conforme a la delimitación establecida en la carta urbana.
En cuanto a la situación jurídica, los vecinos señalaron que han promovido un amparo en 2021. De acuerdo con información publicada previamente por este medio, el proceso continúa en curso y el dictamen pericial, junto con otras pruebas, será valorado en la audiencia constitucional, donde un juez de distrito emitirá la sentencia definitiva.
También denunciaron la presunta modificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana (PDUCPT), la cual, afirman, permitiría regularizar proyectos de este tipo.
“Pensamos que este avance tiene que ver con la modificación del programa de desarrollo urbano. Aunque no se ha publicado, sabemos que se hizo para que proyectos como este sean legales. Con el plan vigente, lo que están haciendo es ilegal”, señalaron.
Los manifestantes señalaron que el desarrollo no contempla el impacto en la densidad poblacional ni en la infraestructura urbana, en una zona considerada de densidad media-baja.
“Están construyendo edificios de más pisos sin actualizar la infraestructura. No se ha modernizado el drenaje, el agua ni la electricidad. Tenemos apagones constantes; el 24 de diciembre hubo uno de más de 24 horas”, detallaron.
“Los desarrollos no deben autorizarse sin considerar cómo se va a adecuar el terreno a la demanda que implican. Se tienen que prever los impactos urbanos y ambientales antes de empezar cualquier obra”, agregaron.
Por su parte, Eduardo Pérez, también residente, señaló que no han recibido respuesta del gobierno municipal, en particular de Mascareño López, pese a las gestiones realizadas desde el año pasado.
“En noviembre se entrevistó al director del IMPLAN y dijo que revisaría el caso y vendría a la zona. Han pasado meses y no ha acudido”, comentó Pérez.
Indicó que, a pesar de haber enviado evidencia sobre el ingreso de maquinaria en un predio con obras presuntamente suspendidas por orden judicial, no han obtenido respuesta oficial.
“Cuando habla de gobernanza ciudadana, queremos verlo en hechos”, concluyó el residente.
La urbanizadora obtuvo autorización para desarrollar el fraccionamiento durante la administración municipal encabezada por Montserrat Caballero Ramírez (XXIV Ayuntamiento). El plan contempla un esquema de usos mixtos, con construcción de vivienda vertical, así como espacios comerciales, de servicios y recreativos, a ejecutarse por etapas.
Más recientemente, en febrero de 2025, autoridades del XXV Ayuntamiento otorgaron una prórroga de un año para continuar con trabajos relacionados con la urbanización del predio, específicamente en lo correspondiente al mantenimiento de obras pendientes.
