Policías incapacitados y viudas de agentes fueron agredidos por dos sujetos durante la manifestación realizada el 1 de abril en el Palacio Municipal de Tijuana, donde exigían el pago de pensiones y otros derechos laborales.
De acuerdo con los manifestantes, la agresión ocurrió cuando mantenían el cierre de accesos al edificio como medida de presión ante la falta de atención por parte de autoridades municipales, momento en que dos jóvenes ingresaron por la fuerza y golpearon al menos a cuatro personas, quienes resultaron lesionadas.
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Benjamín Hernández, policía incapacitado desde hace 17 años, señaló que él fue uno de los agredidos y que recibió aproximadamente diez golpes en el rostro entre puñetazos, codazos y cabezazos, lo que le provocó lesiones en la cara y en un brazo.
El manifestante no descartó la presunta responsabilidad de autoridades municipales en los hechos y señaló que, desde su perspectiva, los agresores pudieron haber sido enviados para provocar la violencia y desarticular la manifestación.
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“Llegaron dos jóvenes muy violentos y empezaron a golpear con puños, patadas y cabezazos. A un compañero policía que está ciego le quitaron su bastón. Los policías que estaban afuera se retiraron y no intervinieron. Después aparecieron policías comerciales, pero cuando la situación ya se había salido de control; durante la agresión no se vieron”, indicó.
El afectado agregó que, tras la detención de los agresores, él y otra persona lesionada fueron presionados por un mando policial de apellido Verduzco para no presentar cargos ante la Fiscalía.
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Señaló que posteriormente fue trasladado a la delegación Zona Centro, donde fue ingresado a barandillas, a pesar de ser víctima y denunciante, lugar donde aseguró que continuaron las intimidaciones para que desistiera de la denuncia, y donde además un juez calificador le ofreció dinero para otorgar el perdón a los detenidos.
“Me metieron a barandillas con los detenidos y me tuvieron como hora y media. Me estuvieron presionando para que desistiera de presentar cargos. Me dijeron que le bajara o que me iban a sembrar droga. El mando Verduzco fue quien me lo dijo. Incluso el juez calificador en dos ocasiones me ofreció dinero para que les diera el perdón”, relató.
Benjamín también denunció presuntas irregularidades en el seguimiento del caso dentro de la Fiscalía General del Estado. Afirmó que el expediente permaneció en la Unidad de Investigación con Detenidos y no fue turnado oportunamente a la Fiscalía de Zona Río para continuar con la investigación, situación de la que responsabilizó al titular de dicha unidad, César López Aguilar.
Según el denunciante, esta situación habría retrasado el proceso legal y derivó en que los agresores fueran liberados aproximadamente 24 horas después de su detención, el mismo día en que él ratificó su denuncia, y no al cumplirse las 48 horas que establece la ley para determinar la situación jurídica de los detenidos.
El afectado agregó que no recibió información sobre el avance del caso, no fue notificado sobre la liberación de los detenidos ni sobre si estos serían trasladados a la penitenciaría, por lo que consideró que el expediente fue bloqueado dentro de la Unidad de Investigación con Detenidos.
Arturo Zavala, representante de la Asociación de Policías Retirados de Tijuana, señaló que les resulta inusual la agresión, ya que anteriormente habían realizado manifestaciones en el mismo lugar sin que ocurrieran hechos violentos, por lo que no descartó que los agresores hayan sido enviados para provocar la confrontación.
“Nosotros hemos hecho muchas manifestaciones ahí y nunca había pasado que llegaran personas a agredirnos. Se nos hace raro y extraño que hayan sido civiles quienes llegaron directamente a golpearnos”, comentó.
Zavala agregó que, hasta el momento, no han tenido acercamiento con autoridades municipales tras las agresiones y las denuncias de intimidación. Sin embargo, adelantó que continuarán con las manifestaciones, ya que aseguran que aún existen adeudos y pendientes en materia de pensiones y derechos, pues, según indicó, solo tres de cincuenta viudas han sido registradas en Issstecali.
Los manifestantes señalaron que continuarán con las protestas y que analizan emprender acciones legales ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California por las presuntas amenazas e intimidaciones denunciadas, así como presentar quejas ante Sindicatura Municipal por el actuar de funcionarios públicos durante y después de los hechos.
