Organización tijuanense presidida por Francisco Castro Trenti exigió procedimiento administrativo contra consejeros del PJE
El Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. reprochó la publicación del Acuerdo relativo a la especialización profesional con la que habrán de contar quienes brinden “defensa técnica, representación legal o asesoría jurídica” en casos que involucren derechos de infantes y adolescentes.
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“Esta organización profesional se ha pronunciado por la reversión de tal determinación por ser anticonstitucional y por dificultar al justiciable el acceso a la justicia”, recalcó ese jueves 9 de abril el organismo con sede en Tijuana y presidido por el exdirector de Seguridad Pública de Tecate Francisco Castro Trenti.
El 30 de marzo la asociación civil ya había señalado que el Acuerdo General 07/2026, aprobado por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, “constituye una violación al libre ejercicio profesional”. En esa fecha precisó que semejante garantía está prevista en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La disposición Constitucional establece que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
Además, en aquella ocasión, el organismo argumentó que la determinación invadía competencias en razón de “ser la Dirección General de Profesiones del Gobierno Federal la entidad que regula el ejercicio profesional”.
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El Acuerdo General 07/2026 se publicó en el Boletín Judicial el 20 de marzo; en tanto que, en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de abril.
Este jueves 9 de abril la asociación civil deploró que el Acuerdo haya sido publicado en el POE aun cuando había sido objeto de rechazo. El 31 de marzo el Colegio de Abogados Constitucionalistas, presidido por Viviana Lozoya Rodríguez, denunció que semejante disposición violaba los derechos constitucionales de los litigantes lo mismo que tratados internacionales suscritos por México. El 1 de abril el Colegio de Abogados de Tijuana, presidido por David Avitia Beltrán, se pronunció contra la determinación de requerir “posgrado para poder litigar en materia familiar”.
En su pronunciamiento del día de hoy, el Emilio Rabasa A. C. igualmente propuso que los integrantes del Poder Judicial sean sometidos a “exámenes de control de confianza” y “que el Tribunal de Disciplina Judicial inicie de oficio un procedimiento administrativo sancionador en contra de quienes firmaron el citado acuerdo”.
El Acuerdo establece que la disposición de establecer los criterios para la acreditación profesional se formuló “en cumplimiento de los artículos 138, 666 y 800 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”; contempla “como estándar mínimo la especialidad en Derecho Familiar, o con denominación equivalente” y fue aprobado por el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, los magistrados Columba Imelda Amador Guillén, Nelson Alonso Kim Salas, los licenciados Celia Razo Velásquez, Francisco Javier Tenorio Andújar; todos ellos en calidad de miembros del Consejo de Administración del PJE.
