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jueves, abril 2, 2026
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A proceso a dos implicados en “cártel inmobiliario”; no convertir conflicto vecinal en delito grave, pide defensa

Permanecerán en prisión oficiosa y justificada Sandra y Miguel, dos de los seis implicados en el llamado “cártel inmobiliario”

El juez de control Maclovio Ernesto Soto Arroyo vinculó a proceso a Sandra Urbino Toro, alias Sandra Urbina Toro y a Miguel Ángel Toro, por presuntamente haber cometido despojo en número de 11, extorsión agravada y asociación delictuosa, en el llamado cártel inmobiliario, que habría despojado a Edificación y Servicios Industriales S.A. de C.V. de 51 inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, en Playas de Tijuana. (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 13, CNNP)

El juzgador también concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de seis meses para la investigación complementaria y determinó mantener en prisión preventiva oficiosa y justificada a ambos acusados, debido a que la extorsión es un delito que amerita prisión oficiosa conforme la más reciente reforma de la Ley en la materia. Mientras que, la prisión justificada se otorgó para resguardar la integridad de la víctima, quien denunció haber recibido amenazas en reiteradas ocasiones.

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La defensa había solicitado que fuera cambiada la medida cautelar a arraigo domiciliario al tratarse de personas de 64 y 70 años, respectivamente, con diversas enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, depresión, fibromialgia, entre otras; y que la prisión preventiva tendría que determinarse de forma extraordinaria.

Poco antes de que el juez diera por terminada la audiencia y tras habérsele preguntado si tenía dudas, Miguel expresó: “Tengo muchísimas dudas. Hay muchas cosas que no son ciertas”. Entonces el juez intervino asegurando que no era su pretensión coartar la expresión del coacusado, pero que debía proteger que no se auto incriminara, y le recordó que todo lo que fuera a declarar sería utilizado en su contra, por lo que antes de hacerlo tendría que consultarlo con sus abogados.

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“Lo que se resolvió ya no lo puedo modificar”, dijo el juzgador, para luego explicar que en todo caso será en otra instancia.

(En breve más información)

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Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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