El lunes 2 de marzo de 2026 se cerró una etapa en la historia de la delincuencia organizada -al menos simbólicamente- con el ritual fúnebre y destino final de los restos del narcotraficante Nemesio y/o Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lideró durante más de una década y media, continúa hacia una recomposición de sus sólidas estructuras bajo la tutela de miembros de la familia González Valencia, dueños de la marca criminal en el Occidente del país extendida a la mayor parte de las entidades federativas.
El Panteón Jardín Recinto de la Paz, en las inmediaciones de la Base Aérea Militar número 5 y de las sedes de la V Región y XV Zona Militar, en La Mojonera, municipio de Zapopan, fue el escenario que desafió la lógica de la seguridad nacional para darle sepultura al capo abatido el 22 de febrero anterior en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Entre música de banda, cientos de arreglos florales, lo mismo coronas que cruces, con rosas rojas y blancas, así como un despliegue operativo de fuerzas federales en el exterior del cementerio, fue despedido el michoacano originario de Naranjo de Chila.
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El funeral del líder criminal fue descrito como una escena que superó cualquier ficción cinematográfica. Tras ser entregado el cadáver del Mencho a sus familiares el sábado 28 de febrero, y trasladado al día siguiente desde la Ciudad de México hacia Guadalajara, la velación se registró en la modesta Funeraria La Paz, ubicada al oriente de la zona metropolitana tapatía, en cuyos alrededores se verificó un despliegue masivo de patrullas, unidades blindadas, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía local.
Desde el domingo hasta el lunes 2 de marzo, en que partió el cortejo fúnebre hacia la última morada, el arribo de los arreglos florales fue incesante, no así las visitas, pues fueron muy pocas personas las que estuvieron en la funeraria y el sepelio; entre ellas se observó a la hija menor del finado, Laisha Michelle Oseguera González. Uno de los decorados más llamativo fue el de un ave fénix realizado con rosas rojas, confundido por reporteros con la figura de un gallo, que en otros detalles ornamentales estuvo presente con las infaltables cuatro letras identificativas del grupo delictivo: CJNG.
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Decenas de unidades militares tanto del Ejército como de la Guardia Nacional resguardaron el panteón al momento de llevarse a cabo el entierro, que tampoco fue muy concurrido de personas, pero impresionante con el arribo de dos carrozas, varias grúas y camionetas que trasladaban toda la floristería que en su mayoría carecía de remitente. Aunque el cuerpo jamás fue mostrado públicamente, y en el imaginario social persisten dudas sobre la veracidad del fallecimiento de Oseguera Cervantes, la historia de la organización criminal no termina en una fosa, como ocurrió con tantas de sus víctimas.
Lo que para ciudadanos fue considerada como una humillación por el despliegue del aparato del Estado mexicano para dar cobertura al adiós a un narcotraficante, para el investigador académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Villarreal Palos, fue una acción necesaria, pues “había preocupación gubernamental porque no se fuera a desencadenar un conflicto mayor y, aunque parecía que estaban resguardando, digamos, el cadáver, en realidad creo que lo que estaban haciendo era resguardar la ciudadanía para que esto no se desbordara”.
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El decano periodista policiaco, Rodolfo Chávez Calderón, coincidió en la necesidad del operativo para prevenir cualquier agresión de algún otro grupo delictivo, pero consideró “anecdótico también, que lo cuidaron en vida, y lo cuidaron muerto, y lo acompañaron hasta su última morada. Entonces sí resulta curioso que la policía sea utilizada en ambos casos, digamos, de una forma clandestina, y de otra que fue, se puede decir, clarificada, legal, como quieran decirle; pero que resulta risible la verdad que se haya tenido que hacer esto”.
DUEÑOS DEL CJNG
En opinión de los mismos expertos, la estructura del CJNG se mantiene firme bajo los designios de la familia González Valencia, conocidos como Los Cuinis, quienes han sido desde el origen los verdaderos dueños de la “marca” y el soporte financiero de este imperio transnacional. A pesar del protagonismo del Mencho, los documentos oficiales subrayan que el cártel no habría alcanzado su poderío sin la alianza y el financiamiento de los michoacanos hermanos González Valencia, señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América como una de las organizaciones de narcotráfico más ricas y violentas del mundo.
La sucesión y el control operativo del cártel parecen recaer ahora con más fuerza que nunca en los integrantes de esta estirpe, quienes operan como el brazo financiero y estratégico, entre quienes se encuentra Rosalinda González Valencia, la viuda de Oseguera Cervantes y figura central en la toma de decisiones. A pesar de dos detenciones, como la de 2018 y su recaptura en 2021, bajo un fuerte operativo militar, su influencia persiste y el principal candidato al liderazgo del clan es su propio hijo: Juan Carlos Valencia González, alias el 03, el JP, el R3, hijastro del Mencho e hijo del también narcotraficante Armando Valencia Cornelio, el Maradona.
Rosalinda González, alias La Jefa, liberada por última ocasión el 27 de febrero de 2025 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil número 16, en Xochitepec, Morelos, bajo el beneficio penitenciario de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, cuenta con un estudio criminológico practicado el 4 de diciembre de 2024 en el referido penal federal, que establece para ella una “clasificación criminógena de habitual, nivel de agresividad medio y un estado de peligrosidad alto”, que refiere que su pronóstico de reincidencia es alta. Un estudio psicológico de la misma fecha refiere que la exreclusa “hace uso de la negación y la justificación para deslindar su responsabilidad en cualquier acto infractor; determina que su pronóstico de reintegración social es reservado”.
En tanto, Juan Carlos Valencia, el 03 o el JP, es descrito en diversas carpetas de investigación como el “comandante del grupo élite (Fuerzas Especiales Mencho o FEM) que opera en Guanajuato” por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene su origen y opera “en el territorio mexicano, así como en Estados Unidos, Asia, Oceanía y África, realizando actividades delictivas consistentes en homicidio, narcotráfico, tortura, lavado de dinero, robo de combustible y contrabando”. En Guanajuato el grupo élite tiene presencia en 25 municipios.
Cynthia Cuéllar, analista del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló en un informe incorporado a diversos procesos penales contra el CJNG que esta agrupación delictiva liderada por el ahora extinto Nemesio Oseguera Cervantes estaba conformada por 18 células, entre las que desatacan “las que constituyen el brazo armado y que les denominan ‘élite’, que opera en varios municipios del estado de Guanajuato, entre ellos Irapuato, y las Delta, que opera en el estado de Jalisco”. Además tiene células financieras o de lavado de dinero; cooperación política; logística y transporte de drogas y robo de hidrocarburos; y cooperación internacional.
Aunque joven, el JP o 03 se convirtió en uno de los hombres más relevantes de la organización criminal y desde 2007 las autoridades norteamericanas le pusieron en la mira de la justicia librándose una orden de aprehensión en su contra en la Corte Federal para el Distrito de Columbia bajo cargos de delitos contra la salud y conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas a los Estados Unidos. En México, fuentes policiales aseguran que Valencia González también se ha encargado de zonas de Michoacán, el Sur de Jalisco y mantener presencia en Baja California.
LOS CUINIS
Pese a la muerte del “Mencho” Oseguera Cervantes, la condena a cadena perpetua dictada en la Unión Americana a su hijo, Rubén Oseguera González, el Junior o el Menchito, y el encarcelamiento en ese país de los hermanos Abigael, José y Gerardo González Valencia, la fuerza de la numerosa familia persiste en la tenencia de los hilos conductores del CJNG: los hombres en las actividades de trasiego y colaboración, mientras que las mujeres se encargan de la parte empresarial, administrativa y contable.
Abigael González Valencia, el Cuini, remitido a los Estados Unidos en una de las tres entregas masivas del gobierno mexicano, enfrenta cargos por crimen organizado y tráfico de drogas; su legado y estructura operativa continúan vigentes. Se le vinculó incluso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para coordinar el envío de estupefacientes. Fue detenido en abril de 2016 en Puerto Vallarta, junto con otros miembros de la organización criminal, y estuvo preso en México en cárceles federales del Altiplano, Hermosillo y un reclusorio de la CDMX.
Gerardo González Valencia, el Lalo, actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para su importación a esa nación. Es recordado por métodos de tráfico tan inusuales como el uso de cadáveres de tiburones congelados para ocultar cocaína. Fue detenido en Montevideo, Uruguay, el 21 de abril de 2016, cuando autoridades de Interpol le dieron seguimiento a la visita que hizo a ese país su esposa Wendy Dalahity Arévalo. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el Lalo invirtió personalmente y coordinó envíos de varias toneladas de cocaína para su importación a ese país.
José González Valencia, el Chepa, se encuentra sentenciado a 30 años de prisión desde junio de 2025 en Estados Unidos, al resultar responsable de conspiración de tráfico de drogas. Se le imputó la capacidad de coordinar envíos de múltiples toneladas de cocaína mediante el uso de semisumergibles. Su capacidad operativa se extendió por países de Sudamérica, ocultándose en Bolivia en 2015, para finalmente ser detenido en 2017 durante sus vacaciones en Brasil. En México, el Chepa está señalado de haber participado en homicidios como el del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Álvarez Gallegos, el 9 de marzo de 2013.
Sus hermanos, Arnulfo y Ulises Jovani González Valencia, aunque cuentan con antecedentes penales por su detención en junio de 2018 en Jalisco y estuvieron presos en el penal de Puente Grande, sólo recibieron sentencias de cinco y seis años de prisión, respectivamente, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y posesión de armas de fuego, recuperando antes de ese tiempo su libertad. Ambos cuñados del Mencho fueron descritos por la FGR como operadores financieros y parte del primer nivel dentro del CJNG con presencia en Jalisco, Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.
Otro “Cuini” libre es Elvis González Valencia, detenido en enero de 2016, tras resultar herido por un disparo de arma de fuego en una pierna en la región de Los Altos de Jalisco. El hombre, que dijo tener su domicilio en Tepatitlán y en San Miguel el Alto, estuvo arraigado hasta por 40 días, y cuando fue remitido al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, un juez decretó su libertad. Elvis libró también una orden de aprehensión por delito electoral al haber obtenido una credencial de elector con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) al falso nombre de Alejandro Tapia Castro. Actualmente es perseguido por las autoridades federales.
En tribunales también desatacan los nombres de dos hermanas de Rosalinda, como son Berenisse y Marisa Ivette González Valencia, quienes forman el núcleo duro que ha blindado la marca CJNG contra los embates gubernamentales y están designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense. A Berenisse, la FGR le aseguró un inmueble en el fraccionamiento Virreyes, en Zapopan. Tanto ella como su fraterna, Marisa, interpusieron juicios de amparo en contra de posible congelamiento de cuentas bancarias y una eventual orden de aprehensión, actos reclamados que resultaron inexistentes.
TIJUANA
En Tijuana, aún se litigan dos propiedades de Jessica Johanna y Leisha Michelle Oseguera González, hijas de Nemesio Oseguera, el Mencho, inmuebles que fueron asegurados tras la captura de Abigael, el Cuini, en 2016. En años anteriores, tanto Johanna como su madre, Rosalinda González –en representación de Laisha Michelle que era menor de edad-, consiguieron el amparo y protección de la justicia federal en su intento por recuperar las fincas; sin embargo, los amparos fueron para efecto de que el Ministerio Público Federal purgara vicios en la carpeta de investigación y se volvió a decretar el aseguramiento.
Se trata del inmueble ubicado en calle Del Pedernal, manzana 93, lote 8, número oficial 1283, colonia Playas de Tijuana, Sección Jardines, código postal 22500, con clave catastral PT093008 del plano oficial en Tijuana. La otra propiedad se localiza en calle Encino, lote 27, manzana 11, número oficial 10723, colonia Jardines de Chapultepec, zona centro, Tijuana, Baja California. Ambos domicilios fueron asegurados ministerialmente el 13 de julio de 2017. Y en el caso de Laisha, la adquisición de la casa habitación tiene fecha del 16 de julio de 2013.
La Jueza Decimocuarto de Distrito de Baja California, Magali María Díaz Villarreal, concedió el amparo y protección de la justicia federal el 29 de febrero de 2024 para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Fiscalía General de la República, deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento del inmueble de Laisha Oseguera, así como sus consecuencias legales y emita otro sin tomar en cuenta las consideraciones que no guarden relación con la orden de aseguramiento del inmueble.
“En el entendido de que, en el supuesto de insistir que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita o utilizado para realizar actividades ilegales, deberá precisar los datos de prueba que justifiquen que la quejosa Laisha Michelle Oseguera González, efectivamente, recibió recursos de una organización criminal o que el inmueble fue utilizado como instrumento para operaciones delictivas”, detalló la resolución.
Actualmente el asunto se encuentra en el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, donde desde 2025 se conoce del recurso de revisión interpuesto por un fiscal federal.
