Una veintena de policías que fueron etiquetados como “privilegiados” en el 2016, por estar en un listado de ascensos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, ha provocado la pérdida en la cadena de mando y un desorden estructural en la actual corporación, afirman dirigentes policiales.
En la administración del ex alcalde priista, Gilberto Hirata Chico, se dio a conocer la existencia de una lista de beneficiados que podrían alcanzar un grado sin cumplir con los requisitos.
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Esto motivó a otro grupo de oficiales a promover un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mismo que sigue en proceso.
Algunos de los beneficiarios de Hirata se desempeñaban como escoltas y otros no contaban con licenciatura o título profesional, que son requisitos contemplados para determinados grados.
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La situación llevó a la Sindicatura Municipal a interponer denuncias penales en contra del exalcalde por abuso de autoridad, lo que llevó a un juez federal a determinar en noviembre del 2020 vincularlo a proceso en la carpeta judicial FED/BC/ENS/000490/2019:
“Por el otorgamiento de 96 ascensos a elementos policiales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California”.
Esta inconformidad masiva de agentes ha derivado en la paralización del procedimiento de ascensos, situación que se ha prolongado hasta 2026, con más de 300 elementos en espera de obtener un grado.
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Tras una década, el director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, dijo que es uno de los asuntos administrativos que había estado “enterrado” por otros gobiernos y consideró que en éste podrían solucionar el histórico conflicto.
“No se puede permitir que un grupo reducido impida el crecimiento profesional del resto de los elementos que durante los últimos 10 años no han tenido oportunidades de ascenso”, reclamó el titular.
Y, en caso de que los demandantes obtengan una resolución favorable en el Tribunal de Justicia Administrativa, dijo que el Ayuntamiento atenderá lo que corresponda conforme a derecho.
Reconoció que durante años los policías han señalado la falta de oportunidades de crecimiento dentro de la corporación. Explicó que pese a su esfuerzo, dedicación y preparación académica, no había avances en el escalafón jerárquico.
Respecto a los argumentos de administraciones pasadas, que señalaban la existencia de una demanda como impedimento para concursar plazas vacantes, Monrreal Noriega aseguró que “eso es una mentira; es un tema de voluntad”.
Indicó que se ha trabajado directamente con el órgano regulador federal y estatal, así como con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Estado, para obtener el aval que permita actualizar y ordenar la pirámide de grados, la cual no se ha modificado en más de 10 años y tiene más de 300 plazas que nunca fueron ocupadas formalmente.
Actualmente ya se cuenta con la reforma al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y están en espera del aval correspondiente para implementar, por única ocasión, la actualización de la pirámide de grados.
El proceso iniciará con los ascensos por antigüedad; posteriormente, se contempla que en agosto o septiembre se realice el primer concurso de ascensos. Este concurso estará respaldado por una institución educativa que garantizará la transparencia en la aplicación y evaluación de los exámenes.
El síndico procurador, Ely Oviedo, informó que debido a los antecedentes jurídicos heredados de administraciones anteriores, el tema se encuentra detenido.
“Hasta donde tenemos conocimiento, no hay resolución pendiente que obligue o impida actuar de inmediato”, sostuvo. La actual administración, agregó, “revisa el marco normativo, la estructura operativa y la viabilidad presupuestal para garantizar procesos legales, transparentes y responsables; hemos participado en mesas de trabajo con Seguridad Pública”.
OTROS EXIGEN SUELDO CAÍDOS POR DIEZ AÑOS DE GRADOS NO OTORGADOS
En noviembre de 2016 el ayuntamiento tenía 412 solicitudes de agentes que querían un mayor grado y sólo 82 vacantes, por lo que al aceptar a los 20 favorecidos el número de espacios quedaría reducido a 62 vacantes.
Hay otro grupo de los 82 agentes que están demandando el dinero que no se les ha pagado por los ascensos que, por reglamento, se debieron haber otorgado.
En total eran 102 agentes que, en ese entonces, esperaban ascender de rango. Con el paso de los años, algunos fallecieron y otros se pensionaron. La mayoría interpuso una demanda para que se les pagara conforme al rango que les correspondía.
De acuerdo con un estimado realizado por uno de los agentes que mantiene una demanda (por concepto de sueldos caídos, prima vacacional de dos periodos y aguinaldo), correspondería aproximadamente un millón de pesos a cada uno.
La mayoría de los agentes tienen como abogado a Jesús Jaime González Gundez, quien en esa misma administración se desempeñó como secretario General de Gobierno.
“SIN ASCENSOS SE PERDIÓ LA CADENA DE MANDO”: PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN POR LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL
Al no existir periodicidad en el proceso de ascensos, hay un impacto tanto en la operatividad como en la motivación del personal, afirmó Efraín Ávila Cruz, presidente de la Asociación por la Dignificación Policial.
En un inicio, alrededor de 102 policías reclamaban el ascenso de grado para ocupar uno de las 82 vacantes, y debido a un acto válido, dijo, en este momento hay más de 800 agentes que no pueden aspirar al grado.
El representante de policías señaló que la corporación enfrenta un rezago significativo en la cobertura de plazas vacantes, particularmente en los grados intermedios.
“Se perdió la cadena de mando. Hay plazas vacantes de Policías Terceros, menos Policías Segundos, y prácticamente no hay Policías Primeros ni Oficiales Primeros. Es necesario suplirlas”, subrayó.
Ávila Cruz explicó que la reestructuración debe realizarse con base en la antigüedad, pero también tomando en cuenta la preparación académica de los elementos.
Detalló que, conforme al reglamento, para ascender a Policía Segundo se requiere al menos educación media superior, mientras que a partir de ciertos grados se exige licenciatura o diplomado.
“Hay mucho personal preparado, con antigüedad, listo para ocupar esas vacantes. El reglamento establece los requisitos, pero también debe considerarse la experiencia. Ahí es cuando hay que poner mucha atención y ser muy cuidadoso, porque siempre habrá quien se inconforme”, advirtió.
Indicó que algunos intentos por cumplir únicamente con la jerarquización formal podrían dejar de lado criterios importantes como la trayectoria y la formación profesional.
“Entiendo que quieran cumplir con la jerarquía, pero también se debe valorar la antigüedad y la licenciatura. En mi caso, cuento con ambas”, expresó.
El dirigente mencionó que dentro de la carrera policial existen al menos 78 elementos que cumplen con los requisitos establecidos, sin embargo, el proceso se encuentra frenado debido a una demanda legal que, según dijo, fue mal encauzada jurídicamente y terminó por paralizar los ascensos.
Principalmente, la falta de jerarquías ha generado un impacto directo en el control operativo.
“Sin jerarquías no hay control; cada quien hace lo que quiere. Por cada tres capitanes debe haber nueve tenientes, y así sucesivamente en cada eslabón. Si se multiplica en toda la estructura, estamos hablando de más de 281 mandos necesarios para sostener correctamente la cadena de mando”, explicó.
Además del orden operativo, cada grado representa también un beneficio económico para el elemento que asume mayores responsabilidades.
“Cada jerarquía implica una mejora salarial acorde a las funciones y al personal bajo su mando. Todo eso, desgraciadamente, se perdió por la manera en que se manejó la demanda”, lamentó.
Finalmente, Ávila Cruz sostuvo que la reestructuración es urgente y viable, siempre que se inicien las convocatorias correspondientes y se ajusten a los reglamentos vigentes.
Aseguró que el tema de la antigüedad puede resolverse mediante acuerdos y negociación, con el objetivo de restablecer la cadena de mando y permitir que los elementos entren en funciones conforme a derecho.
