La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 17 de marzo de 2026 ante el Senado de la República una iniciativa de reforma electoral que mantiene la elección por voto popular de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para 2027, establece topes salariales para autoridades electorales e impone recortes presupuestales a congresos locales y municipios, sin modificar el financiamiento a los partidos políticos.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aclaró que la revocación de mandato podrá realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo sea solicitada por la ciudadanía y a criterio de los subsecuentes presidentes. “La revocación de mandato se establece que puede ser en el 2027 o en el 2028, y a criterio de los siguientes presidentes igual”, señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal.
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Respecto a la elección judicial, la mandataria nacional explicó que tomó la decisión de mantenerla en 2027 con el fin de aprovechar ese proceso y atender de forma simultánea diversas reformas. La iniciativa incorpora modificaciones para reducir el número de candidatos en las boletas y fortalecer la revisión de perfiles por parte de las comisiones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El 16 de marzo de 2026, fuentes partidistas habían señalado que la presidenta de la República analizaba posponer la elección de 850 juzgadores a junio de 2028.
La decisión se tomó en un contexto en que autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones civiles y académicos habían exigido aplazar esa fecha, ante la complejidad que representaba que el 6 de junio de 2027 coincidiera la votación judicial con la renovación de los 500 diputados federales. Ese mismo día se elegirán también 17 gubernaturas, 31 congresos locales —con excepción de Coahuila, cuya renovación está programada para 2026— y los ayuntamientos de 30 entidades, salvo los de Durango y Veracruz.
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En materia de gasto electoral, la propuesta establece que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus altos funcionarios, así como los integrantes de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales locales, no podrán percibir remuneraciones superiores a las de la presidenta de la República. Asimismo, se eliminan prestaciones adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos extra para esos funcionarios. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), puntualizó que la medida alcanza a los funcionarios de alto nivel de esa institución. “Se trata de poner un tope a las remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó.
Aunque Sheinbaum Pardo había planteado inicialmente someter a consulta ciudadana el financiamiento a los partidos políticos, la iniciativa no contempla ese mecanismo ni modifica sus prerrogativas. “Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, indicó la mandataria nacional.
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En materia de fiscalización partidista, la reforma obliga a los partidos a reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado. También permite que el INE suscriba convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el origen de los recursos de campaña. “El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, indicó Rodríguez Velázquez. Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable, el financiamiento proveniente del extranjero y las aportaciones en efectivo. La propuesta fija también un tope a los ingresos de los dirigentes partidistas equivalente a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
A nivel local, la iniciativa establece un límite presupuestal a los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad, con la condición de que quienes superen ese techo reduzcan su gasto y quienes estén por debajo no puedan incrementarlo en términos reales. Para los municipios, se plantea reducir el número de regidores a un rango de entre siete y 15, según el tamaño de la población, y limitar a una sindicatura por ayuntamiento. Los recursos derivados de esos ajustes deberán destinarse a obras de infraestructura pública. La propuesta contempla también una reducción progresiva del gasto en el Senado de la República de hasta el 15 por ciento.
En los procedimientos de conteo, se plantea que los cómputos de las elecciones federales y locales inicien al concluir la jornada electoral, con la llegada del primer paquete, y no días después. “En ese instante empieza el cómputo, que objetivo tiene evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días o tres días”, señaló la titular de la SEGOB.
Sheinbaum Pardo reiteró su postura respecto a la necesidad de reducir el gasto en procesos electorales y en partidos políticos, y adelantó que continuará impulsando la eliminación de la representación proporcional por la vía plurinominal, pese a que esa reforma constitucional no prosperó. “Como presidenta voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos, y en el tema de los plurinominales que hay que seguir insistiendo. Ya no se pudo esa reforma constitucional, pero no por eso uno puede dejar de decirlo”, afirmó.
