La iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum finalmente prosperó, con el pormenor de que la opción de celebrar consulta de revocación de mandato desde 2027 (año en que se llevarán a cabo elecciones ordinarias) no fue avalada en razón de una reserva de la senadora del Partido del Trabajo Lizeth Sánchez García.
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La primera versión de la iniciativa, relativa a 10 modificaciones medulares, fue rechazada el 11 de marzo en la Cámara de Diputados, donde no concentró la mayoría calificada, toda vez que numerosos legisladores de las fuerzas afines a Morena, a saber, PT y PVEM, votaron en contra.
El denominado Plan B, sometido a votación en el Senado el miércoles 25, apuntaba a cuatro cambios esenciales, entre estos, poder solicitar el proceso de revocación no sólo durante el cuarto año del período constitucional, sino en el tercero también.
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Sánchez García argumentó que de celebrarse la consulta en el curso del Proceso Electoral Ordinario (con elecciones el 6 de junio de 2027), habría “riesgo de distorsionar” el “sentido democrático” de ambos mecanismos.
El dictamen, para cuya aprobación igualmente se requería dos terceras partes de la votación, dio lugar a 87 votos a favor y 41 en contra.
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Habiendo quedado descartado el Artículo 35, la Reforma Electoral de Sheinbaum consiste en modificaciones a los Artículos 115, 116, 134, relativas a reducir el número de regidores, recortar el presupuesto a los congresos locales, disminuir el salario de autoridades electorales.
Previo a su discusión en el pleno del Senado, el Plan B se sometió a ajustes en términos de la proporción de regidurías. Inicialmente contemplaba un mínimo de 7 y un máximo de 15; en su nueva configuración apuntó a entre 1 y 15 regidores.
“Creo que es la primera vez que corrigen una iniciativa porque regularmente, así como la presenta la Presidencia, regularmente así se aprobaba”, refirió a ZETA el senador por Baja California José Máximo García López.
Reiteró su rechazo a la disposición de adelantar la posibilidad de solicitar la revocación de mandato.
“En el caso del expresidente López Obrador hubo una participación entre el 17 y 18%, costando muchísimos millones de pesos”, indicó.
De la iniciativa remitida al Senado, opinó que se trató de una propuesta “muy deficiente, con muchas fallas de técnica legislativa”.
