Por lo menos nueve Guardias Nacionales, y un señalado narcotraficante en las mesas de seguridad de Baja California, continúan en la impunidad civil, pues no han sido solicitadas órdenes de aprehensión en su contra, a pesar de una avanzadísima investigación que los ubica en la escena del crimen de un asalto a mano armada en un residencial de Tijuana.
El caso es tan preocupante como grave su comisión: dos unidades oficiales de la Guardia Nacional, ocupadas por sendos comandantes y soldados, con armamento oficial y su equipo táctico reglamentario, acompañados, o guiados por un conocido criminal organizado, Ulises Rayas Pérez, el Bóxer, del Cártel Arellano Félix, asaltan la residencia de una familia de médicos la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026.
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Con suma violencia, alertando a gritos que se trataba de la Policía Federal, el contingente de Guardias Nacionales y delincuente (Todos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, de acuerdo al Art.13, CNPP) derribaron la reja que protegía de extraños el hogar del médico cirujano, y, sin mediar orden de cateo o explicación alguna, procedieron a asaltar la casa, luego de sujetar al doctor, y que su esposa, también médico, corriera hacia el balcón de la propiedad para solicitar auxilio.
Aunque primero se reflexionó que podrían tratarse de asaltantes “disfrazados” de Guardias Nacionales, después se confirmó que no: que efectivamente se trataba de elementos de la Guardia Nacional, y de por lo menos tres civiles más, uno de ellos identificado como el Bóxer.
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Los agentes federales hicieron su investigación, para la cual contaron con la colaboración de la Guardia Nacional en la ciudad, y determinaron, siguiendo los aparatos georreferenciales que suelen traer las unidades de la GN, así como el uso de imágenes de video captadas por las cámaras de seguridad que están instaladas por toda la ciudad, que, de hecho, una vez cometido el asalto (que aparte quedó grabado en las cámaras de seguridad fuera y dentro de la residencia de los médicos), los oficiales de la corporación creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dirigieron a los lugares a los cuales están asignados para mejor estrategia de protección de la ciudadanía, como si nada ilícito hubiesen hecho.
La misma investigación determinó, además, que quienes participaron en el asalto a mano armada y sirviendo a la Nación, que se trasladaban en dos unidades oficiales, una pick up Chevrolet Silverado con número 30995 destacamentados en San Antonio de los Buenos, y otra Chevrolet Silverado con número 30980 adscrita al subsector de Playas de Tijuana, fueron (Y otra vez, se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, de acuerdo al Art.13, CNPP):
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* Teniente Víctor Ramírez Mora.
* Soldado GN Erick Licona Avendaño.
* Soldado GN Jesús Damián González.
* Cabo GN José Rivera Sánchez.
* GN Kevin Barajas Raudales.
* GN Carlos Martínez Cerino.
* Cabo Juan Manuel Jiménez Vega.
* Soldados GN Eduardo Gómez Sandoval.
* Soldado GN Ernesto Osorio López.
Además, entre los civiles, los investigadores identificaron a Ulises Rayas Pérez, el Bóxer, uno de los objetivos prioritarios en Baja California, considerado generador de violencia en las mesas de seguridad por su participación activa y operativa en el Cártel de los Arellano Félix, y quien, de hecho, ya había sido detenido cuando, según su propia declaración, llevaba bastante efectivo para entregarlo a “uno de la Guardia Nacional”.
Total, que a más de un mes de sucedidos los graves hechos, el asalto en nombre de la autoridad y del narco a la casa de dos profesionales de la salud en Tijuana, la Fiscalía General de la República de Baja California, a cargo de Teófila González Lozada, no ha solicitado las órdenes de aprehensión contra los nueve Guardias Nacionales y el conocido integrante del Cártel Arellano Félix. Esto se pudo conocer de manera extraoficial porque, desde la llegada de la fiscal González, no ha habido comunicación abierta con prensa o sociedad, mucho menos informes públicos sobre el caso que fue tan notorio y relevante por el origen de los asaltantes, a inicios de febrero de este año.
A pesar del testimonio del doctor víctima (“Se metieron a nuestra casa en unas camionetas tipo de la Guardia Nacional, se metieron a asaltarnos, a robarnos; no hay ningún tipo de problema legal nuestro, no tenemos problemas, somos médicos. No traían orden de cateo, no había ningún tipo de verdadero motivo para meterse, lo único que gritaron es que eran policía federal, que no tiene sentido, y pues a mí me golpearon, me amagaron; mi esposa logró asomarse al balcón y gritar, y gracias a Dios estamos bien”), o del seguimiento de los GPS, o de las cámaras de vigilancia, o de la colaboración de la propia Guardia Nacional para identificar a los ocupantes de las dos unidades oficiales, y ponerlos a resguardo, no se han solicitado órdenes de aprehensión por parte de la autoridad civil.
Lo que sí sucedió, y así fue confirmado al Semanario ZETA, es que, en el Ejército Mexicano, en Tribunales Militares, algunos de los mencionados y participantes fueron vinculados a proceso y enviados a una prisión militar de las tres que existen en el País en Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa. Pero no a la totalidad de los mencionados en la carpeta de investigación de la FGR.
Se desconocen los delitos militares que les fincaron a los Guardias Nacionales detenidos en el Tribunal Militar y que permanecen privados de su libertad en una prisión también de la milicia. Como tampoco se sabe cuál es la razón para que la FGRBC no haya solicitado las órdenes de aprehensión, con lo que el caso, al menos en el ámbito civil, permanece en la impunidad… ya de manera tradicional y clásica en este sistema.
Mientras en tribunales militares, aun cuando selectivos, fueron expeditos con la justicia, en la FGR siguen pensando si actúan o no, cómo y cuándo. A ver si algún día informan para certeza de la sociedad, que está no sólo a merced de los criminales con charola, sino de una procuración de justicia opaca, lenta e incapaz.
