No proporcionar documentación completa del arrendamiento de vehículos y la ejecución de obras, ni aportar pruebas respecto su calidad y contratar a empresas de reciente creación, son algunas de las irregularidades detectadas en seis municipios de Baja California en el tercer informe de la Cuenta Pública 2024, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Irregularidades por las que los municipios tendrán que aclarar un monto de 455 millones 92 mil 620 pesos, que representa prácticamente 80% del recurso federal observado a Baja California. Las inconsistencias en el gasto de los recursos federales ponen en la mira a los hoy ex alcaldes morenistas Norma Bustamante, Armando Ayala, Araceli Brown y Darío Benítez, quienes el año pasado buscaron ser reelectos u obtener un nuevo cargo público.
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En total, el máximo órgano fiscalizador observó a Baja California 569 millones 192 mil pesos en la Cuenta Pública 2024; la cifra más cuantiosa de los últimos dos años.
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MEXICALI LIDERA RECURSOS POR RECUPERAR
El tercer informe de la Cuenta Pública 2024 exhibe al Ayuntamiento de Mexicali como el municipio con la mayor cantidad de recursos federales por recuperar (157.6 millones de pesos) Seguido de Ensenada, con 120.2 millones; San Felipe, con 91.4 millones; Rosarito, 64.3 millones; Tecate, 13.7 millones y San Quintín, 7.5 millones de pesos.
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Los 157 millones 687 mil 116.38 pesos pendientes por aclarar en el último año del trienio pasado de Norma Bustamante, equivalen al 64.7% de la muestra auditada al municipio. La ASF señaló los contratos 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-20-23 y 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-05-24, suscritos con la empresa Integra Arrenda S.A. de C.V., por la renta de patrullas, por 16.3 y 97.4 millones, respectivamente, por no haber presentado bitácoras de recorrido que comprueben la operación de los vehículos.
Para los contratos 01-AYTOMXL-OM-ADQ-17-24 y 01-AYTOMXL-OM-ADQ-09-24, establecidos con Capital Rent, S.A. de C.V., para la renta de vehículos tipo canastilla por 3.1 millones y de camiones de recolección de basura por 20.1 millones, la ASF indicó en el primer caso que “el reporte fotográfico es insuficiente al no mostrar los números de serie”, y en el segundo, el reporte fotográfico “no acreditó la operación de los camiones”.
En el contrato IS-MXL-PRON-048-2024T-PRON24-015, para la rehabilitación de la losa de concreto del túnel del distribuidor vial Lázaro Cárdenas por 4 mdp; la ASF señaló que el Ayuntamiento no proporcionó el reporte fotográfico georreferenciado que acredite la ubicación exacta de los trabajos y las pruebas de laboratorio, lo que impidió “validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas”.
En cuanto a los contratos LP-MXL-FAISUN-009-2024T-FAISUM24-001, por 4.2 mdp, LP-MXL-FASIUN-011-2024T-FAISUN-24-004, por 3.8 mdp, LP-MXL-FAISUN-029-2024T-FAISUN24-016, por 4.1 mdp, y LP-MXL-PRON/FAISUN-020-2024TPRON/FAISUN-009-2024-5, por 4.0 mdp relativos a construcción de alumbrado público en la calle Gabriel Leyva del Ejido Sinaloa, en la calzada Continente Europeo, y en la colonia Hidalgo, el señalamiento radicó en que las pruebas de laboratorio presentadas “resultan insuficientes al no abarcar todos los conceptos contratados”; por lo que no se demostró la correcta ejecución de las obras ni que se encuentran en correcto funcionamiento.
Al gobierno de Armando Ayala Robles, la ASF, le fincó un monto por aclarar de 120 millones 290 mil 946.5 pesos, que equivalen al total de recursos revisados. “El municipio de Ensenada no proporcionó los registros contables y presupuestales, ni la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones” hechas con recursos del FORTAMUN y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), destacó el máximo órgano fiscalizador del país.
El mayor monto por recuperar (94.8 mdp) lo concentra la concesión del servicio de alumbrado público; pues, la administración del hoy senador morenista no proporcionó el expediente ni la evidencia de entregables del servicio.
En el contrato IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2024-DRE-04, para construir drenaje en colonia Gaytán y la Zona El Salitral, con la empresa Constructora Norawa S. de R.L. de C.V. por 13.8 millones, la ASF observó que la empresa es de “reciente creación”. Dicha compañía fue constituida el 14 de marzo de 2023 (15 meses antes de que le fuera asignada la obra) por el actual presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) Ensenada, Noé Jacobo Bustillos Salar.
Llama la atención que Bustillos Salar ya había incumplido un contrato en 2020 (P-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2020-URB-03) para construir un puente peatonal en El Sauzal, también pagado con recursos federales.
En este tercer informe de la ASF también se observaron los contratos IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2024-URB-36, y IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2024-DRE-03, relativos a la construcción de red de alumbrado en carretera Chapultepec-Maneadero y del drenaje sanitario en Lomas de San Fernando, firmados por dos personas físicas, por 8 millones y 2.7 millones, respectivamente, en los que el Ayuntamiento tampoco proporcionó acta de entrega-recepción, acta de finiquito y bitácoras, por lo que no acreditó la formal recepción, ni la correcta ejecución de las obras.
Al entonces consejo fundacional de San Felipe, presidido por José Luis Dagnino López, la ASF le determinó un monto por aclarar de 91 millones 452 mil 707 pesos (equivalentes al 82.9% de la muestra auditada) ya que no proporcionó los registros contables y presupuestarios ni la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con los recursos de las participaciones federales, “por lo que se desconoce el destino del gasto”.
En la Cuenta Pública 2024 (último año de la gestión de Araceli Brown) en Playas de Rosarito se le determinó un monto por aclarar de 64 millones 316 mil 051.29 pesos, que representan 80.9% de la muestra auditada.
El Ayuntamiento no aportó las pruebas de laboratorio que demostraran la calidad de las obras en los contratos PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05, suscrito con Construcciones del Pacífico AYC de R.L. de C.V., por 26.2 millones; PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-03, con Pavimentos y Urbanizaciones del Pacífico S.A. de C.V, por 14.4 mdp; PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01, suscrito con Alfa Construcciones Urbanas, por 3.6 mdp; y PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-06, firmado con una empresa física por 5.8 millones, para la pavimentación con concreto hidráulico de diversas calles en las colonias Constitución, Lucio Blanco, La Mina y Ampliación Reforma.
Igualmente, en el contrato PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-09, suscrito con LJP Construcciones, S. de R.L. de C.V, para la edificación del juzgado cívico municipal, por 16.2 mdp.
En el último año del gobierno de Darío Benítez, al frente del Ayuntamiento de Tecate, se determinaron 13 millones 754 mil 127.99 pesos, que representaron 54.7% de la muestra auditada.
La mayor parte (10.8 mdp) correspondió a los contratos C-ADJ/DGIT/DB-PMTCT-2024-FAIS/03 y C-DB/PMTCT-2024-FAIS/10, pagados con el FAIS, para adquirir láminas galvanizadas, ya que el Ayuntamiento “no presentó evidencia del ingreso de los bienes en el almacén de la dependencia contratante, el padrón de beneficiarios y la evidencia de uso de los recursos”.
Además de 1.3 millones observados por el contrato 001/24 para la compra de maquinaria y equipo de construcción y, 1.4 millones para la adquisición de vestuario y uniformes; cuya entrega total al almacén municipal tampoco se acreditó.
La ASF determinó un posible daño al erario por 7 millones 591 mil 670.89 pesos, equivalentes al 63.5% de la muestra auditada, al Consejo Fundacional de San Quintín, entonces encabezado por Jorge Alberto López.
De los cuales (3.9 mdp) fue por el contrato SPMI-FAISMUN-LP-003-24, relacionado con la rehabilitación de un multideportivo en la localidad de Nueva Era; y 3.5 mdp, por no proporcionar la evidencia de la recepción de uniformes con los contratos OM-FORTAMUN-LP-003-2024 y OM-FORTAMUN-AD-005-2024.
La Auditoría de Cumplimiento 501 hecha a la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Montserrat Caballero Ramírez, se le auditaron 14 millones 605.1 miles de pesos. “Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades”, por lo que es el único municipio que no tuvo observaciones en el tercer informe de la ASF.
La ASF determinó un monto por aclarar de 8.5 millones respecto a las participaciones federales recibidas, porque el Congreso del estado no exhibió la documentación comprobatoria de que se hayan entregado las ayudas de acuerdo con lo contratado en las solicitudes de gestión social de los legisladores”.
Según la ASF, Baja California recibió 40 mil 271 millones 968.1 miles de pesos de participaciones federales, que incluyeron 57.8 mdp del Fondo de Estabilización. Del total de participaciones 31 mil 635 millones fueron administrados por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Al 31 diciembre de 2024, pagó 96.0% del recurso asignado quedando un saldo sin ejercer 1 millón 262 mil 132. 2 pesos, “que permanece en las cuentas bancarias del estado”.
A la gestión de Ávila Olmeda también se le observó el contrato DAD-CONFED-SSC-02-24, para la adquisición de 20 patrullas, sin que haya estado “debidamente fundado, motivado y soportado” el dictamen de adjudicación directa a un proveedor determinándose que la adquisición de los vehículos “no se aseguraron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento”.
En total, la ASF observó 1 mil 169 millones 739.5 millones al estado, en los primeros tres años de la gestión de Ávila Olmeda
SEÑALAN 84.6 MDP A UNIVERSIDADES; UABC, CON EL MAYOR MONTO
El tercer informe de la Cuenta Pública 2024 indica que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), deberá aclarar 61.5 millones de pesos, por diversas irregularidades cometidas en el gasto del recurso federal.
Poco más de la mitad de ese monto (36.3 mdp) por no acreditar el pago a jubilados y pensionados tras transferir 87.5 millones a una cuenta, para tales efectos. Otros 25 mdp por no acreditar la recepción de lo adquirido en siete contratos (CSA-A-RE-14,06,07,17,16,8,18/2024).
La Universidad Politécnica de Baja California, 20.7 millones, por “no acreditar la trazabilidad y destino de los recursos” al no usar cuentas bancarias específicas para administrar los recursos federales. La ASF señaló un monto por recuperar de 2.3 mdp a la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), por pagar prestaciones que rebasaron los montos autorizados y conceptos no previstos en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros.
OBSERVAN 67 MIL MDP AL ÚLTIMO AÑO DE AMLO
La ASF observó irregularidades por 67 mil 174.5 millones de pesos a la Cuenta Pública 2024, el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De los cuales, 90.2% correspondieron a recursos ejercidos por las 32 entidades federativas y los municipios.
La mayoría del monto observado continúa pendiente por aclarar (65,169 mdp). Las dependencias con más monto por recuperar fueron: Petróleos Mexicanos (Pemex) con 1,762 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, con 1,215 mdp; de Salud, 585.7 mdp; Marina, 274.5 mdp; Educación Pública, 231 mdp; Medio Ambiente, 225.7 mdp; y el entonces Conacyt, con 266.2 millones.
Algunas irregularidades detectadas en la paraestatal (entonces dirigida por Octavio Romero Oropeza) fue el pago en exceso en el contrato de obra mixto sobre el suministro de gas natural a la refinería Dos Bocas por 10.7 millones, debido a errores en la integración de matrices de precios unitarios. Además de duplicidad de pagos por 6.8 millones por mano de obra y control topográfico.
Además, se detectaron pagos en exceso por 33.4 millones por trabajos de mala calidad de concreto hidráulico, que presentó fisuras en la refinería Dos Bocas, derivado del contrato PT-ID-O-P4B-003-2021, y pagos en exceso por 21.1 mdp por el servicio de intervención de turbina del soplador de aire principal de la planta de desintegración catalítica, pese a que éste contaba con garantía vigente por defectos y vicios ocultos.
