Foto: Integralia Consultores
Integralia Consultores dio a conocer que la propuesta de reforma electoral enviada por la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Cámara de Diputados, lleva consigo el riesgo de generar “inequidad” en el ámbito de los partidos políticos nacionales.
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En su reporte especial Reforma Electoral. Análisis de la propuesta presidencial, emitido el 6 de marzo, la empresa dirigida por el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde estableció que con todo y ser de menor alcance que las propuestas de reforma electoral presentadas por Andrés Manuel López Obrador en 2022 y otros planteamientos, formulados recientemente, la iniciativa de Sheinbaum apunta a modificaciones que terminarían por favorecer a Morena.
Recalcó que va encaminada a reducir el financiamiento público (a partidos), así como los tiempos de radio y televisión (reservados para las autoridades electorales y los institutos políticos) y a permitir que las fuerzas políticas y gobiernos promuevan los instrumentos de consulta popular y revocación de mandato; ajustes que de acuerdo con Integralia favorecerían al partido en el poder.
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Especificó que con la pretendida enmienda el financiamiento para actividades ordinarias de los institutos políticos disminuiría de 7 mil 368 millones de pesos a 5 mil 729 millones de pesos; tomando en cuenta que en lugar de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón por 65% de la Unidad de Medida y Actualización en aras de estimar la bolsa total, se multiplicaría por 48.75%.
La propuesta de Sheinbaum contempla modificaciones a los artículos 52, 53, 56 de la Constitución Política, de tal suerte que se eliminen las listas de candidatos a un espacio en el Congreso por la vía plurinominal; en cuyo caso no requieren ir en busca del voto entre el electorado.
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La mandataria propuso mantener el número de 500 legisladores en la Cámara de Diputados y reducir en la Cámara alta una reducción de 120 a 96.
Integralia Consultores indicó que, con la reforma electoral, la coalición Morena-PT-PVEM podría incrementar sus escaños, en el Senado, de 64.8% a 66.7%, en tanto que PAN-PRI-PRD-MC reducirlos de 35.2 a 33.3 por ciento.
Expuso que tomó como base los resultados electorales de junio de 2024 para calcular tales porcentajes.
La iniciativa de reforma contempla ajustes al Artículo 41 referentes a prohibir a los partidos políticos, precandidatos y candidatos “financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”; impedir aportaciones en efectivo y establecer como vías para efectuar aportaciones de recursos monetarios el sistema financiero nacional, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros nominativos.
Integralia resaltó que la propuesta se encamina a “una mayor coordinación con autoridades de seguridad e inteligencia financiera donde la fiscalización se vincula con la prevención del crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas”.
De cualquier forma, señaló que “no atiende temas clave que sí deberían regularse, pero que afectarían al partido gobernante, tales como mecanismos para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.
También cuestionó que la no se propongan cambios a propósito de la fecha para celebrar la elección de integrantes del Poder Judicial, en la que el factor político no entra en juego.
“La fecha de la elección judicial se mantiene concurrente con la elección de los otros Poderes, lo cual representa un gran riesgo operativo para el INE (Instituto Nacional Electoral) y una sobreexposición de información para los votantes”, estableció.
Sheinbaum propuso un artículo tercer transitorio alusivo a que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Congresos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones” aprueben “las leyes, reformas y modificaciones necesarias para ajustar su marco jurídico a lo dispuesto” en el Decreto correspondiente, “a más tardar el 15 de mayo de 2026”.
Integralia sostuvo que tal plazo da lugar a suponer que “la aprobación de la reforma constitucional y las leyes secundarias tendría que se fast track, sin espacio para la negociación parlamentaria con todas las fuerzas políticas”. (Eduardo Andrade Uribe)
