A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 5 de marzo de 2026 que el predio operó como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento bajo el control de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y dio cuenta de 47 personas detenidas en el marco de las investigaciones. En paralelo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026, mediante la cual acreditó omisiones sistemáticas y graves de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el procesamiento y resguardo de evidencias.
Según un comunicado de la FGR, las investigaciones determinaron “de manera clara y contundente” que el inmueble fue utilizado para actividades de adiestramiento que incluían prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios de cobertura y movimiento en un área simulada como casa táctica. La dependencia federal precisó que en el predio se reclutaba forzadamente a personas, a quienes se despojaba de sus pertenencias y se les imponía vestimenta distinta. Integrantes del CJNG utilizaron ofertas de trabajo falsas para atraer a las víctimas, según testimonios recabados durante la investigación.
Publicidad
La FGR reportó un avance del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del sitio, lo que ha permitido localizar dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y diversas prendas de vestir, entre otros indicios. Los fragmentos óseos fueron determinados como pertenecientes a un hombre cuya identidad no ha sido establecida, pese a las confrontas realizadas con el banco de perfiles de familiares de personas desaparecidas. La dependencia informó que mantiene órdenes de aprehensión vigentes que continúan siendo cumplimentadas.
El predio fue asegurado por primera vez en septiembre de 2024 por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes rescataron al menos a 10 personas privadas de la libertad y hallaron una persona fallecida, además de armas y siete vehículos. El hallazgo masivo de objetos personales, prendas de vestir y restos óseos se produjo el 20 de marzo de 2025, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco accedieron al inmueble. Entre los detenidos en el transcurso de las investigaciones se encuentra José Ascensión Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán, por su presunta colaboración con actividades delictivas dentro del rancho.
Publicidad
La CNDH determinó en su Recomendación 11/2026, notificada a ambas instituciones, que personal de la FEJ y del IJCF no realizó de manera integral el procesamiento técnico de los indicios hallados, omitiendo la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado correctos de las evidencias. El organismo nacional documentó que tres de los siete vehículos encontrados en el predio fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, mientras el rancho permanecía formalmente bajo resguardo de la Fiscalía estatal, sin que ninguno de los siete vehículos contara con dictámenes periciales que acreditaran su procesamiento técnico.
Según la CNDH, las muestras biológicas recabadas en el inmueble y entregadas al IJCF el 20 de septiembre de 2024 para su estudio no fueron comparadas con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas sino hasta marzo de 2025, lo que el organismo calificó como un retraso injustificado. Adicionalmente, la CNDH señaló que 1,842 indicios fueron publicados en el sitio oficial del IJCF sin que ninguno contara con la debida garantía de cadena de custodia.
Publicidad
El 20 de marzo de 2025, un día después de que la propia CNDH acudió a realizar diligencias de observación, se permitió el ingreso de un número considerable de personas al predio cuando el proceso de intervención pericial aún estaba en curso. Según el organismo, la situación derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente pudieran encontrarse en él, lo que evidenció deficiencias en la preservación del inmueble y en la conducción de las diligencias.
La Recomendación 11/2026 instruyó a los titulares de la FEJ y del IJCF a realizar, en un plazo máximo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Ambas instituciones también deberán elaborar protocolos de actuación para la correcta preservación de escenas del crimen y el manejo de cadena de custodia, colaborar en los procedimientos administrativos que la CNDH inicie contra los servidores públicos involucrados e implementar ciclos de formación especializada en derechos humanos e investigación forense.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco respaldó los hallazgos de la CNDH. En un manifiesto difundido en sus redes sociales, integrantes del grupo señalaron que la recomendación “confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia”. Raúl Servín, miembro del colectivo, informó además que en una visita realizada aproximadamente 15 días antes de la emisión de la recomendación, integrantes del grupo hallaron fragmentos de huesos y vestimentas en la zona trasera del predio, hallazgo que fue confirmado por personal del Ministerio Público presente en el momento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno Federal contabiliza 131,840 casos en todo el país; Jalisco concentra 16,079 de ellos, la cifra más alta a nivel estatal.
