Esperábamos que vinieran a protegernos, pero en vez de eso nos robaron”, dijo uno de los denunciantes isleños en su declaración ministerial.
Los denunciantes explicaron que, tras la llegada de los agentes estatales con su operativo a en enero a la Isla, la delegación quedó cerrada y los agentes municipales impedidos para llevar a cabo las labores de prevención. Y aseguraron que eso contribuyó a los abusos de los estatales.
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El delegado municipal de Isla de, informó que la tercera semana de enero, habia recibido una llamada del comandante de la Policía Municipal de Isla de Cedros, quien le informó que por órdenes superiores debían abandonar la isla con todo su personal y armamento debido a la llegada de un operativo estatal.
“A través de investigación cibernética, pudimos saber que el control llega a tal punto, que las autoridades oficiales y los criminales, ahora en enero, se enteraron de la llegada de los agentes de la FESC, incluso antes que arribaran a la isla.
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“Establecieron una especie de toque de queda, advirtiendo a los comerciantes, pescadores y demás ciudadanos, no vinculados criminalmente, de que no cooperaran con los uniformados, que no les dieran información, que no les vendieran alojamiento, comida ni agua a los agentes, incluso se ponchó la llanta de una de las unidades y se negaron a arreglarla”, expuso un jefe operativo de la fuerza estatal.
“Los artículos que se presentaron como robados, fueron elementos asegurados en las bodeguitas cateadas y autos asegurados; nada de valor, y se probará en las indagatorias”, agregó.
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Los señalamientos contra los agentes
La denuncia por abuso de autoridad ante la FGE, fue presentada por el delegado de Isla de Cedros, Luis Damián Ceballos Alvarado, en su declaración, relató que el 23 de enero, además de retenerlo ilegalmente por más de tres horas y acusarlo impunemente de estar coludido con traficantes, los agentes estatales le exigieron desbloquear su teléfono celular y el de su esposa bajo amenazas de agresión. Y agregó que en las mismas acciones le propinaron un golpe en la boca a su hijo (Adrián) y previo a presentar la denuncia, todo lo ocurrido, lo notificó a la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz.
En cuanto a las denuncias por robo, estas se concentraron en los campos pesqueros Wayle y San Agustín, donde trabajadores de cooperativas dedicadas a la captura de abulón y langosta reportaron allanamientos y sustracción de objetos entre el 22 y el 25 de enero.
Uno de los expedientes señala que el 22 de enero, al regresar de la pesca alrededor de las 11:30 horas, un trabajador encontró el candado de la casa de vigilancia del campo Wayle trozado.
En el interior, todo estaba revuelto y reportó la desaparición de un navegador GPS, protectores para radio y celular, un jalón de encendido de planta eléctrica, un filtro de gasolina, un grillete, una bocina marca JBL, lentes Costa y binoculares Bushnell, con un valor estimado mayor a 19 mil pesos.
Tres días después, el mismo inmueble fue forzado nuevamente, pero esta vez faltaban alimentos, una caña de pescar personalizada, una disca, un dispositivo Roku y un taladro de impacto marca Makita, por un monto aproximado de 16 mil pesos adicionales.
El 3 de febrero, el afectado recibió una llamada de la capitanía de puerto informando que en instalaciones de la Marina se encontraban objetos relacionados con los robos y que habrían sido dejados ahí por elementos de la Fuerza Estatal.
Los empresarios acudieron al llamado y reconocieron sus pertenencias.
Otro trabajador del mismo campo declaró que la madrugada del 25 de enero encontró el candado principal tirado y la puerta abierta. Entre los objetos faltantes reportó herramientas para trampas de langosta, una lámpara frontal y suministros básicos.
En su testimonio, señaló que los únicos foráneos que ingresaron a esa zona durante esos días fueron agentes estatales desplegados en el operativo.
En una tercera carpeta de investigación, reportaron allanamiento de morada y daños en propiedad ajena en almacenes de la cooperativa donde se resguardan combustible, trampas langosteras, motores fuera de borda y herramientas.
De acuerdo con el reporte, el 26 de enero, alrededor de las 07:30 horas, el encargado del almacén observó que del sitio salieron aproximadamente diez personas vestidas con uniforme operativo de la FESC.
Nadie pudo ingresar al almacén mientras los oficiales llevaban a cabo una revisión.
Una vez que se fueron del lugar, el candado del almacén estaba roto, y en otro inmueble la chapa había sido forzada y la cámara de seguridad destruida.
Aunque en ese caso no se reportó la sustracción de bienes, los denunciantes aseguraron que los daños coinciden con la presencia de los agentes estatales en la isla.
Detenidos por la SEMAR
Tras distintas disputas entre oficiales y ciudadanos, el 3 de febrero, un grupo de estos agentes estatales intentó abandonar la comunidad a bordo de una embarcación oficial de la Secretaría de Marina cuando fueron interceptados por navales.
El reporte policial refiere que durante el proceso de embarque el personal naval detectó que los policías estatales transportaban varios artículos que no llevaban cuando entraron a la isla en enero.
El mando naval en Isla de Cedros, el vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, ordenó que los agentes descendieran de la embarcación y que acreditaran la propiedad de los objetos.
Según versiones recabadas entre residentes, que quedaron en las declaraciones ministeriales, los agentes no pudieron comprobar la legítima posesión y por eso procedieron a retener la mercancía.
Horas después, habitantes se reunieron para identificar pertenencias presuntamente sustraídas y entregar a los dueños. La Marina también notificó de lo ocurrido a la autoridad estatal competente, y en cuestión de horas aterrizó en la isla el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez.
El secretario de Seguridad Laureano Carrillo y el secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, realizaron una reunión de emergencia con los pobladores y mandos navales la mañana del 4 de febrero tras el incidente con los policías estatales que intentaron abordar el barco con mercancía ajena.
Durante el encuentro, las autoridades preguntaron quiénes habían sido afectados.
Algunos levantaron la mano y expusieron sus casos y en ese encuentro los mandos navales mostraron fotografías de artículos localizados en sus instalaciones que, según dijeron, habían sido dejados por policías estatales. Tras esa reunión, varios residentes decidieron formalizar denuncias ante la FGE.
El titular de la FESC fue recibido por un gran grupo de habitantes en el salón social de la delegación, donde le hicieron una serie de reclamos por lo ocurrido en los últimos días con los oficiales.
“Laureano (secretario de Seguridad) mostró inconformidad; mostró y vociferó que no le importaba lo que hicieran sus elementos, que él iba por delincuentes”, declaró al Semanario ZETA uno de los residentes que estuvo presente en la reunión.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, refutó la versión de los habitantes afectados y de las autoridades municipales asegurando que están trabajando de manera coordinada.
El 10 de febrero, ante versiones de un nuevo despliegue, el puerto fue cerrado temporalmente y los pescadores no pudieron salir a trabajar durante varias horas. “Entró el pánico”, relató un residente. “No sabíamos qué iba a pasar”.
