Caminando por el segundo piso del Poder Legislativo, ubicado en el Centro Cívico de Mexicali, el corazón político de Baja California, se topa de frente con oficinas en construcción, una nueva área para colocar más personal del área administrativa. Justo al frente, en el pasillo, se ve la ausencia de plafones, lo cual exhibe el cableado y tuberías que corren en todas direcciones.
A la derecha, un pequeño espacio de cocina donde destaca un letrero colocado sobre el microondas, el cual advierte la prohibición de usarlo debido a que está averiado.
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Así de claroscuro es el gasto del Congreso de Baja California, exhibido por la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el más caro del país, conclusión a la que llegaron mediante una simple métrica proporcional en la que se demuestra que cada legislador cuesta 35 millones de pesos al erario.
El contundente mensaje, primero de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena (partido con poder absoluto en Baja California), y luego de la mandataria nacional, cayó como baldazo de agua fría para los legisladores (muchos de ellos reelectos), quienes, acostumbrados a los privilegios, respondieron con un rechazo. Conforme el debate público se inclinó en su contra, optaron por moderar su postura y reconocer que existen erogaciones de las que pudieran prescindir.
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Como si no fuera suficiente, la crítica de su partido y de la Presidencia recayó en un momento que el Poder Legislativo entró en un proceso de remodelaciones que van desde la Sala de Sesiones Benito Juárez García, la Sala Mujeres Forjadoras, las oficinas de Recursos Materiales, la rehabilitación de un elevador (que sigue sin funcionar) y la construcción de otro; y el cambio de todo el equipo de aire acondicionado.
A esto se le suma que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que existe una falta de comprobación del manejo de recurso público destinado para apoyos sociales de más de ocho millones de pesos, por parte de varios diputados que no demostraron correctamente las comprobaciones.
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Pese a que mediáticamente es perceptible la inversión, los diputados dicen desconocer el monto de la inversión, incluso los que forman parte de la Comisión de Administración, presidida por el diputado Jaime Eduardo Cantón. Tampoco hay interés en rendir cuentas, dado que no se difunde la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a pesar de que están obligados a ello.
La diputada Michel Sánchez Allende, actual presidenta de la Mesa Directiva, anunció que se presentó una iniciativa para buscar reducir ciertos gastos superfluos del Legislativo, como parte de la respuesta a las medidas anunciadas en el Plan B. Sin embargo, la preocupación existe, dado que la aprobación de la reforma electoral obligaría a que redujeran su presupuesto anual de mil 200 millones de pesos (incluyendo a la Auditoría) en poco menos de un 40 por ciento, pues la nueva métrica toparía su presupuesto en el 0.7 por ciento del recurso anual de Baja California, el cual ronda en los 90 mil millones de pesos.
CASI MIL 200 MILLONES DE OPACIDAD EN EL CONGRESO
De 2019 a 2025, el presupuesto del Poder Legislativo pasó de 568 millones 822 mil 662 a 838 millones 428 mil 813 pesos, es decir, mucho más de lo que corresponde a la inflación acumulada en esos años, que fue del 35 por ciento, contra el 47 por ciento que se tuvo de incremento, lo que representaría 200 millones de pesos más con respecto a la depreciación de la moneda. En caso de sumar a la Auditoría Superior del Estado -ente que depende del Poder Legislativo-, estaríamos hablando que el presupuesto subiría a mil 158 millones 885 mil 727 pesos.
A pesar del discurso emitido por el diputado Juan Manuel Molina y Jaime Cantón respecto a la intención de establecer un plan de austeridad, la realidad es que el presupuesto recién aprobado de 2026 aumentó a mil 203 millones de pesos, lo que quiere decir que su plan era -al menos- mantener los privilegios.
Pero profundizando con los gastos del Poder Legislativo, en el análisis realizado por ZETA se pudo constatar que existen contratos que podrían considerarse conflicto de interés, falta de información pública y una auditoría que confirma irregularidades millonarias dentro del Poder Legislativo.
Por dar un ejemplo, en entrevista para ZETA, el diputado Jaime Eduardo Cantón, presidente de la Comisión de Administración, dijo desconocer el costo de las recientes rehabilitaciones dentro del Poder Legislativo, que van desde los cambios de aires acondicionados, la renovación de la fachada de la Sala Benito Juárez García, de la Sala Mujeres Forjadoras, ni de las oficinas recién construidas que fueron asignadas al área de Recursos Materiales.
El legislador, quien dirige la Comisión de Administración, reconoció que esto corresponde a la administración del Poder Legislativo, y si bien le son informados, no le brindan detalles.
La Comisión de Administración es la encargada de autorizar los movimientos financieros y está conformada también por la actual presidenta del Congreso del Estado, Michel Sánchez Allende; el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina; el diputado Jorge Ramos Hernández, del PVEM; Diego Echevarría, del PAN; Diego Arregui, de Fuerza por México; Gloria Arcelia Miramontes, Ramón Vázquez Valadez y Eligio Valencia López, todos de Morena.
ZETA consultó a varios de los legisladores, quienes reconocieron desconocer detalles del manejo financiero, y que cada tres meses presentan informes, pero sin anexos para conocer el manejo del recurso. Lo peor es que, a diferencia del resto de las comisiones del Congreso, Administración y Finanzas no se transmite en redes sociales, no se convoca públicamente y no se exhiben las minutas.
En años anteriores, ZETA solicitó información por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) relativa al manejo de la Comisión de Administración y confirmó que las minutas están plagadas de generalidades y poca información sustancial.
“No tenemos información de nada y estamos hablando (que) del 100 por ciento del recurso, el 80 por ciento no tenemos idea de cómo se está ejerciendo. Tenemos a lo mejor algunas cuestiones que podemos entender que son como el tema del recurso humano, algunas compensaciones que son altas, nóminas, cuestiones que hay que revisar en el tema de aviadores, porque pues hoy por hoy tenemos una información que podemos descargar de la página de transparencia del Congreso; pero no sabemos si físicamente están ahí esas personas, quién las metió, quién las recomendó, con quiénes trabajan”, refirió la diputada Daylín García, de Movimiento Ciudadano, quien hace unos días formó parte del bloque opositor a Morena, que reclamó la opacidad con la que manejan el recurso público.
El diputado Jaime Eduardo Cantón reconoció que hay cuestiones que pueden mejorar, pero afirmó que muchos de los puntos que reclaman los diputados son por desconocimiento, como el hecho de todavía usar una partida para telégrafos, la cual se usa para invitar exhortos mediante mensajería; o bien, el uso de celulares que tiene como objetivo hacer transmisiones para que las comisiones sean públicas y transmitidas directamente.
Al revisar la página de la Auditoría Superior del Estado se pudo constatar también que el Poder Legislativo no cuenta con informes sobre el manejo del gasto de los diputados ni de su administración.
AUDITORÍA EXHIBE AL CONGRESO
El más reciente informe de la ASF 2024-A-02000-19-0485-2025, refiere que hay irregularidades en el manejo de recurso público en algunas áreas, donde destaca el manejo y comprobación de los apoyos sociales de los diputados.
La diputada Daylín García, comentó que desde hace dos años se dieron cuenta que el Poder Ejecutivo comenzó a enviar dinero al Congreso de participaciones federales, cuyos estándares de comprobación son mucho más rigurosos, por lo que solicitaron información que nunca les fue compartida.
Cantón Rocha afirmó que gran parte de las erogaciones del Legislativo radican en la nómina. Sin embargo, el número de trabajadores es menor que el de años anteriores, que hoy es de menos de 500 trabajadores, de los cuales -calculó- la mitad son de base.
Según la ASF, en 2024, el Congreso gastó 439 millones 392 mil pesos en servicios personales, de los cuales 366 millones 781 mil corresponden a nóminas ordinarias y extraordinarias. Es decir, menos de la mitad de los poco más de 800 millones de presupuesto. También detectó que al menos a cuatro trabajadores les pagaron compensaciones superiores a los 104 mil pesos, lo que representó una posible afectación al erario que se solicitó investigar, según el expediente UCI/XXV/IA/002/2026; la mayoría del recurso fue devuelto o solventado.
Otro punto que le reclamó al Legislativo es que prioriza los contratos de adjudicación directa por encima de las licitaciones, lo cual es una irregularidad que generó recomendación.
ZETA intentó cotejar algunos contratos emitidos por el Poder Legislativo en la PNT y confirmó que son pocos los que la Administración hizo públicos, entre ellos uno de servicios jurídicos en favor del abogado, Jesús Antonio Lepe Flores, ex diputado suplente del diputado Juan Manuel Molina en 2013, cuando defendía las causas de Movimiento Ciudadano y fue funcionario del Congreso cuando Molina García era diputado por el PAN. También fue su socio en el despacho jurídico antes de ser diputado en 2019.
Lepe Flores recibe del Congreso 66 mil 033 pesos mensuales por sus servicios, contrato que ha ido incrementando, pues hace tres años su percepción era de 40 mil pesos, según la misma PNT.
Respecto a los gastos de los diputados, la ASF señaló que se observaron ocho millones 586 mil pesos no comprobados debidamente en el rubro de apoyos sociales.
“Se verificó que se presentan facturas, pólizas y comprobantes de pago; sin embargo, no se presentó soporte que acredite que las ayudas se entregaron a los beneficiarios, ya que se presentaron inconsistencias entre las solicitudes y los reportes fotográficos presentados, por lo que no se acreditó la materialidad del gasto, al no existir certeza razonable de que los bienes fueron efectivamente recibidos por la población objetivo”, refiere la auditoría.
Aunque presentaron nueva documentación para acreditar el gasto, la ASF indicó que “no cumple con los requisitos debido a que se constató que dicho reintegro se efectuó en una cuenta bancaria distinta a la cuenta productiva específica de la cual se originaron los pagos, lo que impide garantizar la trazabilidad de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas; aunado a que no se demostró documentalmente que el reintegro fuera realizado por el legislador responsable de la solicitud del gasto. Además, no se proporcionaron los entregables o evidencia que acredite que las ayudas se entregaron conforme con la normativa aplicable, con lo que no solventa lo observado”, sentencia el documento.
ZETA pudo constatar que los diputados que mayores problemas tuvieron con la comprobación de sus gastos fueron Julia Andrea González y Evelyn Sánchez Sánchez, de Morena; y Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, del PES.
Al respecto, el diputado Jaime Eduardo Cantón, se comprometió a que se trabajará en una norma técnica, dado que los mecanismos de comprobación del Poder Legislativo no son suficientes, por lo que harán una serie de planteamientos para demostrar el efectivo manejo de los diputados. También se comprometió a que antes de terminar la Legislatura se ofrecerá transparencia en la Comisión de Administración.
Dentro de los gastos más llamativos del Poder Legislativo destaca: el de conservación de edificios, que arroja un monto de 18 millones 473 mil 108 pesos en 2025, mientras que en 2024 se erogaron más de 20 millones de pesos, según la partida 35101; la instalación y mantenimientos de energía eléctrica (35706), por un monto de tres millones 100 mil en 2025; y la de aire acondicionado, seis millones de pesos en 2025 y 10 millones en 2024.
Respecto a las transferencias internas, se identifican en 2025 un total de 27 millones 537 mil 384 pesos, mientras que en 2024 se erogaron 59 millones 747 mil 576 pesos.
En 2024, sólo en estas partidas referidas, el Poder Legislativo gastó 92 millones de pesos, mientras que en 2025 destinó 49 millones 492 mil pesos. A pesar de ello, el presupuesto del 2025 fue más alto en general que el del año anterior.
