Familias y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en México exigieron al Gobierno federal que transparente la metodología empleada para la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), al tiempo que demandaron la corrección de los expedientes reportados como incompletos. Las organizaciones alertaron que el número de expedientes no equivale al número de personas desaparecidas y que utilizar ese criterio equivaldría a minimizar la magnitud de la crisis.
El 28 de marzo de 2026, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación ante una actualización del RNPDNO que, según los colectivos, privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio. Las organizaciones señalaron que las autoridades continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, a pesar de que el año anterior impulsaron un diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para establecer una agenda en materia de búsqueda, investigación, identificación y restitución de personas desaparecidas.
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El 27 de marzo de 2026, funcionarios del Gobierno federal presentaron en Palacio Nacional las cifras oficiales sobre personas desaparecidas, estableciendo un total de 130 mil 178 registros para el periodo de 2026 a la fecha. De esa cifra, 46 mil 742 corresponden a expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad posterior a la desaparición, por lo que las autoridades consideran que las personas podrían estar con vida; y 43 mil 128 no presentan actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación. Los colectivos reclamaron que, en esa presentación, no se detalló la metodología que sustenta la clasificación de los datos.
“El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito. Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”, alertaron las organizaciones en su comunicado. Respecto a los cerca de 46 mil registros señalados como sin información, las plataformas recordaron que es responsabilidad de las autoridades asegurar que cada reporte cuente con información completa y necesaria para la búsqueda, y calificaron su clasificación como una omisión del deber del Estado.
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En el marco de la misma presentación, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, explicó que, producto de la reforma en materia de desaparición que entró en vigor en julio de 2025, los registros del sistema nacional ahora estarán condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías. “Hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa matutina. Medina detalló que la ley establece sanciones para los ministerios públicos que incumplan con esa obligación, que van desde apercibimientos hasta multas e inhabilitación de servidores públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la omisión de abrir carpetas también puede derivar en responsabilidades penales para los funcionarios. “La omisión es de un funcionario público. También está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta”, afirmó. Sheinbaum Pardo reiteró que la responsabilidad primaria de investigar las desapariciones recae en las fiscalías estatales y señaló que el Gobierno federal mantiene coordinación permanente con ellas para garantizar la apertura de carpetas y la actualización de registros.
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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SEGOB, informó que se creó una Base Nacional de Carpetas de Investigación para concentrar información sobre desapariciones y su estatus. Según el informe presentado ese día, entre octubre de 2024 y el 27 de marzo de 2026 se cumplimentaron 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas. La funcionaria también reportó la activación de una Alerta Nacional de Búsqueda de distribución masiva e inmediata, en la que participan 512 instituciones, entre fiscalías, comisiones de búsqueda, fuerzas de seguridad, aeropuertos, terminales y empresas privadas.
Respecto a la demanda de los colectivos de sostener una reunión directa con la mandataria, formulada desde octubre de 2024, Sheinbaum Pardo afirmó que hasta la fecha las organizaciones no han presentado formalmente esa solicitud, y que el trabajo se desarrolla a través de la SEGOB en mesas periódicas. “Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones”, sostuvo. Los colectivos rechazaron esa versión y reiteraron su exigencia de ser recibidos por la presidenta de la República, reafirmando su postura con el lema “¡Sin las familias no!”.
La postura de las plataformas buscadoras se sumó a la crítica emitida por organizaciones como el Centro Prodh, Fundar, Data Cívica, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Amnistía Internacional y Causa en Común. Todas coincidieron en cuestionar los criterios aplicados para depurar las cifras y en señalar que la obligación del Estado de buscar a los desaparecidos subsiste con independencia de que los expedientes estén o no completos. “La política de Estado en materia de desaparición no puede construirse desde la opacidad”, remarcaron los colectivos en su comunicado, al exigir transparencia plena en la metodología del RNPDNO y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
