A un año del horror descubierto en el rancho Izaguirre como campo de adiestramiento criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, las investigaciones se encuentran estancadas y sólo hay dos personajes clave están tras las rejas: el presunto responsable de la operación del lugar, José Gregorio Lastra Hermida, alias el Comandante Lastra, y el ex presidente municipal de esa demarcación, José Ascensión Murguía Santiago, el Chon, ambos imputados por delincuencia organizada.
La versión de que se trataba de un centro de exterminio fue desvanecida a partir de la atracción del caso por parte de las autoridades federales, luego de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dieran con el sitio el 5 de marzo de 2025, localizando en el interior del rancho cientos de pares de calzado de jóvenes, prendas de vestir y mochilas, imágenes que dieron la vuelta al mundo comparándolas con las generadas el holocausto.
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En el lugar, que presuntamente debía estar asegurado ministerialmente desde el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional persiguieron a sicarios que se introdujeron al rancho, donde había dos personas privadas de la libertad y el cadáver de una tercera, fueron detenidos diez sujetos que presuntamente participaban en el reclutamiento, adiestramiento y vigilancia de jóvenes captados en las centrales de autobuses de la zona metropolitana de Guadalajara.
Raúl Servín, uno de los voceros de Guerreros Buscadores de Jalisco, advierte que no hay avance alguno en las pesquisas y que las prendas aseguradas, mismas que no han sido mostradas a las familias de personas desaparecidas, siguen en poder de las autoridades federales en la Ciudad de México. El activista refirió que el ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, prometió que las prendas regresarían a Jalisco, pero que éste mintió, y los objetos los conocen por medio de fotografías.
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Los diez sujetos que fueron detenidos en septiembre de 2024, ya fueron sentenciados en julio del año próximo pasado a 141 años tres meses de prisión por el Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Primer Distrito Judicial en Jalisco, al ser encontrados responsables penalmente en la comisión de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. La pena debe ser compurgada en el núcleo penitenciario de Puente Grande.
Aún sigue pendiente de definir la situación jurídica de por lo menos 12 servidores públicos, entre peritos e investigadores, que no realizaron adecuadamente su trabajo en el primer aseguramiento del rancho, acusados de no preservar la cadena de custodia al procesar pericialmente el sitio, dejando indicios sin colectar y las puertas prácticamente abiertas para que fuesen sustraídos vehículos asegurados e incluso borradas algunas evidencias.
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Inconformes con los resultados de las investigaciones, los buscadores pretendían que se les permita seguir rastreando el rancho, pero las autoridades no les autorizaron.
Recientemente, un Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito negó el amparo y protección al ex presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por lo que su proceso penal por delincuencia organizada, relacionado con el caso del Rancho Izaguirre, continúa. La resolución fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, con la que quedó firme el auto de vinculación dictado por un Juez de Control federal, y confirmado en segunda instancia por el delito de delincuencia organizada con la agravante de ser servidor público en funciones.
Ascensión Murguía recibió la vinculación a proceso el 10 de mayo en un Juzgado de Control adscrito al Centro de Justicia Federal de Puente Grande, donde se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por la que actualmente continúa privado de la libertad al interior del penal de Puente Grande, Jalisco. Hace unos cuantos meses, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmó el auto de vinculación al estimar que existen datos de prueba suficientes para acreditar presuntivamente que el exalcalde de Teuchitlán sostuvo vínculos de complicidad con el CJNG.
La defensa legal del Chon Murguía argumentaba que la juzgadora del caso no valoró debidamente los testimonios de tres testigos de descargo, entre ellos la secretaria particular de su cliente (que hasta hace poco tiempo también cumplía con funciones en la Dirección de Promoción económica), su chofer y un elemento del Cuerpo de Bomberos. La secretaria de Murguía Santiago declaró que ella pasaba muchas horas en actividades con el alcalde e incluso atendía sus teléfonos móviles y nunca advirtió situaciones extrañas ni conductas delictivas; mientras que el chofer y el bombero coincidieron al afirmar que su superior no conocía la ubicación del rancho Izaguirre y que policías lo tuvieron que guiar cuando acudió tras conocerse el escándalo.
Testigos protegidos, identificados mediante claves como “Australia”, “Verde”, “Azul” y “Rojo”, depusieron en contra del ex presidente municipal, y en sus testimonios aseguraron haber visto a Murguía Santiago en por lo menos dos ocasiones en el rancho Izaguirre, que era un campo de adiestramiento del CJNG. Otro ateste advirtió que Ascensión recibió 70 mil pesos mensuales de parte de la organización criminal, no sólo para permitir las actividades de los ranchos a donde se llevaba a personas reclutadas, sino para la libre distribución de droga en el municipio.
Por su parte, Gregorio Lastra, internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tramita diversos amparos en contra del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada y la medida cautelar de prisión preventiva que le mantiene encarcelado. El Lastra es una de las piezas clave en la investigación, ya que fue señalado como el operador del rancho bajo las órdenes del jefe de células, José Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, uno de los candidatos a suceder al fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG.
También fueron detenidos en su momento tres elementos de la Policía Municipal de Tala, comarca vecina de Teuchitlán, señalados de participar en el traslado de jóvenes reclutados contra su voluntad hacia el campo de adiestramiento.
