La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizó el 3 de marzo de 2026 la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que reduce de forma gradual la jornada laboral en México hasta llegar a 40 horas semanales en 2030, luego de que 22 congresos locales emitieron su voto aprobatorio.
La reforma había sido aprobada a la medianoche del 24 de febrero de 2026 y recibió el aval de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Publicidad
“El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de la honorable Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones 4 y 11 del Apartado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral”, declaró Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva.
El decreto fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Las modificaciones establecen que a partir de 2027 se reducirán dos horas anuales a la jornada de trabajo, en un proceso escalonado que culminará en 2030 con la jornada semanal de 40 horas.
Publicidad
Entre las disposiciones aprobadas, la reforma garantiza a los trabajadores un día de descanso obligatorio, amplía de nueve a 12 las horas extras semanales que deberán pagarse al doble, y establece que cualquier prolongación adicional de la jornada obligará al empleador a cubrir un 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas ordinarias. La reforma prohíbe también que personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario.
La aprobación se dio en medio de críticas de sectores que cuestionaron la aplicación gradual del mecanismo de reducción, así como el hecho de que la reforma contempla únicamente un día de descanso obligatorio a la semana.
