El exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia de más de 23 horas; el juez fijó seis meses de investigación complementaria y una garantía económica.
Tras ser vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por el caso Next Energy, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que la resolución judicial ya era previsible.
“Sabíamos que iban a empapelarnos porque ese ha sido el proceso de todos mis colaboradores, ¿por qué iba a ser diferente conmigo?; ha sido difícil reunirme y aquí estuve, la penúltima fue de 14 horas y esta fue de 24 y media y se cubrió todo, no veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito, nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, declaró.
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La resolución fue emitida por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, quien determinó que existen elementos suficientes para procesar al exmandatario por los tres delitos, relacionados con el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy.
La audiencia, que se prolongó por más de 23 horas, inició a las 9:23 horas del lunes 23 de marzo y concluyó con la decisión judicial, pese a que la defensa presentó diversos argumentos para desestimar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado.
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Entre los señalamientos, los abogados del exgobernador sostuvieron que no existían pruebas suficientes, ya que el pago de 123 millones de pesos vinculado al proyecto se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, cuando Bonilla ya no se encontraba en funciones.
En cuanto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, argumentaron que los hechos corresponden a un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no a la contratación de un crédito fiscal, por lo que —indicaron— no se configura el ilícito.
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Asimismo, la defensa señaló que los delitos imputados estarían relacionados con actos de corrupción, por lo que, a su consideración, la investigación debió ser llevada por una fiscalía especializada en la materia.
Pese a estos planteamientos, el juez resolvió vincular a proceso al exmandatario, quien se presume inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso avanza casi cuatro años después de la presentación de la denuncia, proceso que se había retrasado debido al fuero con el que contaba Bonilla cuando fungía como senador, así como por diversas inasistencias a audiencias. No obstante, a inicios de marzo de 2026 se le giró una orden de presentación que permitió reactivar el procedimiento.
Como parte de las medidas cautelares, el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y estableció el pago de 100 mil pesos.
