Dicen en los barrios que cuando el poder habla, hay que escuchar no lo que dice, sino lo que intenta que olvidemos. Y cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Baja California tiene el Congreso más caro del país, no reveló un secreto de Estado: simplemente dijo en voz alta lo que la gente ya murmuraba en voz baja.
Treinta y cuatro punto ocho millones por diputado.
En un estado donde la gente hace milagros con el salario mínimo, esa cifra no es un dato: es una burla con membrete oficial.
Pero este capítulo no empezó hoy. No es un error contable ni un descuido administrativo. Es la factura atrasada de un sistema político que decidió caminar sin brújula y sin vergüenza. Y su origen tiene fecha: 2019, el año en que la simulación dejó de ser excepción y se volvió política pública.
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Ese año, la dirigencia nacional de Morena anunció una “encuesta” en mi contra. Una encuesta sin metodología, sin responsables, sin resultados. Una encuesta que nadie vio porque nadie la hizo. En el barrio, la gente lo resumió con la sabiduría que no enseñan en las universidades: “Eso es puro cuento”.
Pero el cuento tenía más capítulos. Ese mismo año, el Congreso de Baja California aprobó la tristemente célebre Ley Bonilla, ese intento de estirar el mandato como quien estira un chicle viejo esperando que todavía tenga sabor. Y aquí la ironía se vuelve casi poética: el propio Jaime Bonilla, con la coherencia de un trompo mareado, el 25 de marzo del año pasado volvió a afiliarse al Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos.
En el barrio, a eso le llaman “irse con quien le guiña el ojo”, aunque sea en otro idioma y con otro peinado.
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Días antes de la votación de la Ley Bonilla, el Presidente del Congreso denunció públicamente que le ofrecieron un millón de dólares para aprobarla. Un millón. De dólares.
Y aun así, días después, la aprobaron.
En cualquier esquina del país, la gente no necesita un doctorado para entender la trama. Basta una frase: “Ahí hubo mano negra.”
Y mientras todo eso ocurría -la denuncia del millón, la votación que contradijo la denuncia, la reforma inconstitucional, la indignación ciudadana- la dirigencia nacional guardó silencio. La Presidencia guardó silencio. Y la Consejería Jurídica no presentó el recurso de inconstitucionalidad que la Constitución prevé para estos casos.
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Hoy, cuando la Presidenta señala que Baja California tiene el Congreso más caro del país, la pregunta no puede quedarse en el costo. La pregunta es: ¿cómo llegamos aquí?
Llegamos por la Ley Bonilla.
Llegamos por el millón de dólares denunciado.
Llegamos porque la simulación se volvió rutina.
Llegamos porque la transparencia se volvió estorbo.
Llegamos porque la democracia interna se volvió trámite.
Y hay un dato que no se puede barrer debajo de la alfombra: la mayoría de los diputados que integran ese Congreso -el más caro del país- apoyaron a la Presidenta durante su campaña.
La acompañaron, la promovieron, la defendieron.
Por eso, cuando desde Palacio Nacional se cuestiona el costo y la opacidad del Congreso, la sociedad tiene derecho a exigir coherencia. Y también tiene derecho a exigir una explicación pública.
Porque la democracia no se sostiene con boletines pagados ni con propaganda que maquilla la realidad. Se sostiene con hechos. Y los hechos están ahí, tercos, incómodos, necios.
La pregunta no es solo por qué la Presidencia no presentó un recurso de inconstitucionalidad.
La pregunta también es por qué se toleró la Ley Bonilla, por qué se guardó silencio ante la operación donde fue mencionado Ricardo Peralta, y por qué la incongruencia se volvió estilo de gobierno.
Pero la pregunta más importante no es para los partidos ni para los gobiernos.
La pregunta es para la sociedad bajacaliforniana: ¿Seguirán apoyando un proyecto que ha trastocado la gobernabilidad, que gobierna mediante boletines pagados y que distorsiona lo que realmente ocurre en las calles?
Porque Baja California merece estabilidad.
Merece transparencia.
Merece dignidad pública.
La evidencia está sobre la mesa.
La decisión, como siempre, está en manos de la gente.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
