Baja California enfrenta una crisis económica que ya no puede maquillarse con discursos optimistas ni con la narrativa del nearshoring. La caída del sector agrícola, el estancamiento del empleo y el freno en la inversión privada han colocado al estado en una ruta descendente. Pero el problema no es solo económico: es político. La respuesta gubernamental -estatal y federal- ha sido lenta, superficial y marcada por omisiones que agravan el deterioro. Mientras la economía se hunde, las autoridades parecen más preocupadas por controlar la narrativa que por enfrentar la realidad.
El desplome del sector agrícola es el síntoma más brutal. Una caída superior al 20% en el último trimestre medido no se explica únicamente por factores climáticos o de mercado. Productores de Mexicali, San Quintín y Maneadero denuncian lo mismo desde hace años: corrupción en la distribución del agua, concesiones irregulares, pozos clandestinos tolerados por autoridades y programas de apoyo que se asignan con criterios políticos. La crisis del campo no es nueva; lo nuevo es la magnitud del colapso y la indiferencia institucional frente a un sector que sostiene miles de empleos y buena parte de la seguridad alimentaria del estado.
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El Gobierno Estatal ha respondido con la fórmula más desgastada: mesas de diálogo, comunicados y promesas de coordinación. No existe un plan de rescate agrícola, no hay una estrategia hídrica de largo plazo y no se han transparentado los criterios de asignación de recursos. La opacidad en los organismos operadores del agua, la falta de auditorías y la ausencia de sanciones alimentan la percepción de que la corrupción estructural es parte del problema. Mientras tanto, los productores pierden cosechas, empleos y patrimonio.
El Gobierno Federal tampoco ha actuado con la urgencia que la situación exige. Los apoyos directos continúan, pero no compensan la magnitud de la caída. No hay un programa emergente para Baja California, ni inversión en infraestructura hídrica, ni un plan de reconversión productiva. La falta de vigilancia sobre el uso del agua y la ausencia de auditorías federales a los organismos locales profundizan la desconfianza. La federación mira hacia otro lado mientras el campo se desmorona.
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El mercado laboral también muestra señales de deterioro. El estado genera menos empleos de los que necesita, la informalidad crece y la desaceleración industrial ya se siente en Tijuana, Mexicali y Tecate. El Gobierno Estatal presume ferias de empleo y programas de capacitación, pero no ha presentado una estrategia anticíclica real. La narrativa del nearshoring se ha convertido en un recurso discursivo que no se traduce en empleos formales ni en mejores salarios. La brecha entre el discurso y la realidad se ensancha cada mes.
A nivel federal, los programas sociales funcionan como amortiguadores del ingreso, pero no como motores de empleo. Tampoco se han anunciado incentivos fiscales o laborales específicos para la región fronteriza. La política salarial federal ha generado tensiones con empresarios que señalan presiones adicionales en un contexto de desaceleración.
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La inversión privada, por su parte, muestra señales de agotamiento. Caen las ventas al mayoreo y menudeo, cierran empresas y disminuye el dinamismo de la inversión local. El Gobierno Estatal ha promovido giras y encuentros con inversionistas, pero empresarios señalan falta de certidumbre regulatoria, trámites lentos y ausencia de una estrategia clara para infraestructura logística. La opacidad en permisos, la discrecionalidad en inspecciones y la falta de claridad en criterios regulatorios alimentan la percepción de corrupción administrativa.
El Gobierno Federal impulsa el nearshoring como política nacional, pero sin aterrizar incentivos específicos para Baja California ni inversiones relevantes en energía, agua o cruces fronterizos. La falta de infraestructura estratégica -particularmente en suministro eléctrico y disponibilidad de agua- es un freno que nadie en el gobierno parece dispuesto a reconocer públicamente.
La comunicación oficial: 180 millones para no decir nada
En este contexto, el Gobierno del Estado ejerció 180 millones de pesos en comunicación social en 2025, una cifra que contrasta brutalmente con la calidad y utilidad de los contenidos difundidos. La política de comunicación oficial no incluye análisis de la crisis económica, no reconoce la caída agrícola, no explica el estancamiento del empleo ni presenta propuestas para enfrentar la desaceleración. En lugar de informar, la comunicación pública se ha convertido en un aparato de autopromoción: videos emotivos, giras, inauguraciones, mensajes aspiracionales y una narrativa de éxito que no coincide con los indicadores reales.
La mentira oficial pagada con dinero público
Con 180 millones de pesos gastados en 2025, la comunicación social del Gobierno del Estado no ha producido una sola campaña que explique la crisis económica, ni un diagnóstico serio, ni una propuesta de solución. Ese dinero —que podría haberse destinado a productores, infraestructura hídrica, empleo o seguridad alimentaria— se ha usado para construir una realidad paralela donde todo funciona, todo avanza y todo mejora. Mientras la economía se desploma, la comunicación oficial se dedica a ocultar, maquillar y distraer. Nunca había sido tan evidente la distancia entre lo que el gobierno dice y lo que la gente vive.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
