Un tribunal federal en San Diego, California, condenó el 13 de marzo de 2026 a 25 años de prisión a Andrew Nunez, alias “Shooter” o “Felon”, y a Johncarlo Quintero, alias “Dumper”, dos jóvenes de 16 y 17 años respectivamente, originarios de Wilmington, California, por actuar como sicarios a sueldo del Cártel de Sinaloa cuando ambos contaban con 15 años de edad, y por la muerte colateral de un cómplice adulto durante uno de los fallidos intentos de asesinato.
Los hechos ocurrieron el 26 y 27 de marzo de 2024, cuando Nunez y Quintero viajaron desde Wilmington hasta la ciudad de Chula Vista, California, con el objetivo de matar a un blanco designado por el Cártel de Sinaloa. El primer ataque tuvo lugar en el estacionamiento de un restaurante Chili’s, donde la víctima cenaba con su familia. Quintero disparó una sola bala que alcanzó las piernas del objetivo; su arma se atascó y no pudo seguir disparando, por lo que Nunez intentó atropellar al objetivo con el vehículo antes de que ambos huyeran del lugar.
Publicidad
Horas después, en la madrugada del 27 de marzo de 2024, los dos adolescentes regresaron al domicilio de la víctima acompañados por Ricardo Sanchez, de 28 años. Cada uno de los tres esperaba recibir alrededor de 50 mil dólares por completar el encargo. Al llegar, Sanchez golpeó la puerta principal y, cuando un amigo de la familia abrió, Quintero y Nunez abrieron fuego de manera indiscriminada contra él y contra la vivienda, con la intención de matar a quien se encontrara en la llamada zona de impacto. El amigo resultó herido en la mano, el brazo y el rostro, pero sobrevivió. En respuesta, disparó en defensa propia y mató a Sanchez. Por esa muerte, Nunez y Quintero también se declararon culpables bajo la figura jurídica de homicidio por acto provocador.
Según las admisiones incluidas en sus acuerdos de culpabilidad, suscritos en diciembre de 2025, los acusados fueron reclutados específicamente por ser menores de edad y, más precisamente, por tener menos de 16 años al momento de los hechos, lo que los hacía inelegibles para ser procesados como adultos conforme a la ley estatal de California. Los propios implicados reconocieron haber comentado entre sí, tras su arresto, que no podrían ser sujetos a la transferencia a la jurisdicción adulta establecida en la Sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones de California. El fiscal federal Adam Gordon, titular de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, señaló que la Ley Senatorial 1391 de California convirtió el enjuiciamiento estatal de menores de 14 y 15 años en una imposibilidad práctica, independientemente de la gravedad del delito, situación que el Cártel de Sinaloa y la pandilla Westside Wilmas, afiliada a la Mafia Mexicana, aprovecharon para reclutar a los adolescentes.
Publicidad
El juez federal Todd W. Robinson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, advirtió durante la audiencia de sentencia que el Cártel de Sinaloa, la Mafia Mexicana, los Westside Wilmas y organizaciones similares “necesitan ser notificadas de que no obtienen impunidad cuando hacen que un menor cometa un delito de esta naturaleza”. Por su parte, el agente especial en funciones TJ Holland, de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, afirmó que la sentencia envía un mensaje inequívoco de que quienes cometan actos de violencia, sin importar su edad, serán responsabilizados plenamente ante la ley.
En febrero de 2026, un gran jurado federal procesó formalmente a tres presuntos asociados del Cártel de Sinaloa identificados como Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, acusados de haber conspirado con los adolescentes para ejecutar al objetivo del cártel. Esa causa, registrada bajo el número de caso 26cr402-TWR, se encuentra pendiente de resolución. Las investigaciones fueron conducidas por el FBI, el Departamento de Policía de Chula Vista, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Patrulla de Carreteras de California.
Publicidad
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, enfocada en desmantelar cárteles, pandillas transnacionales y redes de tráfico humano que operan en territorio estadounidense.
