El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó, el 25 de marzo de 2026, la que calificó como primera acusación criminal en la historia del país contra el propietario de una armería por brindar apoyo material al terrorismo, al presuntamente conspirar para enviar armas de fuego al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), ambas organizaciones designadas como terroristas extranjeras en 2025.
Laurence Gray, de 65 años de edad y residente de Hereford, Arizona, propietario de Grips by Larry, una armería con licencia federal ubicada a menos de 15 minutos del cruce fronterizo que une a Naco, Arizona con Naco, Sonora, en el condado de Cochise, compareció ante un tribunal federal en Phoenix, Arizona, para la lectura de cargos. El 17 de marzo de 2026, un gran jurado federal en esa ciudad presentó una acusación formal modificada contra Gray por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada.
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La acusación formal alega que Gray intentó suministrar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró para proveer armas tanto al CJNG como al CDS ese mismo año. Según documentos judiciales, entre las armas presuntamente proveídas por Gray a los cárteles mexicanos figuran pistolas Colt 1911, fusiles semiautomáticos Barrett M52A1, una ametralladora semiautomática Ohio Ordinance M-2-SLR y las versiones de largo y corto alcance de la ametralladora ligera semiautomática FNH M2492, esta última fabricada originalmente para tropas aerotransportadas militares.
El Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) designó al CJNG y al CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) el 20 de febrero de 2025, de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, mediante la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump. Dicha designación fue la que posibilitó los cargos de apoyo material al terrorismo contra Gray, ya que sin ella el caso se habría limitado a delitos convencionales de tráfico de armas.
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Gray había sido acusado previamente en 2025 de delitos de tráfico de armas, junto con su coacusado Barrett Weinberger, de 73 años de edad y residente de Tucson, Arizona. Los cargos originales contra ambos incluían tráfico de armas, complicidad en la compra de armas por testaferros y complicidad en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de un arma. La acusación formal sustitutiva del 17 de marzo de 2026 añadió las pruebas de apoyo material para los cargos de terrorismo exclusivamente contra Gray. Según los registros judiciales, tanto Gray como Weinberger se declararon no culpables ante la Corte Federal del Distrito Sur de Arizona en Phoenix. Además, el negocio de Gray habría perdido su licencia federal para vender armas.
El caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia que moviliza recursos para el combate a los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona en Phoenix, está a cargo del procesamiento, con número de caso CR-25-00835-PHX-DJH.
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Las penas máximas que enfrentaría Gray en caso de ser hallado culpable ascienden a 20 años de prisión por el cargo de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada; 15 años por tráfico de armas de fuego; 15 años por complicidad en la compra fraudulenta de armas; y 10 años por complicidad en declaración falsa durante la compra de un arma. Cada uno de esos cargos conlleva además una multa máxima de 250 mil dólares. La acusación formal es una imputación de conducta delictiva; todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.
