El presidente del Colegio Emilio Rabasa, Francisco Castro, señaló que hay otras prioridades, como la apertura de más salas en el ámbito de la justicia penal
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El Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. señaló que el Poder Judicial del Estado pretende reubicar a Rosarito dos salas del Tribunal Superior de Justicia habilitadas en Tijuana aun cuando “90% de los asuntos de su conocimiento” proceden de juzgados ubicados en el municipio fronterizo.
En un pronunciamiento emitido este viernes 6 de marzo la asociación civil presidida por Francisco Castro Trenti sostuvo que la decisión del PJE no se sustentó en estudios técnicos de acceso a la justicia; evaluaciones de impacto a justiciables y trabajadores del Poder Judicial; como tampoco en un análisis que demuestre una mejora en términos de eficiencia jurisdiccional.
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Conminó al presidente del PJE, Alejandro Isaac Fragozo López, a instalar una mesa técnica interinstitucional relativa al traslado de las salas; proporcionar estudios de viabilidad, eficiencia y eficacia que pudiera comportar la habilitación de los recintos tomando en cuenta el partido judicial de origen de los expedientes a desahogar.
Consultado por ZETA Francisco Castro Trenti recalcó que el presidente del PJE “ha venido diciendo desde los últimos meses del año pasado que dos salas de Tijuana que atienen asuntos de la Costa, de San Quintín hasta Tecate, se van a reubicar en Rosarito”.
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Sostuvo que “no hay una razón fundada para que se trasladen a Rosarito porque les va a complicar la existencia a los justiciables que tengan que trasladares a las salas”.
Consideró que con el porcentaje de expedientes procedentes de Tijuana la reubicación de las salas va a constituir “un caos” y “mucho conflicto judicial”.
La menor parte de los asuntos recae en Tecate y Rosarito, dijo y agregó: “Otro porcentaje no tan importante es el que viene de Ensenada, pero el centro de operación tiene que ser Tijuana, por las características propias donde se está ahorita para favorecer la movilidad y la operatividad tanto de las salas como de los justiciables”.
Manifestó que la zona en la que quedarían reubicadas las salas no ofrece condiciones favorables en cuestión de infraestructura. “Está absolutamente saturada. No hay estacionamiento, áreas de estacionamiento público, en la vía pública de la banqueta en los alrededores, mucho menos estacionamientos privados. Entonces vendrá de eso un grave problema”, refirió.
De acuerdo con el entrevistado, hay otras necesidades que requieren de atención inmediata. Tal es el caso de las salas de la justicia penal, manifestó Castro Trenti. “Son insuficientes, porque de haber 24 jueces, solamente hay 10 salas y entonces ahí comienza un gran retraso en la justicia penal para todos done llegan a fijarse expedientes que se judicializaron en el año 2023, apenas se está señalando la audiencia inicial”, reclamó.
Se pronunció por la apertura de una ciudad judicial.
El proyecto de ciudad judicial ejecutado a partir de la administración de Francisco Vega de Lamadrid quedó truncado en Tijuana, donde ya se contaba con una edificación, sobre el bulevar 2000, destinada al funcionamiento de un Centro de Justicia Penal, instancia que nunca operó en su totalidad. En tales instalaciones finalmente quedó albergada la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuya primera etapa fue inaugurada por la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de enero de 2026.
“Habría que pensar de manera a largo plazo en tener un área de una ciudad judicial, que ya lo requiere, en lugar de estarse poniendo a rentar edificios o buscar soluciones que más que beneficiar vienen a complicarle la vida al ciudadano”, expuso Francisco Castro Trenti.
