“Si no hacemos una limpia en los cuerpos de seguridad, en los tres órdenes de gobierno, no hay estrategia de seguridad que vaya a funcionar”, dijo el legislador
Luego de los señalamientos en contra de supuestos elementos de la Guardia Nacional que irrumpieron la madrugada del 4 de febrero en la casa del médico cirujano Carlos Altamirano, en Tijuana, para robar sus pertenencias, el diputado local Jorge Ramos Hernández, urgió sobre la necesidad de que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en el estado realicen de manera permanente la depuración policial.
“Estoy convencido de que si no hacemos una limpia en los cuerpos de seguridad, en los tres órdenes de gobierno, no hay estrategia de seguridad que vaya a funcionar. Si el criminal trae uniforme, trae radio, trae unidades y, sobre todo, trae información de inteligencia, va a ser prácticamente imposible resolver el problema.
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He estado insistiendo por años en que la depuración policiaca debe tenerse permanente en nuestro estado, el crimen tiene una capacidad de corrupción muy poderosa, en esta región circulan 95 mil millones de dólares anuales en tráfico de drogas, personas, armamento, dinero ilegal de corporativos internacionales”, mencionó Ramos.
Para lograr que la depuración policial sea una política de estado, el diputado aprovechó para anunciar que presentó, la mañana de este jueves 5 de febrero, un exhorto dirigido a los tres niveles de gobierno, para que presenten “a la brevedad” un programa de depuración policiaca, “que sea convincente” y “de revisión periódica”, exhorto que será presentado y votado en el pleno del Congreso el próximo jueves 12 de este mes.
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Asimismo, el legislador del Partido Verde informó que también presentó una iniciativa para que se cree una fiscalía especializada con autonomía, que se encargue de investigar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos que deberían encargarse de la seguridad de la población.
“Estoy presentando una iniciativa para crear una fiscalía especial para delitos cometidos por servidores de la seguridad en el estado de Baja California, que esa fiscalía tenga características de autonomía e independencia, para que pueda actuar de manera oficiosa y no reactiva como sucede actualmente. Los policías que hay detenidos no son producto de una investigación previa de estado, son por eventos que sucedieron, y en el trámite de investigación se pudieron dar cuenta que eran elementos efectivos”, comentó Ramos.
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El argumento para ambas propuestas es que tan solo en 2025 hubo, según el Diputado, 35 elementos de la policía municipal investigados y detenidos por su participación en delitos como secuestro, extorsión, protección de criminales y homicidios; mientras que de la policía estatal se suspendió a 18 elementos por presuntas participaciones en crímenes, entre robo de droga y extorsiones, lo que para él “es apenas la punta del iceberg de una problemática más grande”; así como que el caso registrado en el fraccionamiento Chapultepec no es aislado, pues de acuerdo con el legislador local ha habido dos o tres reportes similares, uno de ellos en Hacienda Agua Caliente.
“El diagnóstico de esto que estoy diciendo no es improvisado, tenemos 35 elementos de la policía municipal que actualmente tienen una carpeta de investigación, están detenidos en participaciones de secuestro, extorsión, protección de criminales y de homicidios, como el caso de Mexicali. La policía estatal tiene suspendidos a 18 elementos por presuntas participaciones en crímenes, entre robo de droga y participaciones en extorsiones, lo cual nos lleva a una suma de 43 policías efectivos en tan sólo el 2025. Para un estado de fuerza de 9 mil elementos de seguridad que tenemos en Baja California, si sumamos los siete municipios, la fiscalía, el sistema penitenciario y la policía estatal, pues 53 personas, yo creo que es apenas la punta del iceberg de una problemática más grande”, expresó Jorge Ramos.
