El letargo y la discrecionalidad en la que había operado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la titularidad de Pablo Gómez, parece haber llegado a su fin y recupera su fuerza para salvaguardar la integridad del sistema económico nacional bajo la conducción de Omar Reyes Colmenares, al dejar de lado las persecuciones políticas y dedicarse a prevenir y combatir el lavado de dinero, así como las alertas de financiamiento al terrorismo. Resulta obvio que la relación y colaboración con los Estados Unidos de América -en estos rubros- han presionado a las autoridades mexicanas para que eso suceda.
Prueba de ello es que durante 2024 la UIF de Gómez emitió 22 acuerdos de bloqueo e incluyó a 316 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), mientras que en 2025, tras el cambio de titular en agosto, y el arribo de Reyes, la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó el año con 78 acuerdos de esa naturaleza para congelar las cuentas bancarias de personas sospechosas de infiltrar el sistema financiero con dinero producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque en el informe anual no se reveló la cantidad de sujetos.
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Algunas de las acciones mexicanas han ocurrido inmediatamente después de las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro norteamericano, obligando la actuación de la UIF a congelar cuentas de banco a los personajes que son de interés para el gobierno vecino y algunos otros que colateralmente las autoridades hacendarias consideran forman parte de alguna estructura de blanqueo de capitales, que, sin prejuzgar, y de manera preventiva, son enlistados finalmente por ambos países.
Tan sólo el año pasado, en el segundo semestre se incrementaron las operaciones de inteligencia financiera en contra de sujetos relevantes por investigaciones motivadas por las agencias estadounidenses, como fueron los aseguramientos de cuentas bancarias a personas físicas y empresas presuntamente relacionadas con las principales organizaciones delictivas mexicanas, como el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluyeron a políticos, como la diputada federal morenista y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, y empresarios, como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, el Cande.
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Una de las acciones más recientes es la investigación que realiza el gobierno mexicano tras el desmantelamiento de un grupo delictivo vinculado al CDS por parte de la Policía Nacional de España y la Administración para el Control de Drogas (DEA) el 7 de enero, cuando fueron detenidas nueve personas acusadas por delitos contra la salud y lavado de dinero, que están relacionadas con empresas que comercializan mármol, piedra y otros materiales de exportación en los que se introduce la droga que cruza el océano hacia el viejo Continente.
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NÚMEROS DE LA UIF
Desde su creación en mayo de 2004, la UIF ha tenido como misión apoyar la detección de conductas delictivas mediante un proceso riguroso de recepción, análisis y diseminación de información financiera. Bajo los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la institución ha logrado articular una red de monitoreo que, durante el último año, captó un total superior a los 37 millones de reportes y avisos provenientes de diversos sectores de la economía.
El pilar central de la estrategia de prevención reside en el sistema financiero, el cual remitió a la UIF más de 27.5 millones de reportes a través de sus órganos reguladores. La relevancia de estos reportes radica en su capacidad para segmentar diferentes tipos de riesgos, permitiendo a la autoridad identificar patrones que podrían indicar el lavado de dinero o la movilización de recursos para fines terroristas. Uno de los rubros más voluminosos es el de las Operaciones Relevantes (ROR), con 13 millones 732 mil 875 reportes recibidos en 2025, un millón 626 mil 800 reportes menos que en 2024.
Por otro lado, los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) representan un nivel de análisis más profundo. En 2025, se registraron 391 mil 342 de estos reportes, unos 72 mil más que en el año inmediato anterior. Este tipo de alertas detalla las operaciones inusuales que son conductas o comportamientos transaccionales que no concuerdan con los antecedentes o la actividad declarada por el cliente, rompiendo con su patrón habitual de comportamiento. En cambio, los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP) cobraron especial relevancia con 918 registros en el año reportado contra 824, de 2024. Estos reportes se enfocan en las actividades y conductas de directivos, funcionarios y empleados de los sujetos obligados que puedan ser sospechosas.
Más allá de los bancos, la prevención se extiende a la economía real a través de las denominadas Actividades Vulnerables, reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Durante 2025, la UIF recibió un total de 10 millones 122 mil 662 avisos en este sector, casi un millón 800 mil pesos menos que en el año previo. El análisis de esta vasta cantidad de información no queda en la estadística; se traduce en acciones legales concretas.
Como resultado directo de su labor, en el año que acaba de pasar, la UIF presentó 150 denuncias ante diversas autoridades, principalmente la Fiscalía General de la República, involucrando a mil 329 sujetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Estas denuncias constituyen el paso final del proceso de inteligencia, transformando los datos en expedientes judiciales para su persecución penal. En
2024, apenas fueron 98 las denuncias presentadas en contra de 854 sujetos.
Paralelamente, la Lista de Personas Bloqueadas se reafirma como una medida cautelar de naturaleza preventiva de suma importancia. Durante 2025, se emitieron 78 acuerdos de incorporación a esta lista, cuyo objetivo es impedir que sujetos sospechosos de favorecer delitos previstos en el Código Penal Federal sigan operando financieramente mientras se resuelven sus situaciones jurídicas. Sin embargo, a través de suspensiones provisionales o definitivas, en juicios de amparo, muchas de las personas bloqueadas consiguen el descongelamiento de sus activos, pues así lo permite la legislación mexicana que hace valer el principio de presunción de inocencia.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Los asuntos más relevantes que se presentaron durante el año pasado fueron el aseguramiento de cuentas bancarias al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, perseguido por liderar al grupo criminal conocido como La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Sureste del país, y relacionado con secuestros, extorsiones y tráfico de hidrocarburos, quien fue detenido en la República de Paraguay y extraditado a México, donde también se le investiga por el delito de homicidio calificado, entre otros.
Un auténtico escándalo en Baja California resultó la designación de la OFAC de una presunta “Red de Playas de Rosarito”, que ha servido a los intereses de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y algunas de las empresas que operan en esta región fronteriza, para el lavado de activos, y en la que fueron involucrados por el gobierno estadounidense la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, así como los empresarios Candelario Arcega Aguirre, alias el Cande, y Jesús González Lomelí, el Chuy Lomelí, junto con varias de las compañías que representan o son socios mayoritarios.
La UIF les incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de sus cuentas bancarias en la segunda quincena de septiembre de 2025. En el caso del Cande se trata de empresas transportistas, y del Chuy Lomelí, sociedades mercantiles pertenecientes a la industria alimenticia y una más dedicada al transporte. Con excepción de la exalcaldesa de Rosarito, Arcega y Lomelí han conseguido actos suspensionales de amparo para desbloquear sus cuentas, pero los bancos aún no ejecutan tales medidas cautelares ordenadas por jueces de distrito.
El 13 de diciembre la UIF informó que en coordinación con la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa y empresas de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento. Se trata de siete personas físicas y 24 empresas con flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Entre las casas de juegos y apuestas enlistadas están el Midas Casino, en Playas de Rosarito, y el Casino Skampa, en Ensenada; Casino Palermo, ubicado en Nogales y Casinos Emine, en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa, y Midas Casino en Mazatlán, en Sinaloa. Otra acción conjunta, el 19 de noviembre, permitió identificar y bloquear a 19 objetivos (10 personas y nueve empresas) de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.
A principios de diciembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, acusado de encabezar una red de tráfico de combustible, drogas y armas. El dueño de la franquicia de Miss Universo se encuentra en calidad de testigo colaborador en la investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, desde hace un año, en contra de dicha red delincuencial que operaba en la Ciudad de México, Querétaro y Guatemala.
