Tijuana vuelve a colocarse en el centro del debate nacional por una serie de hechos que, más que aislados, revelan la persistencia de un modelo de seguridad pública incapaz de contener la violencia, de depurar sus instituciones y de ofrecer respuestas creíbles a la ciudadanía. En los últimos días, la ciudad ha sido escenario de narcomantas colocadas en espacios públicos —incluido un preescolar en Los Laureles—, ataques armados en zonas comerciales, incendios recurrentes y denuncias que involucran a elementos de corporaciones federales. Todo ello ha reactivado una discusión que nunca termina de cerrarse: ¿quién controla realmente la seguridad en Tijuana?
El episodio más simbólico fue la aparición de una narcomanta dirigida a mandos policiales, colocada en un plantel escolar. No se trató sólo de un mensaje criminal, sino de una demostración de capacidad operativa en un espacio que debería ser inviolable. La reacción oficial fue inmediata en el discurso, pero insuficiente en el fondo: se retiró la manta, se anunció una investigación y se reforzó la vigilancia en la zona. Sin embargo, el mensaje ya había cumplido su objetivo: exhibir la vulnerabilidad del entorno urbano y la facilidad con la que los grupos criminales pueden irrumpir en la vida cotidiana.
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A este hecho se sumó el ataque armado en la Plaza del Zapato, una zona comercial de alta afluencia. El incidente reavivó la discusión sobre la presencia de células delictivas en espacios turísticos y sobre la capacidad de las autoridades para prevenir agresiones en áreas que, en teoría, deberían estar bajo monitoreo permanente. La narrativa oficial insistió en que se trataba de un hecho “focalizado”, pero la ciudadanía percibe otra cosa: una ciudad donde la violencia puede aparecer en cualquier punto y a cualquier hora.
Uno de los elementos más delicados en la conversación pública ha sido la denuncia de asaltos presuntamente cometidos por elementos de la Guardia Nacional. Aunque la institución negó categóricamente la participación de sus agentes, el señalamiento abrió un flanco que Tijuana conoce demasiado bien: la infiltración, la corrupción y la falta de controles internos en corporaciones que deberían ser parte de la solución, no del problema. La sola posibilidad de que agentes federales participen en delitos patrimoniales alimenta la desconfianza y erosiona la legitimidad de la estrategia de seguridad.
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En paralelo, la ciudad enfrentó una serie de incendios —siete en dos días— que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia. Aunque no todos los incidentes están vinculados a actividades criminales, la simultaneidad y la magnitud generaron preocupación entre especialistas en gestión de riesgos. La región metropolitana, además, resintió los efectos del incendio en Rosarito, lo que evidenció la fragilidad de la coordinación intermunicipal.
Los actores institucionales han reaccionado con declaraciones que, lejos de tranquilizar, han profundizado la sensación de incertidumbre. Funcionarios municipales reconocieron que “la inseguridad no es percepción, es una realidad”, mientras que voces dentro del propio gobierno estatal han sugerido la necesidad de una “limpia” en la Policía Municipal, la Fuerza Estatal y la Guardia Nacional. El reconocimiento es importante, pero insuficiente si no se acompaña de acciones verificables, transparentes y sostenidas.
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En este contexto, la ciudadanía se encuentra atrapada entre dos narrativas: la oficial, que insiste en avances y contención, y la cotidiana, que experimenta asaltos, extorsiones, incendios, balaceras y mensajes criminales como parte del paisaje urbano. La brecha entre ambas versiones es, quizá, el síntoma más grave de la crisis de seguridad: un Estado que no logra convencer porque no logra proteger.
Tijuana necesita más que operativos reactivos. Requiere una estrategia integral que incluya depuración real, inteligencia financiera, coordinación binacional efectiva y una política social que atienda las causas profundas de la violencia. Mientras eso no ocurra, los hechos recientes no serán excepciones, sino capítulos de una historia que la ciudad ya conoce demasiado bien.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
