El 6 de febrero de 2026, el Gabinete de Seguridad federal afirmó que la investigación por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, permanece abierta y que habrá nuevas detenciones, al reconocer que aún faltan responsables por ubicar y capturar, incluidos mandos criminales que no se encuentran en el estado de Michoacán.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo en Morelia, Michoacán-, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, expuso que la indagatoria continúa activa con operaciones permanentes de inteligencia y coordinación con autoridades estatales y federales. El funcionario recordó que el homicidio del alcalde ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, donde el edil recibió varios disparos y fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida.
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García Harfuch señaló que, desde el asesinato del presidente municipal, el Gabinete de Seguridad ha trabajado en coordinación con el Gobierno de Michoacán, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las Fuerzas Armadas, con intercambio de información, inteligencia militar y naval que permitió concretar diversas detenciones vinculadas al caso. Entre los capturados mencionó a Samuel García Rivero y Josué Elogio N, a quienes se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por homicidio calificado, así como a Jorge Armando N, alias “El Licenciado”, identificado como líder de una célula delictiva y señalado como uno de los autores intelectuales del crimen.
El titular de la SSPC Federal también precisó que fue detenido Ricardo N, señalado como la persona encargada de trasladar a los sicarios después de la agresión contra el presidente municipal. Añadió que las investigaciones permitieron la captura de Jaciel Antonio N, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a actividades criminales, entre ellas al presunto autor material del ataque, un menor de edad. De igual forma, se aseguró a Alejandro Baruc N, alias “K-OS”, descrito como jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.
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García Harfuch informó que, además de los integrantes de la célula delictiva, fue detenido un funcionario público del Ayuntamiento de Uruapan por su presunta participación en el suministro de información al crimen organizado para facilitar la agresión contra el presidente municipal. En las audiencias judiciales, la Fiscalía expuso que dicho funcionario filtró detalles de la agenda y los movimientos del alcalde a través de aplicaciones de mensajería, lo que permitió a los agresores coordinar el ataque.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la investigación no se encuentra cerrada y que las autoridades federales sostienen reuniones semanales con las instancias de Michoacán para dar seguimiento al caso. Enfatizó que existen otros líderes delincuenciales considerados responsables del homicidio de Manzo Rodríguez que no se encuentran en el territorio michoacano, por lo que se mantienen labores de búsqueda y localización para proceder a su captura.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Federación mantiene acompañamiento directo al Ayuntamiento de Uruapan tras el asesinato del alcalde independiente. Señaló que permanece en contacto con la presidenta municipal sustituta, Grecia Itzel Quiroz García, y que se trabaja en la instalación de un cuartel de policía con la incorporación de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional al esquema de seguridad municipal, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
De acuerdo con los informes del Gabinete de Seguridad, las acciones en torno al caso de Uruapan se integran a una estrategia más amplia en Michoacán, que incluye el despliegue de elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, operativos coordinados con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como cateos, aseguramiento de equipos de comunicación y análisis de telefonía que han permitido robustecer la investigación. Las autoridades federales insistieron en que el objetivo es desmantelar por completo la estructura criminal implicada en el homicidio del presidente municipal y evitar que el crimen quede impune.
