La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 12 de febrero de 2026 que desde territorio mexicano “no hubo nada” que afectara el espacio aéreo en El Paso, Texas, después del cierre temporal decretado alrededor del aeropuerto de esa ciudad fronteriza, medida que fue revertida horas más tarde. La mandataria nacional sostuvo que el Gobierno de México no cuenta con información oficial que vincule drones operados desde México con las restricciones aplicadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).
Durante su conferencia matutina del 12 de febrero de 2026 en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posible presencia de “narcodrones” que habrían motivado el cierre del espacio aéreo en El Paso y respondió que “no hubo nada desde México” que generara afectaciones, al subrayar que las dependencias mexicanas no han recibido reportes oficiales sobre incursiones de drones desde este lado de la frontera. La titular del Poder Ejecutivo Federal añadió que, hasta ese momento, la información disponible provenía de declaraciones de autoridades estadounidenses, entre ellas la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi y el secretario del Transporte, así como de comunicados de la FAA que aludieron a “razones especiales de seguridad” sin mencionar directamente a México.
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Sheinbaum Pardo explicó que, según el seguimiento de su Gobierno, Pam Bondi hizo referencia ante el Congreso estadounidense a operaciones contra drones vinculados a cárteles del narcotráfico durante una comparecencia relacionada con el caso Jeffrey Epstein, en la que señaló que el ejército estadounidense está derribando drones de los cárteles y que ese tema debería concentrar la atención de los legisladores. La presidenta de la República remarcó que esas afirmaciones se emitieron en el contexto de la política de seguridad fronteriza de la Administración Trump, que impulsa acciones para neutralizar aeronaves no tripuladas presuntamente utilizadas por organizaciones criminales en la franja limítrofe con México.
El cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, inició la noche del martes 11 de febrero de 2026, cuando la FAA anunció restricciones de vuelo por “razones especiales de seguridad” que, en un primer momento, se proyectaron hasta el 20 de febrero del mismo año, con impacto en operaciones comerciales, de carga y de aviación general, incluyendo la zona aledaña de Santa Teresa, Nuevo México. Las restricciones fueron levantadas antes del mediodía del 12 de febrero de 2026, lo que ocasionó inconformidad entre autoridades locales, que reportaron desvíos de vuelos médicos y señalaron que no fueron notificadas de manera anticipada ni han recibido una explicación detallada incluso después de restablecido el tráfico aéreo.
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Versiones difundidas por medios estadounidenses como The Wall Street Journal, The New York Times y la agencia Associated Press, citando a fuentes del Gobierno de Estados Unidos, indicaron que el cierre aéreo se relacionó con planes del Pentágono para probar un sistema láser antidrones operado por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cuya activación no se coordinó plenamente con la FAA. De acuerdo con esas fuentes, la prueba del rayo láser buscaba derribar drones utilizados por cárteles de la droga en la frontera y derivó en fricciones entre el Pentágono y la FAA sobre las condiciones de seguridad para la aviación civil.
Al mismo tiempo, otras versiones difundidas por la cadena Fox News y distintos medios estadounidenses señalaron que el Gobierno habría derribado un globo de fiesta inicialmente confundido con un dron, lo que añadió confusión respecto a las causas reales del cierre del espacio aéreo. En sus reportes, algunos de estos medios atribuyeron el operativo a una incursión de drones de cárteles mexicanos, mientras fuentes anónimas mencionaron que pudo tratarse de una falsa alarma vinculada a las pruebas del sistema láser.
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En sus declaraciones ante legisladores estadounidenses, Pam Bondi sostuvo que la prioridad de las autoridades federales es enfrentar la amenaza que representan los drones en manos de grupos criminales y afirmó que los militares estadounidenses estaban derribando drones de cárteles, lo que, a su juicio, debía ser el foco de atención en el Congreso. La fiscal general utilizó el incidente de El Paso como ejemplo de la ofensiva contra aeronaves no tripuladas vinculadas al narcotráfico, mientras se discutían otros temas como la investigación del caso Jeffrey Epstein.
Sheinbaum Pardo insistió en que, pese a las expresiones emitidas en Washington, ninguna autoridad estadounidense ha mencionado a México en los comunicados oficiales divulgados tras el cierre del espacio aéreo en El Paso, ni ha presentado evidencia que confirme el uso de drones lanzados desde territorio mexicano en ese episodio específico. La mandataria nacional puntualizó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente al Gobierno de Estados Unidos una explicación sobre las causas de la medida adoptada por la FAA y que, hasta la mañana del 12 de febrero de 2026, no se había recibido una respuesta oficial detallada a través de los canales diplomáticos.
La decisión de cerrar brevemente el espacio aéreo en El Paso se produjo en un contexto de advertencias crecientes de autoridades estadounidenses respecto al uso de drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera, fenómeno que, según datos de agencias de seguridad de Estados Unidos, incluye vuelos no autorizados utilizados para el tráfico de drogas y otros tipos de contrabando. Tan sólo en el segundo semestre de 2024, autoridades estadounidenses reportaron la detección del equivalente a 150 drones diarios sobrevolando la frontera, cifra presentada como la estimación más reciente sobre la magnitud de esa actividad.
En este marco, la Administración Trump ha reiterado su intención de emplear capacidades militares para atacar objetivos vinculados al narcotráfico en América Latina, con el argumento de impedir la entrada de narcóticos ilegales a Estados Unidos, e incluso ha planteado públicamente la posibilidad de lanzar acciones contra posiciones en tierra asociadas a cárteles. El presidente Donald Trump ha señalado que su Gobierno atacaría “muy fuerte en tierra” a organizaciones criminales y ha vinculado la amenaza de los drones con la justificación de medidas más agresivas en la frontera y en territorio extranjero.
Agencias de seguridad estadounidenses como el Departamento de Seguridad Interna han advertido desde junio de 2025 sobre el potencial uso de drones por grupos criminales en la frontera con México y enviaron personal a territorio mexicano para capacitar a autoridades locales respecto a la respuesta frente a los llamados “narcodrones” y a las modalidades de empleo de estos artefactos por parte de los cárteles. Según esas dependencias, los grupos criminales utilizan sistemas aéreos no tripulados para transportar fentanilo y otras drogas, introducir contrabando en centros penitenciarios, vigilar a fuerzas de seguridad y realizar otras acciones que consideran una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En el plano político, legisladores republicanos como el senador John Cornyn respaldaron las decisiones de la Administración Trump respecto al cierre del espacio aéreo en El Paso y a las acciones contra drones vinculados a cárteles, al presentar a los grupos criminales mexicanos como una amenaza directa contra la seguridad de Texas y del resto de Estados Unidos. Cornyn señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno federal estadounidense deberían servir como recordatorio del riesgo que representan los cárteles en la frontera y expresó su apoyo a una postura más firme contra estas organizaciones.
Por su parte, la presidenta de la República reiteró que México investigará lo ocurrido mediante los canales institucionales correspondientes y mantendrá comunicación con las autoridades estadounidenses, pero enfatizó que, hasta contar con información oficial, la posición del Gobierno Federal es que no existe evidencia de que el cierre del espacio aéreo en El Paso tuviera relación con drones operados desde territorio mexicano. Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo de su Administración es esclarecer los hechos, evitar especulaciones y preservar una coordinación binacional en materia de seguridad que permita atender de manera conjunta los desafíos que plantea el uso de aeronaves no tripuladas en la frontera común.
