El 2 de marzo de 2025, un artículo de opinión publicado en The New York Times advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo enfrentó a los cárteles del narcotráfico en México, sino a una red de colusión política que limitó su margen de maniobra y que, de ser confrontada a fondo, podría poner en riesgo la estabilidad de su propia coalición de Gobierno. El texto, firmado por la periodista Mary Beth Sheridan y titulado “No son los cárteles lo que preocupan a Claudia Sheinbaum”, planteó que la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en impulsar acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano omitió la naturaleza política del fenómeno criminal y la profundidad de sus vínculos con autoridades locales y actores del partido gobernante Morena.
Sheridan sostuvo que el problema en México no se redujo a que los grupos del narcotráfico atacaran al Estado, sino a que con frecuencia formaron parte de él, al amparo de estructuras de poder regionales y de acuerdos con autoridades municipales y estatales. Según el artículo, enfrentar de manera frontal a estas redes implicó no solo perseguir a traficantes, sino desmantelar sistemas locales de protección política y enfrentar a funcionarios acusados de colusión, incluidos integrantes de Morena, lo que podría fracturar al partido rumbo a las elecciones intermedias y alterar el equilibrio interno entre las facciones leales a Sheinbaum Pardo y a su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
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Como ejemplo de estos vínculos, el texto citó el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, quien, según documentos de inteligencia militar, habría colaborado con un grupo criminal mientras ocupaba el cargo. Bermúdez Requena fue designado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena, quien negó conocer las presuntas actividades ilícitas de su ex colaborador, aunque, de acuerdo con el artículo, dichas explicaciones generaron escepticismo incluso al interior del partido oficialista. Sheridan retomó investigaciones académicas para recordar que la colusión entre autoridades y traficantes tuvo raíces históricas en México, y señaló que esta práctica no desapareció con la transición democrática ni con la estrategia de combate militar al narcotráfico iniciada en 2006.
El artículo describió a los cárteles actuales como poderes territoriales más que como organizaciones verticalmente centralizadas, con redes que entrelazaron a operadores criminales, alcaldes y gobernadores, incluidos algunos militantes de Morena. En este contexto, la autora argumentó que Sheinbaum Pardo pudo no temer personalmente a los cárteles, pero sí a las consecuencias políticas de confrontar de manera directa un sistema de colusión que, hasta ese momento, permitió la operación de estas organizaciones sin un rompimiento abierto con el statu quo. El texto advirtió que cualquier ofensiva sostenida contra los intereses de políticos vinculados al crimen podría provocar rupturas en la coalición gobernante y debilitar la posición de la presidenta frente a las elecciones legislativas.
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El análisis de Sheridan se publicó en un momento de alta tensión bilateral por las amenazas de Trump de utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles mexicanos. El presidente de Estados Unidos insistió en que los cárteles controlan amplias zonas del territorio mexicano y acusó públicamente a Sheinbaum Pardo de estar “atemorizada” por estas organizaciones y de no gobernar plenamente el país, al tiempo que planteó operaciones militares en el Caribe, el Pacífico e incluso en tierra firme en México, Centroamérica y Sudamérica. Para el Gobierno mexicano, estas declaraciones se sumaron a la presión generada por la designación de diversos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y por el despliegue de una campaña militar contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.
La presidenta de la República rechazó de manera reiterada la narrativa de que los cárteles gobiernan México y defendió que en el país gobierna el pueblo a través de las instituciones, además de oponerse a cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional. Sheinbaum Pardo señaló que la estrategia contra la violencia relacionada con el tráfico de drogas requiere corresponsabilidad, con énfasis en que Estados Unidos detenga el flujo de armas hacia México, combata el consumo interno de drogas y persiga a los distribuidores y lavadores de dinero en su propio territorio. En este marco, su Gobierno impulsó una cooperación intensa con la Administración estadounidense basada en el intercambio de inteligencia, la entrega de líderes criminales a cortes federales y la creación de grupos de alto nivel en materia de seguridad, subrayando al mismo tiempo la defensa de la soberanía.
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El texto del New York Times situó la posición de Sheinbaum Pardo entre dos presiones contrapuestas: por un lado, una superpotencia que exigió una cruzada militar contra los cárteles y, por otro, un sistema político nacional atravesado por acuerdos informales entre autoridades y grupos criminales. Según Sheridan, este doble frente complicó cualquier intento de “guerra total” contra el narcotráfico, pues mayor presión externa podía endurecer el discurso de defensa de la soberanía en México, mientras que una ofensiva interna contra políticos presuntamente coludidos podría fragmentar la coalición gobernante y alterar la correlación de fuerzas en Morena. En este escenario, la autora concluyó que el principal desafío para la presidenta no fueron solo los cárteles como organizaciones criminales, sino la red de colusión política que les permitió operar durante décadas y que condicionó el alcance de cualquier estrategia de seguridad.
