Durante la segunda semana de febrero, se marcaron dos precedentes importantes en relación con la violencia contra las mujeres que se vive en Baja California y en Mexicali.
El primero de estos fue el cierre legal del caso de Paola Andrea Bañuelos López, a quien le arrebataron la vida en julio de 2023; fue el pasado 11 de febrero de 2026 cuando se llevó a cabo la última audiencia de lectura de sentencia en contra de Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, a quien un juez de control le impuso una condena de 122 años y 10 meses de prisión por los delitos de desaparición y feminicidio en contra de la joven, de entonces 23 años.
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El segundo caso ocurrió el martes 10 de febrero, cuando, después de tres años del feminicidio de Daryela, un juez de control declaró culpable a Honorio “N” por la muerte de la joven de 24 años, a quien le había arrebatado la vida después de ocasionarle 34 heridas con un arma punzocortante.
Estos son ejemplos de que la violencia en contra de las mujeres persiste en Baja California, esto a pesar de que se encuentra vigente la alerta de género desde 2021 y de que, en la actual administración, existe un discurso de que “a la mujer no se toca”, cambiando incluso el Instituto de la Mujer a la Secretaría de las Mujeres.
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A pesar de lo realizado por la autoridad estatal, por lo menos en 2025 se registró un considerable aumento en el número de feminicidios en comparación con años anteriores, pasando de 20 casos en 2023, 38 en 2024 y llegando a 40 delitos de este tipo durante el año pasado.
Después de que se diera a conocer la sentencia en contra del feminicida de Paola Andrea, la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, comentaron que dicha pena de más de 122 años es una de las más grandes en la historia de Baja California, lo que refleja que estos casos en contra de las mujeres no quedarán impunes.
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Por otro lado, la diputada Michel Sánchez Allende declaró que este tipo de casos tan impactantes tienen que marcar un precedente en el estado, así como la sentencia, para que las personas que piensan en realizar ataques a las mujeres lo piensen dos veces antes de cometer un crimen similar; asimismo, puede ser un parteaguas para que tanto la fiscalía como el Poder Judicial apliquen la perspectiva de género.
Aplicación de la Ley Daryela
A partir de este mes de febrero, los ayuntamientos, el Ejecutivo estatal y el Congreso del Estado están obligados a empezar a capacitar a los funcionarios en cuanto a la perspectiva de género se refiere; de acuerdo con la diputada inicialista de la Ley Daryela, aquellos funcionarios que no sean sometidos a dicha capacitación podrán recibir sanciones administrativas.
Finalmente, hizo el llamado a que tanto los Institutos Municipales de las Mujeres como la Secretaría de las Mujeres, refuercen los trabajos en el estado para proteger a quienes han sido y podrían ser violentadas.
