El 11 de febrero de 2026, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, con una implementación gradual que concluirá en 2030. Con 121 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara alta avaló modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una sesión en la que grupos parlamentarios expusieron posiciones divergentes respecto a los alcances de la medida para los trabajadores del país.
La reforma aprobada establece que la reducción de la jornada se realizará de manera escalonada, iniciará con un límite de 46 horas semanales a partir de 2027 y alcanzará el umbral de 40 horas en 2030, lo que implica mantener seis días de trabajo con un solo día de descanso obligatorio durante todo el periodo de transición. El dictamen precisa que el cambio constitucional aplica a la jornada máxima de trabajo prevista en el artículo 123, Apartado A, y será obligatorio para los centros de trabajo comprendidos en ese régimen laboral.
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De acuerdo con la información legislativa difundida, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos aprobaron el proyecto de dictamen el 10 de febrero de 2026, lo que permitió que el pleno del Senado discutiera y votara la reforma en la sesión del 11 de febrero de 2026. La iniciativa original fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en diciembre de 2025, con el objetivo de modificar el régimen laboral constitucional para reducir la jornada máxima semanal y establecer un calendario de aplicación gradual entre 2026 y 2030.
En tribuna, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, respaldó el dictamen al señalar que la modificación constitucional representa una respuesta directa a las demandas históricas de las personas trabajadoras que laboran jornadas extensas. Bañuelos de la Torre afirmó que “esta reforma tiene nombre y apellido, son las y los trabajadores que salen de casa antes de que amanezca y regresan cuando ya es de noche”, y sostuvo que el diseño escalonado “reconoce la necesidad de una implementación gradual y ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos”.
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Durante la discusión, legisladores de diversos partidos expusieron reservas respecto a la configuración final del dictamen, en particular por la decisión de mantener un solo día de descanso obligatorio a la semana. El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que “esta reforma tal cual está planteada, no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores”, al señalar tres puntos: la ausencia de dos días de descanso obligatorios, la ampliación del tope de horas extra de 9 a 12 semanales con pago doble y el hecho de que los beneficios plenos se postergan hasta 2030.
En el posicionamiento de otros grupos parlamentarios se retomaron también las opiniones de organizaciones sindicales nacionales respecto a la reforma. La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional, leyó en la tribuna un comunicado de las principales centrales obreras del país, en el que se advirtieron riesgos asociados al diseño de la reducción de la jornada y a sus posibles efectos en las condiciones laborales, e indicó que “no es verdad que las centrales de trabajadores estén de acuerdo con esta reforma”.
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El dictamen aprobado por el Senado incorporó iniciativas de distintas fuerzas políticas y mantuvo como eje la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, coordinada con un esquema de transición plurianual para los centros de trabajo. Según lo avalado en comisiones, la reforma al artículo 123, Apartado A, deberá ser armonizada posteriormente en la legislación secundaria para definir aspectos operativos como la distribución de horarios, el tratamiento de las horas extraordinarias y las reglas específicas para sectores productivos con características particulares.
En los próximos meses, la reforma deberá ser remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, como parte del procedimiento constitucional requerido para las modificaciones a la Carta Magna. En caso de recibir la aprobación correspondiente y el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, el nuevo régimen de jornada laboral quedará incorporado al texto constitucional, y las autoridades laborales federales y locales tendrán que ajustar la normatividad y los esquemas de inspección para verificar su cumplimiento en los centros de trabajo del país.
