La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, el 24 de febrero de 2026, el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca frente a una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución, aprobada por unanimidad, consolida la situación jurídica del exmandatario panista, quien permanece en Estados Unidos sin posibilidad inmediata de un amparo federal que obstaculice su eventual detención.
El proyecto aprobado por el Pleno estuvo bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien planteó revocar la sentencia recurrida, negar el amparo contra la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022 —emitida por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez— y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. “El proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo contra la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022, emitida por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México y con residencia en Almoloya de Juárez y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo”, afirmó Batres Guadarrama durante la sesión del Pleno.
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En su intervención, el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la resolución fortalece el criterio jurisprudencial que impide a los jueces de amparo reemplazar al juez de control, al tiempo que les permite revisar la legalidad de sus determinaciones. La resolución tiene precedente en una serie de irregularidades documentadas en instancias judiciales inferiores que favorecieron al exgobernador a lo largo de varios años.
El 13 de febrero de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), a través de su Comisión de Disciplina presidida por Rufino H. León Tovar, resolvió inhabilitar por un año al juez federal Juan Fernando Alvarado López, séptimo de Distrito en Tamaulipas con adscripción en Reynosa, por faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional. Según la resolución del TDJ, el juzgador emitió determinaciones que favorecieron a García Cabeza de Vaca al concederle amparos que frenaron al menos dos órdenes de aprehensión relacionadas con los mismos delitos. La Comisión concluyó que no se trató de un criterio jurídico distinto, sino de un patrón de irregularidades y desacato a la ley, así como a la jurisprudencia de la SCJN.
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El caso contra García Cabeza de Vaca se remonta a 2022, cuando la Primera Sala de la SCJN invalidó, el 17 de agosto de ese año, una primera orden de aprehensión librada por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, al determinar que el entonces gobernador gozaba de fuero constitucional y que su Administración concluiría el 30 de septiembre de 2022. Una nueva orden de aprehensión fue emitida el 4 de octubre del mismo año, una vez concluido su mandato. El 12 de marzo de 2024, el Pleno de la SCJN estableció por ocho votos contra tres que los congresos estatales tienen la facultad de aceptar o rechazar el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando la FGR busca acusar penalmente a gobernadores, diputados y magistrados locales, criterio relacionado con el contexto jurídico del caso.
Tras conocerse la resolución del 24 de febrero de 2026, García Cabeza de Vaca respondió a través de sus redes sociales con acusaciones hacia el Poder Judicial y hacia Morena. “La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo para usarlo a su conveniencia política contra quien se opone, contra aquellos que no nos doblamos”, expresó el exmandatario. Asimismo afirmó, sin presentar ninguna prueba, que el llamado huachicol fiscal habría financiado campañas de Morena y sellado un pacto con el crimen organizado.
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García Cabeza de Vaca adelantó que continuará su defensa desde Estados Unidos. “Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria”, declaró. El exgobernador insistió en que la resolución de la SCJN no es definitiva dado que no se le ha imputado ningún ilícito formalmente en audiencia, aunque la orden de aprehensión vigente lo convierte en prófugo de la justicia mexicana. La inhabilitación del juez Alvarado López y la decisión unánime del Pleno de la SCJN cierran, al menos por el momento, los cauces judiciales que durante años frenaron la ejecución de la orden de aprehensión contra el exmandatario tamaulipeco.
