Las comisiones unidas de Trabajo, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa presidencial para reducir de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, sin incorporar la obligación de otorgar dos días de descanso a la semana, en medio de protestas de organizaciones sindicales que rechazaron el alcance de la reforma, el 10 de febrero de 2026.
Durante la sesión de comisiones, senadores de todas las bancadas avalaron el proyecto y lo turnaron al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación en sesión ordinaria, como parte del paquete de reformas laborales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo 2026-2030. Las organizaciones sindicales presentes fuera de la sede legislativa calificaron el dictamen como una versión limitada de la reducción de jornada, al no establecer en la Constitución el derecho a dos días de descanso semanales, una de las principales demandas de la representación laboral en el proceso de diálogo previo.
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El dictamen aprobado reforma el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, que se aplicará de manera gradual a partir de 2027, con reducciones de dos horas por año hasta llegar a ese límite en 2030, manteniendo íntegro el salario de las personas trabajadoras. El esquema contempla que en 2027 la jornada sea de 46 horas a la semana, en 2028 de 44 horas, en 2029 de 42 horas y, finalmente, en 2030 se consolide la jornada de 40 horas, como parte de un compromiso de Gobierno para una “República con trabajo y salario justo”.
Además de la reducción paulatina, el proyecto modifica el régimen de tiempo extraordinario al ampliar el límite de horas extra permitidas de nueve a 12 por semana, que podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días, con pago al doble conforme a la legislación vigente y con recargos superiores en caso de superar ese tope. El documento también precisa que la jornada diaria ordinaria de ocho horas no se modifica, por lo que el esquema apunta a cinco días de trabajo por semana, dejando a la negociación colectiva y a la reglamentación secundaria la organización de los descansos y turnos en cada centro laboral.
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En el debate dentro de comisiones, la única bancada que expresó reservas fue la del Partido del Trabajo, cuyo senador Alejandro González sostuvo que, aunque acompañarían el dictamen, el proyecto debió haber incorporado de manera explícita el descanso de dos días por semana y mayores restricciones a las horas extraordinarias para garantizar una reducción efectiva del tiempo de trabajo. González afirmó que la posibilidad de incrementar el uso de tiempo extra relativiza los beneficios de la disminución de la jornada ordinaria, al permitir que las empresas compensen las horas recortadas mediante esquemas de trabajo adicional.
Las protestas en las inmediaciones del Senado fueron encabezadas por la Mesa de Diálogo Sindical, la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, entre otras organizaciones, que anunciaron una campaña de movilización para exigir cambios al dictamen antes de su aprobación definitiva. Estas agrupaciones señalaron que la reforma, tal como fue enviada por el Gobierno Federal y ratificada en comisiones, posterga el disfrute pleno de la jornada de 40 horas hasta el año 2030 y mantiene márgenes amplios para el uso de horas extra, lo que, a su juicio, limita el impacto inmediato de la medida en la vida laboral y familiar.
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Al término de una reunión con senadores de las comisiones dictaminadoras, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, afirmó que la reforma fortalece los derechos laborales al reducir la jornada semanal sin afectar salarios y se construyó a partir de decenas de mesas de diálogo regionales y sectoriales con representantes sindicales, empresariales, académicos y autoridades. El funcionario indicó que “es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras y que, además, cuenta con el respaldo de un diálogo muy sólido que se dio con expertos, trabajadores y empleadores en todo el país”, al destacar que el diseño gradual busca una transición viable para las empresas.
Bolaños precisó que la reducción de horas devolverá tiempo a las personas trabajadoras para equilibrar su vida personal, familiar y laboral, además de efectos positivos en salud, bienestar y productividad, apoyado en experiencias internacionales donde la semana de 40 horas se encuentra generalizada. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) añadió que sectores como manufactura, comercio y servicios, que registran jornadas por encima de las 40 horas, serán centrales en la implementación gradual una vez que la reforma se apruebe por el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales.
En contraste, representantes sindicales consultados durante las movilizaciones insistieron en que la iniciativa “llega tarde y llega mal” al no incorporar el segundo día de descanso obligatorio y permitir un margen amplio de tiempo extraordinario, por lo que demandaron ajustes al texto antes de su votación en el pleno. Las organizaciones sostuvieron que, sin una restricción más estricta a las horas extra y sin un mandato claro de dos días de descanso, la reforma corre el riesgo de traducirse en cambios principalmente formales, sin una disminución real de las cargas de trabajo.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio la primera lectura al dictamen en la sesión plenaria y adelantó que el documento se someterá a discusión y votación en una sesión posterior, con lo que la Cámara alta se perfila como el primer filtro para una de las reformas laborales más relevantes del sexenio. De ser avalada por el pleno, la reforma se enviará a la Cámara de Diputados y posteriormente a los congresos estatales para su ratificación, con el objetivo de que el nuevo marco constitucional en materia de jornada laboral quede plenamente establecido antes de que inicie la aplicación gradual prevista a partir de 2027.
En el entorno empresarial, analistas y especialistas en derecho laboral han señalado que la transición hacia una jornada de 40 horas implicará ajustes organizativos, operativos y financieros, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, pero coincide con recomendaciones de organismos internacionales para reducir tiempos de trabajo sin afectar salarios. Firmas consultoras han subrayado que la reforma obliga a revisar modelos de turnos, contratación y productividad, pero también puede incidir en una disminución de accidentes de trabajo y en un mayor equilibrio entre vida laboral y personal, en línea con las tendencias de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En las próximas sesiones, el Senado definirá si mantiene sin cambios el dictamen aprobado en comisiones o si atiende parte de las demandas sindicales relacionadas con los días de descanso y las horas extra, en un contexto de presión de organizaciones laborales y seguimiento estrecho del sector empresarial. El desenlace legislativo marcará el ritmo y alcance de la implementación de la jornada de 40 horas hasta 2030, así como el grado de reconfiguración de las condiciones de trabajo para millones de personas en México en los próximos años.
