En Baja California, la depuración de las policías se quedó trunca cuando fue relevado el general Leopoldo Durán Aguilar como secretario de Seguridad del Estado. Primero lo hizo con la Policía Municipal de Mexicali asignada al Valle, de la cual se sabía estaba coludida con los Rusos, el grupo criminal del Cártel de Sinaloa que azota esa zona en complicidad con la organización mafiosa.
Después, el general relevó a la Policía de Tecate, un municipio que de Pueblo Mágico ha pasado a ser Pueblo Trágico, ante los constantes enfrentamientos de los cárteles de la droga que disputan ese territorio fronterizo que utilizan para el tráfico de personas y de drogas. De manera particular, la alianza Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Arellano Félix pelean a sangre y plomo esa región al Cártel de Sinaloa. El resultado es asesinatos, balaceras, desaparecidos, mutilados…
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La totalidad de la Policía de Tecate fue relevada de sus puestos para practicarles, de nueva cuenta, los exámenes de control, evaluación y confianza. Mientras eso sucedía fue la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California la que entró a hacer las labores de la policía preventiva municipal. Pocos pasaron los exámenes, otros, se demostró estaban coludidos con las organizaciones criminales, y la mayoría permanece en la impunidad.
Luego siguió con la policía municipal de Rosarito. Sucedió lo mismo, relevo de la municipal, entrada de la FESC, aprobados y reprobados, pero pocos investigados.
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Pero aun con esos ejercicios que no terminan en investigaciones en los casos específicos de policías que están relacionados con alguno de los muchos cárteles que delinquen en Baja California, y se intenta depurar a las corporaciones, la estrategia ya no se continuó. Faltan cuatro municipios en los cuales urge practicar los exámenes de control y confianza a los policías: Tijuana, donde está la corporación más numerosa; Ensenada, una de las más señaladas; San Quintín y San Felipe, los nuevos municipios, pero no por ello libres de ciclos viciosos criminales y corrupción en sus corporaciones.
La propia FESC, la que releva a las policías municipales cuando son retiradas para practicarles los exámenes, no ha sido depurada, o al menos no se conoce públicamente que hayan sido relevados en partes o grupos para practicarles los mismos exámenes, pero sí se han visto inmiscuidos en actos delictivos.
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El 4 de octubre de 2025, se reveló que un comando de policías de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California había participado, junto al Cártel de los Arellano Félix, en el robo de 180 kilogramos de droga. La denuncia, por increíble que parezca, la hizo el cártel contrario, el de Sinaloa, por vías anónimas a policías que sabían que investigarían.
Durante semanas se investigó el robo de los 180 kilogramos de droga, pero a la fecha no se ha informado del resultado a la ciudadanía. 14 elementos de la FESC fueron suspendidos; algunos ya han regresado a sus labores y otros están en la espera a hacerlo. Pero de quienes participaron en el hurto, en vehículos oficiales, nada se sabe. Por supuesto, tampoco se sabe dónde terminó la droga.
Hace unos días, la noche de una familia encabezada por doctores fue interrumpida cuando, de golpe, un comando de la Guardia Nacional (es decir, en unidad de la Guardia Nacional, con uniformes de la Guardia Nacional, con herramientas de la Guardia Nacional, con insignias de la Guardia Nacional y armas de las que porta la Guardia Nacional) irrumpió en su hogar por la fuerza.
Con su unidad, aparentemente de la Guardia Nacional, derribaron el portón de madera de la casa en la que los médicos residían; era con lo que se protegían de extraños y delimitaban el frente de su vivienda. Entraron, se presentaron como policías federales (De hecho, lo eran, antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareciera la Policía Federal para crear la Guardia Nacional) y entraron por la fuerza a la casa. Sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo, así, por sus armas (eran más que pistolas), catearon la casa. No dijeron qué buscaban. Pero sí sometieron al médico, mientras su mujer subió al balcón de su casa y, desesperada, comenzó a pedir ayuda a los vecinos.
Como muchos mexicanos que tienen la capacidad para ello, la casa de los médicos está habilitada con sistemas de seguridad de videovigilancia, por lo que cámaras, dentro y fuera del hogar, captaron de manera clara, precisa, los momentos en que los hombres identificados como policías federales, y vestidos oficialmente como guardias nacionales, inspeccionan toda la casa, toman cosas de valor, incluso una maleta, y se van con el producto de su robo.
No iban a detener a alguien, no iban a catear una casa en busca de sustancias o dinero ilegales; iban a robar y así lo hicieron. Se llevaron lo que a su ver tenía un alto valor y se retiraron dejando el caos detrás, y a una familia y una comunidad aterrorizada.
No es la primera ocasión que casos como este suceden en Tijuana. Hace no muchas semanas, en estas páginas de ZETA se publicó un reportaje sobre una banda de ladrones que actúa así como lo hicieron los que fueron con uniformes de la Guardia Nacional a robar a una casa. Pero en todos los casos hay una coincidencia: los ladrones van con vestimenta oficial de corporaciones policíacas, y en unidades de las usuales en las corporaciones policíacas.
La cuestión es que ni la fiscal general del Estado, Elena Andrade, ni el general secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, ni ninguno de los secretarios o directores de seguridad de los siete municipios que comprenden el Estado, y por supuesto menos el recién llegado coordinador de la Guardia Nacional, el general David Morales Hernández, han referido públicamente que hayan localizado o estén investigando a comandos de delincuentes con uniformes y unidades clonadas para dar la impresión que se trata de elementos de las corporaciones legítimas. Nada de ello han dicho. Tampoco queda claro que estén investigando a los suyos, para dar con los policías que infestan las corporaciones con la comisión de delitos y una corrupción más que evidente.
