La mañana de este 17 de febrero de 2026, Teófila González Lozada quedó formalmente designada, como encargada de despacho de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, en sustitución de Victorino Porcayo Domínguez, quien fue transferido a la delegación de Chihuahua.
Según versiones extraoficiales de autoridades federales, el nombramiento de Teófila González ocurrió luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, intervino para echar abajo la designación de Aníbal Castro Borbón, exjuez federal radicado en Sonora; quien fue señalado de emitir 15 resoluciones que favorecieron a delincuentes por García Harfuch en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en mayo de 2025.
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Previo al martes 17 de febrero, Teófila González Lozada ya estaba en Baja California, desempeñándose como fiscal en jefe en Ensenada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con una maestría en Derecho procesal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), de Tijuana, Baja California.
Entre los diversos cargos que ha desempeñado dentro de la FGR fue agente del Ministerio Público en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Tijuana, Baja California; y en Guanajuato, Guanajuato. En 2015, fue subdelegada en Baja California y posteriormente, directora de área.
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En 2016, se desempeñó nuevamente como agente del Ministerio Público adscrita a Veracruz, donde llegó a ser subdelegada sustantiva.
Antes, en noviembre de 2005, en Chihuahua, la presidenta de la Asociación de Abogados Postulantes Independientes (AAPI), Mardia Astorga, aseguró que cuatro agentes de Ministerio Público, adscritos a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre los que se encontraba Teófila González Lozada, “cobraban cuotas de miles de pesos por dejar libres a detenidos” sin importar si eran inocentes o culpables.
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Astorga afirmó que la AAPI había presentado denuncias ante el entonces delegado de la PGR en Chihuahua, Rolando Alvarado y el entonces procurador federal, Daniel Cabeza de Vaca. Esta última denuncia, provocó que la organización recibiera amenazas.
El 3 de febrero de 2025, la fiscal General de la República Ernestina Godoy Ramos visitó Baja California, donde tuvo una reunión con personal y mandos de la institución, entre quienes se encontraban Teófila González Lozada, como fiscal en jefe de Ensenada y Andrea Guzmán Leyva, fiscal en jefe en Mexicali.
