La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició el 5 de febrero de 2026 un procedimiento sancionador de oficio para expulsar al ex alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y al ex director del Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal, tras su detención por presuntos hechos de corrupción, secuestro y vínculos con la delincuencia organizada. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún partido político, y menos Morena, puede convertirse en un “paraguas” para delinquir, y pidió revisar los presuntos nexos de la nueva alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez, con el crimen organizado.
En sus conferencias matutinas posteriores al operativo federal en Tequila, la presidenta de la República explicó que la detención de Rivera derivó de “muchísimas denuncias” presentadas por empresarios y ciudadanos ante el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República. Sheinbaum Pardo sostuvo que los procedimientos penales contra el ex alcalde y otros funcionarios de Tequila se iniciaron a partir de esas denuncias y de las investigaciones que las autoridades integraron como sustento para solicitar órdenes de aprehensión.
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La mandataria nacional subrayó que la detención del ex presidente municipal se realizó en el contexto de la llamada Operación Enjambre, una estrategia federal dirigida a combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, particularmente en regiones con actividad económica estratégica como la industria tequilera. En ese marco, señaló que las investigaciones apuntan a que Rivera encabezó una red de corrupción dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales presuntamente extorsionaban a empresarios y comerciantes, además de desviar recursos públicos.
En respuesta a cuestionamientos sobre la responsabilidad de Morena en la postulación de Rivera Navarro, Sheinbaum Pardo afirmó que “ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse” y que cualquier funcionario señalado debe enfrentar la justicia cuando existan denuncias e investigaciones con pruebas. La presidenta insistió en que los procesos penales contra alcaldes y servidores públicos no responden a persecuciones políticas, sino a denuncias ciudadanas documentadas que derivan en investigaciones formales y en la intervención de jueces.
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Tras la designación de Marisol Rodríguez como alcaldesa de Tequila por decisión del cabildo local, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue consultada sobre las acusaciones de presuntos vínculos de la nueva autoridad municipal con el crimen organizado. En conferencia del 10 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo respondió que “hay que revisarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella, porque tiene que resolver el tema que dejó el alcalde”, y agregó que se analiza si existe alguna denuncia en su contra.
La presidenta de la República señaló también que la nueva alcaldesa no fue electa directamente por los habitantes de Tequila, sino por el cabildo municipal, conforme al procedimiento legal aplicable tras la vacante en la presidencia. Ante ese contexto, indicó que pidió a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mantenerse cercana al municipio para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la nueva administración y al clima de seguridad.
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En días recientes se difundió un video en el que presuntamente aparece Marisol Rodríguez cantando un corrido dedicado a un líder del crimen organizado, lo que alimentó cuestionamientos públicos sobre sus posibles vínculos con grupos delictivos. Frente a estas acusaciones, Sheinbaum Pardo reiteró que corresponde a las autoridades competentes revisar si existen denuncias formales y, en su caso, abrir investigaciones, al tiempo que insistió en que el Gobierno Federal debe apoyarse en la participación ciudadana y en las denuncias para actuar en contra de cualquier red de corrupción o delincuencia.
En paralelo, la presidenta expuso que, tras la detención del ex alcalde de Tequila, instruyó al Gabinete de Seguridad a fortalecer la revisión de perfiles de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular para evitar que personas con presuntos nexos con el crimen organizado accedan a responsabilidades públicas. Afirmó que todas las personas que se presenten como candidatas o candidatos deben estar sujetas a escrutinio y a cruces de información cuando existan señales de riesgo, con el objetivo de impedir que redes delictivas se consoliden dentro de ayuntamientos u otras estructuras de gobierno.
