El 14 de febrero de 2026, trabajadores mineros, estudiantes y familias realizaron marchas y actos de protesta en al menos seis estados del país para exigir justicia por el asesinato y desaparición de sus compañeros en el municipio de Concordia, Sinaloa, así como mayores garantías de seguridad para el sector. Las movilizaciones se articularon en torno a la consigna “Los mineros estamos de luto” y al grito “¡Nos faltan 10!”, en referencia a los diez trabajadores de la empresa Vizsla Silver secuestrados el 23 de enero de 2026, de los cuales cinco fueron localizados sin vida en fosas clandestinas. El gremio minero rechazó la versión oficial que atribuyó los hechos a una supuesta “confusión” de grupos criminales y denunció un patrón de extorsiones y control territorial por parte de la delincuencia organizada en regiones mineras.
Las protestas se llevaron a cabo en entidades del norte, centro y Bajío, con la participación de contingentes que incluyeron trabajadores en activo, estudiantes de carreras relacionadas con la minería y familiares de las víctimas. En Sonora, aproximadamente tres mil personas marcharon en Hermosillo desde las oficinas de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) hasta la Catedral Metropolitana, donde guardaron un minuto de silencio y colocaron moños negros mientras portaban mensajes como “Los mineros merecemos volver a casa”. En Chihuahua, el contingente avanzó de la Glorieta de Pancho Villa hacia la Plaza del Ángel, encabezado por la familia de Jesús Antonio de la O Valdez, quien fue mencionado entre las víctimas vinculadas al caso Concordia, y cuestionó con pancartas las declaraciones de autoridades federales con frases como “¿Y cómo confundirnos?”.
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En Durango, la movilización llegó al Palacio de Gobierno tras recorrer la calle 20 de Noviembre, donde mineros locales denunciaron la presencia de retenes del crimen organizado en los accesos a la sierra y señalaron que la inseguridad los obliga a negociar con grupos delictivos para poder trabajar. Uno de los participantes, identificado como el minero Jorge Villegas, expuso que en las zonas donde laboran encuentran vehículos y retenes de civiles armados, mientras que no observan presencia de patrullas de corporaciones oficiales, y relató que algunos trabajadores son dejados continuar su camino, pero otros sufren despojos de pertenencias. Los asistentes en Durango portaron globos blancos, color que predominó en su vestimenta como símbolo de una petición de paz, y llevaron la bandera de México como expresión de unidad del gremio.
En el centro del país, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se realizó una guardia de honor en el Monumento al Minero, donde integrantes de los distritos de Pachuca y Zimapán colocaron coronas fúnebres en memoria de los trabajadores de Concordia. Durante el acto, los participantes señalaron que los sobornos y la ausencia de una estrategia gubernamental efectiva en materia de seguridad han dejado al sector minero en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la delincuencia organizada. En Zacatecas, familias completas se concentraron frente al Palacio de Gobierno para exigir garantías de seguridad, y durante la movilización se escucharon los nombres de José Ángel e Ignacio, ingenieros zacatecanos asesinados en el caso Concordia, acompañados del grito “¡No murieron, los mataron!”.
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Rubén del Pozo, presidente de la AIMMGM en Zacatecas, afirmó ante periodistas que el asesinato y desaparición de los trabajadores de Vizsla Silver representó un hecho inédito para la comunidad minera de la entidad y obliga a redoblar esfuerzos de vigilancia en las regiones donde se desarrollan proyectos extractivos. Declaró que reconocen los esfuerzos de seguridad que se realizan, pero consideró que resultan insuficientes y sostuvo que es necesario dirigir la mirada hacia las regiones mineras. Añadió que es la primera vez que un suceso de esta naturaleza alcanza al gremio de esa forma y que el sector superó los riesgos propios del trabajo en minas para enfrentar ahora riesgos de seguridad fuera de los yacimientos. En San Luis Potosí, decenas de personas se congregaron en la Plaza de Armas con mantas en las que se leía “Por los mineros que ya no están y por los que estudian que merecen un futuro sin miedo”, en alusión tanto a las víctimas de Concordia como a los jóvenes que se preparan para ingresar a la industria.
Las movilizaciones del 14 de febrero se inscribieron en una jornada de protesta que inició el 11 de febrero de 2026 en Guanajuato, donde integrantes del gremio realizaron una marcha nocturna con veladoras en mano para exigir justicia por los trabajadores de Concordia y demandar condiciones de seguridad en las zonas mineras. Según las convocatorias difundidas por capítulos de la AIMMGM, las acciones de protesta continuarían con una ofrenda de veladoras y flores blancas en la Plazuela Morelos en Concordia, Sinaloa, durante la tarde del 14 de febrero, y el día 15 de febrero del mismo mes y año se previó una marcha pacífica en Taxco, Guerrero, considerada un punto histórico de la minería en el continente americano. Estas actividades fueron planteadas como cierre de una jornada nacional de lucha cuyo objetivo principal consistió en visibilizar el impacto de la violencia en la actividad minera y exigir a las autoridades investigaciones exhaustivas del caso.
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Los diez trabajadores de Vizsla Silver desaparecieron el 23 de enero de 2026 cuando un grupo armado irrumpió en viviendas o instalaciones utilizadas como alojamiento para el personal de la empresa en el municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa. Posteriormente, cinco de ellos fueron localizados sin vida en fosas clandestinas en el poblado de El Verde, en la misma demarcación, lo que generó pronunciamientos de organizaciones del sector minero y de familiares que rechazaron versiones oficiales que apuntaban a una posible confusión con integrantes de grupos criminales. La AIMMGM y otras agrupaciones señalaron que la desaparición y asesinato de los trabajadores se desarrolla en un contexto de disputas armadas, desplazamientos forzados y presencia de organizaciones delictivas en Concordia y zonas cercanas, donde además se reporta actividad de minería ilegal.
En este contexto, la Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que la violencia contra empresas y trabajadores del sector compromete la competitividad del país, al incrementar costos operativos y afectar la continuidad de proyectos. Según datos recientes de la Camimex, el 97 por ciento de las empresas mineras en México reportaron haber sido víctimas de algún tipo de delito durante 2025 y estimaron que la inseguridad eleva hasta en 5 por ciento los costos y provoca mermas de producción de hasta 7 por ciento. Estas afectaciones se registran principalmente en operaciones alejadas de centros urbanos y abarcan delitos como robos de insumos, extorsiones, sustracción ilegal de minerales, secuestros y asesinatos en rutas de transporte, con entidades como Durango, Zacatecas y Guanajuato entre las más impactadas.
Organizaciones del gremio minero difundieron posicionamientos en los que manifestaron que “la minería está de luto” y expresaron apoyo y solidaridad con las familias de los trabajadores desaparecidos y asesinados en Concordia. En dichos pronunciamientos, el sector condenó los hechos de violencia, exigió acciones de seguridad que protejan a quienes laboran en la industria y en cualquier lugar del territorio nacional y llamó a que se garantice el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener justicia efectiva. La Camimex y la AIMMGM solicitaron al Estado mexicano que asegure condiciones para que la actividad minera se ejerza con dignidad y respeto a la vida, y plantearon la necesidad de fortalecer las tareas de procuración de justicia y la coordinación entre autoridades y empresas en las regiones mineras.
