El 10 de febrero de 2026, Transparencia Mexicana informó que México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, correspondiente al año 2025, lo que representa un avance mínimo respecto a los 26 puntos registrados el año anterior y mantiene al país en la posición 141 entre 182 naciones evaluadas.
De acuerdo con la organización, la percepción de alta corrupción en el país deriva de fenómenos como el huachicol fiscal, la extorsión ejercida por autoridades en distintos niveles de gobierno, la impunidad en casos conocidos y la discrecionalidad en contrataciones públicas.
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El informe detalló que el huachicol fiscal, consistente en la introducción de combustible de contrabando mediante redes de complicidad con funcionarios públicos, representó en 2025 una pérdida fiscal cercana a 610 mil millones de pesos, cifra equivalente a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex. Transparencia Mexicana explicó que enfrentar estas prácticas demanda fortalecer las capacidades estatales, consolidar la cooperación internacional y priorizar la protección de los recursos públicos.
El IPC, medido mediante encuestas a diversos sectores, integró 13 fuentes de datos de 12 instituciones para los años 2024 y 2025. Con el resultado obtenido, México se ubica como el país peor evaluado dentro de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la penúltima posición del Grupo de los 20 (G20), solo por encima de Rusia, que registró 22 puntos.
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En América Latina, el país se situó por encima de Guatemala (26 puntos), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), pero por debajo de Brasil (35) y Chile (63), considerados sus principales competidores económicos regionales. A nivel global, Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) obtuvieron las mejores calificaciones.
El documento destacó además la persistencia de la extorsión como uno de los delitos más comunes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y fuentes del sector privado, 16 de cada 100 empresas reportaron haber sido víctimas de este delito, afectando principalmente a micro y pequeñas unidades económicas. Asimismo, seis de cada diez personas en el país manifestaron haber enfrentado actos de corrupción o extorsión policial.
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Entre los casos recientes, se registró la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de vínculos con el crimen organizado y de instaurar en el municipio un sistema de cobros ilegales que afectaba tanto a pequeños comerciantes como a grandes productores tequileros.
El análisis de Transparencia Mexicana concluyó que el estancamiento en la evaluación del IPC refleja la necesidad de una respuesta institucional más contundente para combatir la corrupción estructural y la impunidad en los distintos niveles de gobierno.
