Jueces y magistrados federales denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) cinco reformas constitucionales y legales impulsadas por Morena en 2024 y 2025, al considerar que dificultan el cumplimiento de sentencias internacionales y vulneran la independencia judicial, mientras que el sector patronal advirtió que la acumulación de cambios normativos genera cautela entre inversionistas y pone en riesgo la certidumbre económica del País.
El escrito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) fue presentado el 2 de diciembre de 2025 en calidad de amicus curiae y la CoIDH lo tuvo por recibido el 2 de febrero de 2026, notificando al Gobierno de México, a las víctimas de los casos involucrados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización judicial señaló que las reformas cuestionadas endurecen los requisitos para que los ciudadanos promuevan juicios de amparo y obtengan suspensiones, amplían el margen de las autoridades para incumplir sentencias de amparo, consolidan la militarización de la Guardia Nacional y la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, e instauran la elección por voto popular de todos los integrantes del Poder Judicial.
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La CoIDH anexó el documento de la JUFED a los expedientes de supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas en los casos Radilla Pacheco, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, en los que desde hace más de 15 años mantiene abierto un seguimiento a las obligaciones del Estado mexicano. Según la JUFED, la decisión de militarizar de manera permanente la seguridad pública contraviene los criterios del tribunal interamericano sobre la restricción del fuero castrense y la separación entre autoridades militares y civiles, así como las órdenes internacionales de eliminar el arraigo y modificar la prisión preventiva oficiosa, que México mantiene vigentes pese a una sentencia notificada en enero de 2023.
En el mismo escrito, la asociación de juzgadores recordó que desde enero de 2023 el Estado mexicano no ha cumplido con la orden de la CoIDH de eliminar la prisión preventiva oficiosa, y que el Poder Judicial federal acumuló miles de amparos contra la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó un proyecto para obligar a los jueces a inaplicar la prisión preventiva oficiosa, pero dicho asunto no se votó, mientras que la nueva Corte electa por voto popular mantiene pendiente la definición sobre el tema.
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La JUFED solicitó a la CoIDH medidas cautelares para frenar la aplicación de las reformas, entre ellas que se ordenara al Estado mexicano abstenerse de aplicarlas, que se convocara a una audiencia pública y que se declarara el incumplimiento de la sentencia relativa a la Ley de Amparo, pero la petición fue rechazada. La Secretaría de la Corte Interamericana respondió que, conforme al artículo 27 de su Reglamento, solo las víctimas pueden pedir ese tipo de medidas, aunque indicó que las personas juzgadoras pueden acudir a la CIDH, como vía inicial para la apertura de un posible caso contencioso contra el Estado mexicano.
De manera paralela, la JUFED anunció que prepara un expediente para presentar ante la CIDH sobre la elección judicial realizada en junio de 2025, en el que documentará presuntas irregularidades en la organización del proceso, uso de “acordeones” para orientar el voto y presiones institucionales contra jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial. La asociación sostuvo que los cambios aprobados al Poder Judicial de la Federación, que incluyen la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades sancionadoras y la elección masiva de jueces y ministros mediante listas y tómbolas, implican un retroceso en la independencia judicial y un riesgo para las garantías de los justiciables.
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En el ámbito económico, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la acumulación de reformas recientes, especialmente en materia judicial y electoral, ha encendido señales de cautela en los mercados interno y externo, por lo que consideró que no es momento de introducir cambios que debiliten los pilares institucionales del País. El organismo patronal sostuvo que México requiere inversión con certidumbre, lo cual demanda seguridad para operar en carreteras, parques industriales y centros logísticos, combate a la extorsión, certeza jurídica, confianza institucional y disponibilidad suficiente de energía con reglas claras para la participación pública y privada en el sector.
La Coparmex subrayó que en los últimos años la acumulación de reformas ha generado un ambiente de prudencia entre los inversionistas, lo que demuestra que la confianza no se decreta, sino que se construye con estabilidad regulatoria, diálogo y respeto a las instituciones. En un posicionamiento reciente, el sindicato patronal afirmó que las iniciativas que profundizan la polarización o abren cuestionamientos jurídicos pueden poner en riesgo compromisos internacionales y afectar directamente la competitividad, al tiempo que recordó que el principal freno a la inversión ya no es financiero, sino institucional.
El sector patronal señaló que cualquier estrategia de promoción de inversiones debe ejecutarse con acciones específicas y medibles, así como con un uso responsable y transparente de los recursos públicos. La Confederación insistió en que la estabilidad económica y jurídica debe ser un compromiso innegociable y que los esfuerzos gubernamentales no pueden dispersarse en debates que generen división o incertidumbre, en un contexto en el que la prioridad es fortalecer el crecimiento económico para garantizar bienestar a las familias.
En este escenario, la reforma judicial que instauró la elección popular de jueces y ministros, la reforma electoral en preparación y las modificaciones al juicio de amparo se han convertido en factores centrales del debate sobre el Estado de derecho y la confianza de los inversionistas en México. Mientras la JUFED recurre a organismos internacionales para denunciar lo que considera un debilitamiento de la independencia judicial, la Coparmex plantea que la preservación de la institucionalidad y de los contrapesos jurídicos resulta indispensable para aprovechar las oportunidades de inversión y evitar una erosión de la competitividad nacional.
