El 17 de febrero de 2026, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el desvío de 5 millones de pesos de recursos federales destinados a programas sociales en 2012. La resolución mantiene al exmandatario en prisión, a pocas semanas de que concluyera la sentencia de nueve años de cárcel que cumple desde 2018 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Durante una audiencia de aproximadamente diez horas realizada en el Reclusorio Norte, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Duarte de Ochoa por el desvío de recursos federales enviados por el Gobierno Federal a Veracruz para programas de apoyo a población vulnerable. La decisión implicó imponer prisión preventiva justificada y fijar un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el cual la defensa y el Ministerio Público deberán aportar pruebas adicionales.
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Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en noviembre de 2012 la Secretaría de Salud federal transfirió 10 millones de pesos al Gobierno de Veracruz para un programa social dirigido a niñas, niños y personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. De ese monto, 5 millones de pesos se habrían aplicado al programa autorizado y los otros 5 millones se utilizaron para cubrir compromisos financieros y gastos propios del Gobierno estatal, sin reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, lo que para la autoridad ministerial configura el delito de peculado.
En la audiencia, la fiscalía especializada expuso 38 datos de prueba para sostener que, cuando Duarte de Ochoa ocupaba la gubernatura de Veracruz, instruyó y permitió la reasignación de recursos federales etiquetados a fines distintos a los autorizados. En un caso previo, la FGR ha sostenido que el exfuncionario firmó decretos que habilitaron el uso de recursos originalmente dirigidos a sectores vulnerables para el pago de nómina y otros compromisos financieros de la administración estatal, lo que forma parte del patrón de desvío de recursos atribuido al exgobernador.
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Duarte de Ochoa rechazó los señalamientos durante la diligencia y sostuvo que no ordenó el desvío de recursos. El exmandatario declaró ante el juez que él ocupó el cargo de gobernador y no la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que cuestionó que se le atribuyera la coautoría del delito; aseguró además que los recursos involucrados eran estatales y defendió las decisiones financieras adoptadas durante su administración.
El exgobernador de Veracruz fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado. Desde entonces permanece recluido en un centro penitenciario de la Ciudad de México, y su liberación estaba prevista para abril de 2026, una vez cumplida la pena impuesta por un juez federal.
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Con la nueva vinculación a proceso por peculado, la situación jurídica de Duarte de Ochoa se complica y abre la posibilidad de que permanezca privado de la libertad más allá de la fecha originalmente estimada para su salida. En los próximos meses, el Ministerio Público federal deberá concluir la investigación complementaria y, en su caso, presentar acusación formal ante el juez, quien determinará si el caso avanza a juicio oral y, eventualmente, a una nueva sentencia condenatoria o absolutoria.
