La iniciativa presentada ante el Congreso del Estado busca tipificar la cohabitación forzada que involucre a menores de edad, estableciendo penas de 8 a 15 años de prisión, al considerar que estas uniones vulneran sus derechos.
Más de 5 mil menores de entre 10 y 19 años dieron a luz durante 2023 en Baja California; de ellas, 2 mil 100 casos se registraron en Tijuana. Parte de esta realidad, señaló la Red de Mujeres Unidas por Baja California, se relaciona con uniones tempranas y dinámicas de cohabitación entre adolescentes y personas adultas.
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Así lo expuso la organización al anunciar el impulso de una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada, al considerar que muchas de estas uniones se dan en condiciones que vulneran los derechos de niñas y adolescentes.
Vanessa García, presidenta de la red, señaló que la propuesta contempla una penalidad de entre 8 y 15 años de prisión para quienes estén involucrados en una unión forzada en la que una o ambas personas no tengan plena conciencia del compromiso que implica una relación o cohabitación.
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La organización explicó que la tipificación busca eliminar vacíos legales, ya que actualmente estos casos suelen investigarse bajo figuras como estupro, abuso sexual o trata de personas menores de edad.
“Hay una cifra negra en el tema de la cohabitación forzada porque desafortunadamente no está tipificado y no se visibiliza. Muchas veces la cohabitación forzada puede configurar otros delitos como el estupro, la violación, la trata o la privación ilegal”, indicaron.
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En ese sentido, las promoventes señalaron que, al tratarse de una práctica normalizada en algunos sectores de la población, la intención de la iniciativa es cuestionar esa normalización y evitar que se justifique bajo argumentos culturales, ya que, afirmaron, impacta en los derechos de las menores.
“Debemos dejar de justificar esto bajo el argumento de la costumbre o de la cultura. Es parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad, pero también del Estado. Al momento de establecer una reforma de ley, se deben incluir los artículos transitorios necesarios para instruir a las instituciones a prevenir, difundir y garantizar que esta práctica deje de normalizarse”, indicó García.
De acuerdo con Delia Ávila, integrante de la red, estos casos se presentan con mayor frecuencia en contextos de pobreza y vulnerabilidad. En Baja California, mencionó como ejemplo municipios como San Quintín, Ensenada y Tijuana.
Además, recordó que en 2020 el municipio de Tijuana se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional en número de mujeres de entre 12 y 17 años que vivían casadas o en unión libre, lo que, señaló, refleja la dimensión del problema en la región.
La red informó que la iniciativa, con más de ocho mil firmas por parte de la ciudadanía, fue presentada en octubre de 2025; hasta el momento no han recibido una actualización por parte del Congreso del Estado sobre su avance.
