El 5 de febrero de 2026, fuerzas federales localizaron al menos 10 campamentos clandestinos vinculados al crimen organizado durante los operativos de búsqueda de 10 trabajadores mineros desaparecidos en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa. La infraestructura fue detectada en comunidades de la sierra consideradas corredor estratégico entre Mazatlán, el Estado de Durango y la zona alta de Rosario, donde desde el 23 de enero de 2026 se mantiene un despliegue militar y de corporaciones civiles para encontrar a los empleados privados de la libertad en el campamento minero La Clementina.
Personal de la Cuarta Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó reconocimientos aéreos y terrestres en el poblado El Verde, donde aseguró mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico. El artefacto explosivo fue neutralizado y destruido en el lugar por especialistas de la Armada de México, en tanto que las municiones y el equipo táctico quedaron a disposición de autoridades ministeriales como indicios dentro de la investigación sobre la desaparición de los trabajadores mineros.
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En una segunda acción, desarrollada en la comunidad de Los Naranjos, también en Concordia, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron 10 campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada como puntos de descanso, vigilancia y control territorial en la sierra. En la región operan estructuras móviles con vigilancia armada, radios de comunicación, explosivos artesanales y barricadas improvisadas, que se emplean tanto para emboscar como para impedir el ingreso de autoridades federales a las zonas de difícil acceso.
El despliegue se originó a partir de la desaparición de 10 trabajadores vinculados al proyecto de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes fueron privados de la libertad el 23 de enero de 2026 en el campamento minero conocido como La Clementina, ubicado en la comunidad de Pánuco, en el municipio de Concordia. Ese día, un grupo armado irrumpió en el campamento y se llevó por la fuerza a ingenieros y personal técnico que realizaba labores para contratistas de Vizsla Silver, después de lo cual se perdió todo contacto con ellos y familiares presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
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Entre los desaparecidos se encuentra Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 23 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, quien trabajaba para la empresa CICAR S.A. de C.V. y se encontraba asignado a la zona como parte de los servicios vinculados al proyecto minero. Integrantes de organizaciones del sector minero han señalado que las víctimas forman parte de un grupo de especialistas y personal de apoyo integrado por ingenieros, geólogos y elementos de seguridad privada relacionados con actividades de exploración y operación en la sierra de Concordia.
La región serrana donde se efectúan los operativos es considerada desde hace años un área de disputa entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa, por el control de rutas de trasiego hacia Durango y el denominado Triángulo Dorado, así como por pistas clandestinas, extracción minera informal utilizada para lavado de recursos y refugio logístico de células armadas. En este contexto, los campamentos descubiertos funcionan como infraestructura para la operación del crimen organizado y refuerzan la hipótesis de que la desaparición de los trabajadores está ligada a dinámicas de violencia vinculadas a estructuras del narcotráfico en la sierra de Concordia.
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De forma paralela a las acciones de localización de campamentos, autoridades federales han reportado la detención de cuatro personas durante los operativos en Concordia, tres hombres y una mujer, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico, mientras se investiga su posible relación con la desaparición de los mineros. Los aseguramientos recientes se suman a cateos realizados en zonas de Concordia y Mazatlán, así como a la recolección de pertenencias de las víctimas, con el propósito de obtener indicios que permitan reconstruir el desplazamiento de los trabajadores y de sus captores después del secuestro en La Clementina.
El 5 de febrero de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que se intensificó la búsqueda por tierra de los ingenieros desaparecidos, con un operativo especial en el que participan fuerzas estatales y federales. Entrevistado en Querétaro, a su llegada al Teatro de la República para la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917, el mandatario estatal indicó que la Fiscalía de Sinaloa le reportó el despliegue de personal en campo para ingresar a la zona serrana de Concordia mediante células de inteligencia, elementos del Ejército y personal especializado.
Rocha detalló que, tras una etapa inicial centrada en labores de inteligencia y vigilancia aérea, las autoridades reforzaron la estrategia con recorridos directos en tierra en la región donde operan los proyectos mineros. El gobernador explicó que se echó a andar un operativo específico en Concordia, integrado por mil 190 elementos, entre fuerzas especiales, personal de la Guardia Nacional y del Ejército, apoyados por helicópteros y aeronaves que realizan sobrevuelos en zonas de difícil acceso de la sierra.
Hasta el 5 de febrero de 2026, familiares de los trabajadores continuaban sin recibir pruebas de vida ni comunicaciones de rescate, mientras las autoridades mantenían la búsqueda como una operación de localización de personas desaparecidas en un contexto de violencia criminal en el sur de Sinaloa. En respuesta a la presión de las familias y a pronunciamientos de organizaciones civiles, dependencias estatales y federales han reiterado que el operativo se mantendrá de manera indefinida hasta contar con información concluyente respecto al paradero de los 10 trabajadores.
En el mismo contexto de violencia en Sinaloa, el gobernador informó que ya existía al menos una persona detenida por la agresión con armas de fuego contra diputados locales de Movimiento Ciudadano registrada el 28 de enero de 2026 en Culiacán de Rosales, hecho en el que resultaron heridos Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda. Rocha señaló que uno de los legisladores seguía hospitalizado y programado para una segunda intervención quirúrgica, mientras que la otra diputada había sido dada de alta y continuaba su recuperación en su domicilio, en un caso que motivó condenas públicas y el reforzamiento de medidas de seguridad para representantes populares en la entidad.
Las autoridades prevén mantener el operativo en la Sierra de Concordia mientras no se cuente con información sólida sobre la ubicación de los 10 trabajadores desaparecidos y sobre la identidad de los responsables de su privación de la libertad. De manera paralela, dependencias de seguridad y justicia, estatales y federales, analizan los objetos asegurados, los campamentos desmantelados, las detenciones recientes y los indicios recabados en los cateos, con el propósito de fortalecer las líneas de investigación, determinar la participación de células criminales y establecer posibles rutas de traslado utilizadas en la región serrana de Sinaloa.
