El 3 de febrero de 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos países lograron “avances concretos” en la implementación del Tratado de Aguas de 1944, al formalizar un nuevo acuerdo que establece entregas anuales garantizadas de agua, un plan para atender compromisos pendientes y un esquema de coordinación mensual entre gobiernos.
Durante un mensaje emitido en la Ciudad de México, el diplomático señaló que, desde su llegada al país, la equidad en la asignación de recursos naturales ha sido una de sus principales prioridades y subrayó que el entendimiento actual se alcanzó trabajando de manera estrecha bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Johnson destacó que la cooperación entre los dos gobiernos permitió destrabar un desafío que permaneció pendiente durante varios años en la relación bilateral.
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El embajador sostuvo que el acuerdo fortalece la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 al fijar una cantidad mínima anual de agua que México entregará a Estados Unidos en la cuenca del río Bravo, acompañada de un plan detallado para saldar el adeudo acumulado en el ciclo quinquenal anterior. El esquema contempla reuniones mensuales entre autoridades técnicas y diplomáticas de ambos países con el propósito de supervisar el cumplimiento de las entregas y prevenir nuevos déficits en los próximos años.
Johnson afirmó que el resultado de la negociación muestra de manera inequívoca que el compromiso conjunto y la colaboración sostenida entre Estados Unidos y México permiten alcanzar soluciones duraderas y equilibradas en materia hídrica. El embajador añadió que la coordinación actual está generando resultados en todos los frentes de la agenda bilateral, desde la seguridad fronteriza y la gestión de aguas residuales hasta la administración del agua para productores agrícolas a ambos lados de la frontera.
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En paralelo a las declaraciones del diplomático, el Gobierno de México informó que el plan técnico en la cuenca del río Bravo se diseñó con la prioridad de garantizar el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria en territorio nacional, en un contexto de sequía extrema que ha afectado a comunidades y productores en la franja fronteriza. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua señalaron que el nuevo entendimiento permitirá avanzar hacia una planeación más previsible y una gestión ordenada del recurso hídrico de largo plazo.
Las definiciones alcanzadas ocurren después de un periodo de tensiones por el adeudo de agua correspondiente al ciclo 2020-2025 y de presiones de autoridades estadounidenses para asegurar el suministro a agricultores de Texas. Mientras en el plano bilateral el acuerdo busca dar certidumbre a los usuarios de la cuenca del río Bravo, en el ámbito interno mexicano continúan los debates respecto al impacto de los pagos de agua en estados como Tamaulipas y Nuevo León, así como las demandas de organizaciones agrícolas para que se garantice primero el abasto para el consumo humano y la producción nacional.
