El Ejército de Estados Unidos utilizó un arma láser para derribar un dron operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 26 de febrero de 2026, en una acción que motivó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a cerrar el espacio aéreo en los alrededores de Fort Hancock, Texas, en la zona fronteriza con México. El incidente se sumó a una serie de perturbaciones aéreas en la región que desde el 10 de febrero de 2026 han generado tensión entre agencias federales, legisladores y autoridades locales respecto al manejo militar de drones de cárteles mexicanos en la frontera.
El episodio del 26 de febrero marcó la segunda ocasión en dos semanas en que se activó un sistema láser antidrones en esa región. El primero se registró el 10 de febrero de 2026, cuando la CBP desplegó un láser antidrones cerca de Fort Bliss —a unos 80 kilómetros al noroeste de Fort Hancock— sin coordinarse con la FAA. Ese disparo no alcanzó ningún objetivo, pero desencadenó consecuencias de mayor alcance: la FAA emitió un aviso de restricción temporal que cerró el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, a partir de las 23:30 horas tiempo de montaña del 10 de febrero, con una vigencia prevista de 10 días —hasta el 20 de febrero del mismo mes y año— y abarcando un radio de 10 millas náuticas, desde la superficie hasta una altitud de 17 mil 999 pies, sin incluir el espacio aéreo mexicano. La medida también alcanzó la zona de Santa Teresa, Nuevo México.
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La restricción fue revertida al día siguiente. El 11 de febrero de 2026, la FAA informó que había levantado el cierre temporal y que no existía amenaza para la aviación comercial, por lo que todos los vuelos se reanudarían con normalidad. El Aeropuerto Internacional de El Paso reconoció que la orden federal se emitió con escasa antelación y que todos los vuelos habían permanecido en tierra desde la noche anterior, instando a los pasajeros a contactar a sus aerolíneas. Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines Holdings y American Airlines suspendieron temporalmente sus operaciones en la terminal, que registró aproximadamente 3.49 millones de usuarios en los primeros 11 meses de 2025.
La Casa Blanca atribuyó la decisión original de cierre a la incursión de drones pertenecientes a un cártel mexicano en el espacio aéreo estadounidense y a una operación militar del Departamento de Defensa en la zona de Fort Bliss. Medios de EE.UU. indicaron, con base en fuentes informadas, que el cierre respondió a pruebas de sistemas de contramedidas contra drones —incluyendo tecnología láser— en instalaciones de Fort Bliss y del aeródromo militar Biggs Army Airfield, en zonas adyacentes a las rutas de vuelo civiles. La clasificación del espacio aéreo como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional” facultó a las autoridades para advertir que las aeronaves que violaran las restricciones podrían ser interceptadas, sus pilotos detenidos y sometidos a investigación, y que el Gobierno de EE.UU. podría emplear fuerza letal si un aparato representaba una amenaza de seguridad inminente.
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El Ayuntamiento de El Paso, Texas, reaccionó con sorpresa y malestar. La congresista demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye la ciudad, calificó la decisión como “sin precedentes” y subrayó que la información recabada por su oficina indicaba que no existía una amenaza inmediata para la población. El concejal Chris Canales señaló que ninguna autoridad local fue notificada de antemano y que no se hicieron excepciones ni siquiera para vuelos militares durante la vigencia del aviso inicial. El alcalde Renard Johnson manifestó que la restricción afectaría la economía regional y, tras el levantamiento del cierre, declaró que la suspensión de 10 días “nunca debió haber ocurrido”.
En el nuevo incidente del 26 de febrero, el cierre resultante fue de menor magnitud que el de febrero y los vuelos comerciales no se vieron afectados. No obstante, el representante estadounidense Rick Larsen y otros dos legisladores demócratas de alto rango de los comités de Transporte e Infraestructura y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes expresaron su rechazo al recibir la notificación oficial. “Estamos furiosos con la noticia”, declararon en un comunicado conjunto, en el que criticaron a la administración del presidente Donald Trump por eludir un proyecto de ley bipartidista orientado a capacitar a operadores de drones y mejorar la comunicación entre el Pentágono, la FAA y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). “Ahora estamos viendo el resultado de su incompetencia”, añadieron. La senadora demócrata Tammy Duckworth, miembro de mayor rango del Subcomité de Aviación del Senado, exigió investigaciones independientes: “La incompetencia de la administración Trump sigue causando caos en nuestros cielos”, afirmó.
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Sean Duffy, titular del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), sostuvo que el cierre del espacio aéreo en El Paso no constituyó un error de la FAA y descartó que un problema de comunicación hubiera provocado los inconvenientes registrados en el primer episodio. Los Departamentos de Defensa y Transporte remitieron las preguntas adicionales a la FAA, que emitió un breve comunicado confirmando la ampliación del cierre del espacio aéreo en los alrededores de Fort Hancock. La CBP no respondió de inmediato a las solicitudes de información.
Los incidentes ocurrieron en un contexto de creciente preocupación bilateral por el uso de drones en la frontera sur de EE.UU. Desde febrero de 2022, autoridades estadounidenses detectaron más de 155 mil vuelos de drones procedentes de territorio mexicano, empleados por organizaciones criminales para vigilar operaciones de la Patrulla Fronteriza, coordinar cruces de personas y contrabando de drogas, e incluso transportar cargamentos de narcóticos en sectores como Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han incrementado el uso de drones modificados con explosivos en diversas regiones de México. Según datos del DSN, se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur durante el segundo semestre de 2024, y se estima que más de 1.7 millones de drones están registrados en vuelo en el país, cifra que continúa en aumento.
En este marco, el 16 de diciembre de 2025, los Gobiernos de México y EE.UU. acordaron un mecanismo de interconexión de inteligencia para combatir los llamados “narcodrones” en la frontera, durante una reunión del Grupo de Implementación de Seguridad celebrada el 11 de diciembre del mismo mes y año. Las autoridades de seguridad de ambos países establecieron protocolos para compartir en tiempo real datos sobre vuelos de drones sospechosos y coordinar respuestas conjuntas. La falta de información pública detallada sobre la naturaleza de las amenazas que motivaron los cierres de espacio aéreo, combinada con las discrepancias en la coordinación interinstitucional evidenciadas en ambos episodios, anticipan nuevas solicitudes de información de legisladores y gobiernos locales respecto a la aplicación de ese acuerdo bilateral en futuros incidentes en la región fronteriza.
